lunes, 7 de junio de 2010

Capítulo 1. Antecedentes (¡23 cuartillas!)

En este primer capítulo se analiza el desarrollo de la clase media, en términos de participación y agenda política a partir del surgimiento del Partido Demócrata Cristiano y de manera particular durante el periodo presidencial de Eduardo Frei Montalva, periodo en el que podemos hablar de un empoderamiento de la misma.

Si bien el concepto de empoderamiento (empowerment) tiene una naturaleza polisémica hay un componente básico que es el del fortalecimiento de las capacidades existentes de un grupo determinado para alcanzar una impronta en las situaciones socio-económicas que las afecta, en el caso de la clase media chilena, tenemos un conjunto social heterogéneo que a través de una actuación más protagonista en la arena de la política (politización).

De manera específica, el periodo que precede la presidencia de Salvador Allende Gossens y, por ende, el golpe de Estado de 1973 es clave para la conformación de una clase media participativa, politizada que enfrentaría el largo y oscuro periodo de la dictadura y que conduciría el proceso político de transición democrática.

En este contexto, Eduardo Frei Montalva arribó a la Presidencia impulsado por el Partido Democracia Cristiana que él mismo contribuyó a fundar. Podemos decir que la aceptación de la clase media chilena hacia el liderazgo de Frei Montalva se debió a sus orígenes sociales, que le vinculaban con una familia provinciana perteneciente a este sector de la sociedad chilena, en la que se mezclaban las influencias de un inmigrante suizo reciente y una típica descendiente de las familias españolas de mediano rango, de mentalidad católica y tradicional.

“Cabía resaltar en Frei su capacidad para expresar la presencia ascendente de
las capas medias en la política chilena y la disposición de estos grupos para
ser la fuerza hegemónica de una alianza con sectores populares dispuestos a
actuar bajo su dirección. [Frei Montalva encarnó] tanto la tradición
aristocrática de los partidos tradicionales, como el espíritu obrerista de las
fuerzas de izquierda.”1

También influyeron su trayectoria académica, política y profesional; su formación en colegios católicos y en la Universidad Católica de Chile, la profesión que eligió (derecho) y la forma en que manejó y encaró sus primeros años de vida profesional, por ejemplo, al inicio de su carrera Frei entrelazó la abogacía con el periodismo en la norteña ciudad de Iquique.

El ex presidente encarnó la vereda recorrida por la mayoría de los intelectuales de las capas medias chilenas, quienes aspiraban a construir un espacio político que superara, no sólo en Chile, la posición de la fuerza que éstas adquirieron a nivel mundial durante la primera etapa de la Guerra Fría.

Además, Frei se destacó por su pragmatismo en la política, donde guardó alianzas estratégicas con sus contemporáneos más influyentes, a pesar de que para entonces, todavía no alcanzaban los puestos que los colocarían en la historia universal como íconos del siglo XX. Frei logró una visión prospectiva a mediano plazo que le permitió predecir el rumbo de la política y el orden mundial. Entre sus aciertos está el haber mantenido contacto con personajes como John F. Kennedy y Hubert Humphrey, cuando todavía eran senadores de Estados Unidos.

Al igual que muchos demócratas cristianos chilenos, fue reconocido en el sector académico y recibió numerosas invitaciones honoríficas en instituciones de Estados Unidos. En estos mismos centros de pensamiento sembró las bases y las relaciones necesarias para que “sus muchachos”, los Chicago boys2, pudieran colocarse en un lugar privilegiado al realizar sus estudios de posgrado en reconocidos centros de educación superior estadounidenses, principalmente la Universidad de Chicago3, a la cual deben su mote, aunque también asistieron a Yale y Harvard.

En medio de un proceso electoral bastante cerrado, planteó una campaña que logró captar el apoyo de las clases medias, lo que se sumó al apoyo de los grupos de derecha que decidieron apoyarlo para impedir el arribo de Allende a la presidencia.

Los intereses económicos, sobre todo de algunas empresas estadounidenses y británicas en los sectores mineros, agroexportadoras y de comunicaciones, contribuyeron a la desinformación y el encono que reflejaría en una polarización social que en uno de los bandos contaba con los principales capitales nacionales y corporativos, aquellos que habían controlado las riquezas nacionales y que veían amenazados sus intereses personales bajo el modelo que los socialistas proponían.

Sin embargo, la capacidad intelectual de Frei Montalva y la agenda demócrata cristiana no fueron suficientes para cumplir las crecientes demandas de los distintos sectores sociales, fortalecidos a raíz de las políticas desarrollistas que caracterizaron a América Latina en estos años.

Entre sus principales acciones de gobierno, destacan medidas que tenían como fundamento la redistribución del ingreso en Chile. En parte por la agenda propia de gobierno pero también debido al ascenso de la izquierda socialista. En este rubro se encuentra la creación del programa “Promoción Social” en el que se otorgaban recursos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad para incrementar su calidad de vida: mejorar la alimentación de los más pobres, otorgar desayunos escolares, y promover la mejora o construcción de caminos y escuelas.

En el plano de las políticas hacia la organización social se promovió la creación y el fortalecimiento de las “Juntas de Vecinos”, por medio de las cuales, se intentó involucrar a la gente a la política. Esta medida fue una de sus políticas fallidas, debido a que la agenda del Partido Demócrata Cristiano planteaba un esquema clientilista, de acuerdo con estas asociaciones, limitándolas a su participación en el ámbito electoral, sin embargo menospreció la capacidad política de estos grupos que pugnaron por mayores capacidades en el plano de la definición e implementación de las políticas públicas, más que en considerarse simples grupos de presión política. La izquierda socialista aprovecharía estos espacios y serían uno de sus mayores apoyos en los años siguientes.

Destaca, también, la continuidad de la Reforma Agraria que comenzara su antecesor Jorge Alessandri (1958-1964), proyecto que se presentaba como uno de los más ambiciosos de su gobierno y que, de manera paradójica, significó una de las principales razones para la pérdida de votos en las elecciones de 1970, principalmente debido a que Frei repartió menos de la mitad de las tierras comunales que se proponía.4

Así que, desde la Reforma Agraria, en la que aseguró que, para el final de su mandato, distribuiría tierras a los campesinos, debido a la oposición de los grandes terratenientes, las políticas clientelares hacia las juntas de vecinos y su falta de contundencia en cuanto a los inversionistas extranjeros del sector minero, la administración de Frei se caracterizó por un proceso incontrolable de polarización social, reflejada en las elecciones legislativas de 1969. Su gestión no logró que su partido repitiera el triunfo de 1964. Al mismo tiempo, y de manera involuntaria, posicionó a Allende y a la izquierda como la opción para resolver los problemas pendientes de Chile.

“The March 1969 congressional elections had been basically a popularity test for
Christian Democracy after four years in government. Besieged by a left that was
not satisfied with the social economic reforms and an estranged right that
feared more structural changes”.5


La mayor prueba de la falta de confianza en la Democracia Cristiana, en cuanto a la satisfacción de las expectativas de la población, terminó en una avasalladora caída en el voto en tan sólo cinco años en el poder. Frei llegó a la presidencia con 43.6 por ciento del voto nacional en 1964; para las elecciones legislativas de 1969, esta cifra bajó más de 10 puntos, otorgando a su plataforma el 31 por ciento de los votos a nivel nacional.6

En este punto, grupos conservadores, sectores oligárquicos, militares, y sobre todo, el proyecto económico de libre mercado liderado por los Chicago boys se enfrentaría, en medio de la Guerra Fría, a la clase trabajadora, parte del estudiantado, y movimientos sociales que respaldaban el proyecto de Allende.

Por otro lado, la Unidad Popular constituía una alianza de partidos representativos de la clase obrera (tabla 1, en anexos), el campesinado, grupos populares urbanos, así como células de la sociedad civil de grupos progresistas minoritarios. Sin embargo, se mantenía una alianza que vinculaba el funcionamiento de masas trabajadoras organizadas con los partidos socialista y comunista. Además, destaca el papel del sector minero y primario industrial tanto por su dimensión numeral como por lo estratégico de estos sectores para la economía nacional.

Para 1970, Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile precedido por una campaña por demás polémica, como reflejo de la situación que vivía Chile en esos momentos. Las cifras finales son un indicador de lo cerrada que fue la elección en ellas se muestra que la Unidad Popular, abanderada por Allende, obtuvo 36.2% de los votos, seguido por el Partido Nacional, de Alejandro Alessandri Rodríguez, con 34.9 puntos, y la Democracia Cristiana de Rodomiro Tomic, con 27.8.7

Principalmente, fue el Programa de la Unidad Popular, plan de gobierno planteado por la alianza de izquierda, que lo llevó a lograr el apoyo de las clases bajas y medias. Este programa estaba basado en la profundización de la democracia, esto es, se basaba en trabajar por un nuevo orden institucional que tuviera como objetivo el orden socialista en chile: “La vía chilena al socialismo”.

A pesar de la oposición de la derecha y las élites económicas de Chile, Salvador Allende llegó al poder sin la mayoría en la provincia de Valparaíso (de alta densidad poblacional) ni en el área metropolitana de Santiago. Así mismo, no contó con el voto mayoritario de las mujeres a nivel nacional8, quienes conformaban el 51 por ciento del total del electorado nacional.

“En verdad el impacto del Frente Popular resultó decisivo en la evaluación
política chilena: el inicio de la industrialización alteró la estructura de
clase ampliando el papel de los trabajadores urbanos y aceleró el proceso de
modernización y urbanización, constituyendo a la liquidación de los núcleos de
poder latifundistas. (…) [Al respecto, es importante destacar que aunque el
proyecto populista de principios de los años cincuenta de Carlos Ibáñez del
Campo (1952-1958) falló], éste da cuenta de muchos factores de agotamiento del
sistema político chileno y prefigura las limitaciones de un programa reformista
que, posteriormente, la Democracia Cristiana probaría en toda su intensidad”9.


La victoria electoral de Allende se debió en parte a la creciente participación política de las clases media y trabajadora. Paradójicamente, el proyecto de promoción organizativa en los barrios había demostrado cierto hartazgo de la población por el tradicional sistema de partidos y su intención de buscar en la organización microsocial la respuesta a los problemas sociales, y por otra parte, al incumplimiento de las promesas de su antecesor, más que a una alineación y a un convencimiento por parte de la sociedad hacia la izquierda.

Durante su administración (1970-1973), Allende intentó compensar las carencias y crecientes demandas del pueblo chileno. Sin embargo, las expectativas eran altas, lo que hacía parecer todo esfuerzo insuficiente. Además, muchos de estos esfuerzos lo enfrentaban directamente con las clases propietarias, por ejemplo, en el sector agrícola:

“La ley agraria estipulaba que los propietarios podían reivindicar una parte de su finca: este 'derecho de reserva' cubría a lo máximo 80 hectáreas de regadío. De este modo, de una superficie de 150 hectáreas, 40 o 50 hectáreas irrigadas se dejaban al patrón, y el resto era entregado a los trabajadores agrícolas, y era muy raro que la reserva alcanzara efectivamente las 80 hectáreas.”10

A partir de este hecho, se podía anticipar el descontento de cualquier propietario al verse obligado a entregar más de la mitad de sus tierras. Sin embargo, la medida tenía un trasfondo en el programa de gobierno de la Unidad Popular y la vía chilena al socialismo.

La reforma agraria perseguía 5 objetivos principales: a) un cambio rápido en el sistema de tenencia de la tierra, eliminando los latifundios y estimulando la creación de cooperativas y otras formas socialistas de producción agrícola; b) un cambio en las relaciones entre la agricultura y el resto de la economía, aumentando la producción y la productividad y eliminando el desempleo rural, mientras se mejoraban los ingresos agrícolas en relación con los demás sectores; c) el estímulo a la participación democrática del campesinado a todos los niveles de la toma de decisiones mediante consejos campesinos y otras organizaciones; d) la planificación y reorientación de la producción agrícola para utilizar mejor alas ventajas económicas y naturales de las principales regiones geográficas del país; y e) la eliminación del atraso y el aislamiento de los grupos rurales más pobres, tales como los comuneros del norte chivo y los mapuche.11

En otros sectores, como el minero, el enfrentamiento con los propietarios no fue tan drástico, si bien no se repartieron los yacimientos entre los obreros, las políticas de apoyo a este sector (reformas para que los trabajadores gozaran de mayores beneficios y se expandieran los derechos laborales) significaron serias reducciones en las tasas de ganancias para las clases propietarias.

Pero, sobre todo, debemos resaltar que el enfrentamiento político principal era con las corporaciones extranjeras. En un breve plazo, nacionalizó industrias básicas, sin indemnización de por medio, extendió las libertades y derechos democráticos, e incorporó a Chile al grupo de naciones “no alineadas” enfocando sus esfuerzos en la lucha solidaria contra el retraso y la dependencia económica y política.

En este sentido, la nacionalización de la industria extractiva del cobre, hierro y salitre las que suscitaron mayor escozor entre los capitales foráneos. El 16 de julio de 1971, se aprobó la Ley 17450, reforma constitucional de Salvador Allende para proceder a la nacionalización de las empresas mineras del cobre y de la Compañía Minera Andina.

“No sólo había inflación de más de 300% en un mes, también había un déficit
fiscal enorme, al punto que los ingresos a penas financiaban el 47% de los
gastos totales del fisco. El aparato productivo estaba desquiciado por un
conjunto de factores económicos, políticos y sociales. Entre los primeros, cabe
señalar el déficit de empresas estatizadas bajo el gobierno de Allende equivalía
a 1.5 veces la cantidad de dinero existente en la economía en diciembre de
1972.”12


El problema fue que el gobierno de Allende no logró consenso, o ejercer su poder político por sobre el de los grupos afectados, que contaron con el apoyo de las oligarquías, el sector militar, la ayuda extranjera y parte de la clase media.

Los grupos dominantes de los principales sectores económicos en Chile, principalmente terratenientes (oligarquías nacionales) y corporaciones mineras (transnacionales extranjeras) resultaron afectados por las reformas y los planes de gobierno; aunque habría que resaltar que su programa político buscaba la reconciliación de la sociedad chilena por medio de la justicia social y pretendía compensar la marginación heredada desde tiempos de la independencia, más de un siglo atrás, lo cual, en palabras de Brian Loveman, fue la herencia del capitalismo español implantado durante la Colonia y seguido por la independencia de la región.13

A partir de los primeros meses de gobierno de Allende, varios empresarios buscaron provocar el caos económico y la sensación de que existía una profunda ingobernabilidad y falta de rumbo en el país a través de medidas como la reducción de los niveles de producción o el despido de trabajadores sin justificación, el cierre de fábricas o sacaron sus capitales del país.

La oposición al gobierno de Allende era de 62%14, cifra que en parte se explica por la situación económica de su administración, caracterizados por las huelgas de las minas de cobre y salitre, así como la furia de latifundistas, empresarios, e inversionistas extranjeros, quienes, junto con sus gobiernos (principalmente Estados Unidos), llevaron a cabo los acuerdos necesarios con la Junta, que encaminarían al golpe de Estado realizado el 11 de septiembre de 1973.

Para principios del último año en que gobernó Allende, su presidencia había afectado a más del 30% de la industria manufacturera y más de la mitad del conjunto de la producción minero-industrial, incluyendo, además de las empresas mixtas de la minería del cobre, la Compañía Chilena de Electricidad y de la Compañía de Teléfonos de Chile, antes filial de la International Telephone and Telegraph (ITT). Asimismo, 90% del crédito estaba bajo el control público, por intermedio de la Banca nacionalizada y el Banco Central de Chile.15

En cuanto a la cuestión política, autores como Brian Loveman señalan que el fracaso de Allende se debió principalmente a las “malas políticas”:

“Whatever the full extend of US complicity in the tragedy of September 11th,
1973, and whatever the impact on international economics, the most critical
factor of all the failure on Allende's administration was bad politics. Bad
politics—the spouting of revolutionary rhetoric without the force to impose a
revolutionary program—produced a politico-economic crisis. Bad politics
prevented coalitions and compromise with the Christian Democrats, the small
shopkeepers, the truckers, the beneficiaries of the Frei agrarian reform—in
short with all the elements of the middle strata, working class and peasantry
who had nothing to loose and much to gain by an attack on economic monopolies
and foreign corporations. (...) [Allende also failed] by pursuing an illusion
that threatened the livehood of broad sectors of the population.”16


En cuanto a la oposición política, el actor principal fue el PDC, que durante el gobierno de Allende tuvo un papel opositor por demás activo, que podemos dividir en tres etapas: oposición constructiva, oposición constitucional y elecciones parlamentarias (marzo de 1973).

La primera, como su nombre lo indica, correspondió a un proceso de construcción, planeación y formulación de una oposición fuerte, pero sobre todo efectiva, que le permitiera al partido regresar al poder de manera legal. Se precisaba de un desequilibrio suficientemente grande para sacar a Allende de la presidencia y, al mismo tiempo, controlable para el partido.

“Cuando ‘oportunamente’ la Junta de Gobierno haya entregado ‘el poder político a
quienes el pueblo elija… las Fuerzas Armadas y de orden asumirán, entonces, el
papel de participación específicamente institucional que la nueva constitución
les asigne, y que será el que debe corresponder a los encargados de velar por la
Seguridad Nacional’. (…) Los dos textos que mejor expresan la ideología invocada
por el gobierno al asumir el poder son el Bando No. 5 y el Decreto de Ley No. 1
que constituye la Junta Militar. Ellos señalan las razones invocadas por los
militares para arrogase 'el deber moral que la Patria les impone de destituir al
gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad
flagrante'”.17


1.2. El golpe de Estado y la dictadura

Después de la victoria de Allende, en 1970, los sectores políticos más reaccionarios unidos a altos mandos de las fuerzas armadas prepararon un plan para evitar que asumiera como presidente. Se trató de hacer imposible su proclamación por el Congreso o desencadenar el golpe a través de una intensa campaña mediática, que advertía los peligros de la llegada de un gobierno “marxista”. Este intento, fracasó finalmente, principalmente ante la posición del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, lo que finalmente le costaría la vida.

Finalmente, después de tres años y ante el fracaso de cada uno de los intentos por desestabilizar a la sociedad chilena, la cúpula militar, apoyada por la CIA, y la oligarquía nacional decidieron poner fin al gobierno democrático de Salvador Allende. Además del apoyo de Washington, canalizado a través de la CIA, países europeos, como Francia e Inglaterra, participaron directa e indirectamente en el golpe.

En este sentido, la Administración Internacional para el Desarrollo (AID), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BIRD), disminuyeron progresiva y rapidamente los préstamos hasta desaparecerlos.

El 11 de septiembre de 1973 el orden constitucional chileno se rompió, las contradicciones y la polarización política llegó a un punto de quiebre y se lanzó un ataque fulminante contra el Palacio de la Moneda. Ese día, Allende llegó a las 7:30 la sede presidencial, listo a defender su gobierno. Sin embargo, dos horas más tarde, la fuerza aérea lanzó un ataque a estaciones de radio y canales de televisión sumiendo a la población en la total incertidumbre. Poco después, el recinto fue bombardeado. Para las 13:00, Allende se había suicidado.18

La primera acción de los golpistas fue el Decreto de Ley No. 1, principal justificación jurídica del golpe y documento que legitimaba a la Junta como gobierno constitucional de Chile. El gobierno que ahí se decretaba se conformó en un primer momento por el general Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército; el Almirante José T. Merino Castro, Comandante en jefe de la Armada; el General Gustavo Leigh Guzmán, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; y el General Cesar Mendoza Duran, Director General de Carabineros.

Esta dictadura prevaleció 17 años sostenida, en sus primeros años, por políticas represivas que a su vez garantizaron la inexistencia de una oposición a éstas y al libre mercado, impulsado e implandado gracias a los Chicago boys, grupo en el que destacan nombres como Jaime Guzmán, Álvaro Bardón, Sergio de Castro, Pablo Barahona, y Ernesto Fontaine.


1.2.1. La política económica del régimen

La economía fue la razón de ser de la dictadura. En un principio, la justificación eran los errores económicos de la política económica de Allende, defendiendo el dogma del libre mercado. En este lapso se enfatizó la defensa de los intereses económicos de la industria del salitre y el cobre, la posibilidad de perder el flujo de ganancias hacia las matrices de las empresas mineras extranjeras. En este contexto, también, se defendió la integridad de las enormes propiedades de los terratenientes y los esquemas cuasi esclavistas de trabajo de la tierra.

La dictadura se dividió en cuatro grandes etapas económicas: la reconstrucción de la economía, de 1973 a 1976; el “milagro chileno”, de 1977 a 1981; la crisis, de 1982 a 1986; y, finalmente, la reestabilización (de 1986 a 1989). Esta división es importante, ya que van de la mano de los procesos más significativos de la oposición.

En la primera etapa, el ejército tomó fábricas y universidades por la “caravana de la muerte”, escuadrón militar que recorrió el territorio chileno con la orden específica de eliminar a lideres obreros, estudiantiles y cabecillas del partido comunista, llevando la represión al interior del país19, desarticulando toda forma organizativa, que en la perspectiva económica, reprimía la realización y la libertad del individuo.

Durante estos años, la Junta decretó las primeras privatizaciones, se permitieron nuevas y avanzadas formas de especulación financiera, se abatieron las barreras arancelarias y se recortó el gasto público 10% (a excepción del gasto militar, que aumentó). Asimismo, se eliminó el control de precios en un país que se caracterizaba por su regulación férrea en productos de primera necesidad, como el pan y el aceite.

La segunda etapa fue conocida por los librecambistas como el milagro chileno, donde la dictadura pareció erradicar a la oposición y, por primera vez, se gozaba de una cierta legitimidad, entre los chilenos, quienes se empezaban a recuperar de los golpes económicos de recorte al gasto, y a encontrar mayores entradas de recursos en sus hogares. La golpeada clase media inició un lento periodo de recuperación que sería a la postre cuestión fundamental de reorganización de la sociedad civil.

Entre 1982 y 1986, cuando los efectos de una crisis económica generalizada se volvieron a sentir en América Latina, comenzaron las primeras protestas masivas en las calles de Santiago, conocidas como “cacerolazos”, así como los primeros llamados a huelga desde el golpe, prohibidas por la Constitución de 1980 20.

“las protestas, cuando la ciudad de Santiago y algunas de provincias, especialmente en los barrios pertenecientes a la clase media y media alta, fue estremecida por un ruido ensordecedor de cacerolas y bocinas de automóviles que expresaban malestar contra el gobierno”21.



Los cacerolazos de 1983 surgieron de manera simultánea a la crisis de principios de los 80 que azotó a la región, y destruyó su economía. “En 1982, el producto nacional cayó 14,7 por ciento y la cesantía superó el 25 por ciento de la fuerza de trabajo. (…) A su vez, la crisis del sector financiero cobró una dinámica que daba vértigo”.22


En la última fase económico de la dictadura, la reestabilización, la sociedad volvió a sentir estabilidad económica bajo la tutela de Hernán Büchi, líder de los Chicago boys, Ministro de Economía de 1986 a 1989 y abanderado del oficialismo en los comicios de 1990. Para entonces, el régimen comenzaba a perder simpatía entre las potencias que, si bien no le apoyaban políticamente, se veían inmersos en un proceso de reestructuración política que pujaba por la democratización de Europa del Este, por ejemplo, hecho que era incompatible con un apoyo a regímenes como el de Pinochet.


Entre 1987 y 1990, se inicio el periodo de transición, razón de ese estudio, coincidente con Además, el declive del comunismo, representado con la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989.

1.2.2. Oposición y debacle del gobierno dictatorial

A su llegada, el gobierno militar eliminó la oposición que cuestionaría la legitimidad del régimen. En este sentido, el detractor más fuerte del régimen, el Partido Democracia Cristiana fue debilitado, pese a que la mayoría de los militantes apoyó el golpe esperando que fuese en la transición que prometió la Junta donde se les recompensara por su lealtad.

Una fracción de esta agrupación política intentó trabajar con la derecha y el ejército proveyendo sus bases, el voto duro de sus más fieles y constantes militantes; “aportó masas y el trabajo de agitación que hicieron posible el golpe de estado que acabó con la democracia liberal chilena”.23

Aunque el PDC colaboró con el golpe de Estado liderado por Pinochet, al cabo de tres meses, después de más de 2 mil desaparecidos, el partido decidió deslindarse de la Junta Militar y declarar su desacuerdo ante la ola de violaciones a los derechos humanos.

La Junta, argumentando “tiempos de guerra”, violó los artículos de la Constitución de 1925, la cual aún regía en Chile. Las relaciones entre el régimen y la Democracia Cristiana (DC) se deterioraron conforme se fue minimizando la participación del partido en las toma de decisiones.

A partir 1974, la Democracia Cristiana se convirtió oficialmente en oposición con todas las restricciones que el contexto imponía a los “traidores”: persecución, asedio, minimización de cualquier actividad y expresión política, así como social. Dentro de este grupo se encontraba la Iglesia católica. En conjunto con la anterior, se crearon el Comité Pro-Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Ambas tenían como objetivos principales la asistencia social y la asesoría religiosa y, en algunos casos, jurídica a personas con escasos recursos y familias de desaparecidos.

En diciembre del mismo año este agravamiento llegó a su límite cuando “The Junta exiled Renán Fuente Alba—senator in recess and ex president of the Christian Democratic Party—for publicly declaring that the Junta violated, and was still violating international recognized human rights”.24

A partir de este momento, el Partido Democracia Cristiana pasó de ser un pasivo testigo a un persistente crítico del régimen. Bastó un par de observaciones negativas para que la Junta Militar vetara al partido, al igual que al resto de la oposición, dentro y fuera de territorio chileno.

“En Massachussets Avenue, Washington DC, el automóvil en que viajaba Orlando
Letelier, ex Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende,
y su ayudante norteamericana Ronni Moffit, estalló a consecuencia de un atentado
terrorista con una bomba de alto poder colocada en el vehículo. Víctimas del
crimen fallecieron Letelier y Moffit.”25



No fue hasta 1980, que la Democracia Cristiana y otros grupos contrarios al régimen, volvieron a salir a la luz. Durante este año, se llevó a cabo el plebiscito en el que se consultó a la población su opinión sobre la adopción de una nueva constitución que legalizaría y consolidaría la supremacía y el poderío de la Junta Militar. Este prolongaría la estancia de Augusto Pinochet (por lo menos ocho años) a la cabeza de Chile.

A pesar del terrorismo de Estado, unos años después se sufrieron las coyunturas políticas y los cambios en el contexto internacional26 que determinarían el regreso de la sociedad civil chilena a las calles, en señal de protesta. Su reaparición sentó las bases que obligaron a la Junta a ceder ante la presión y las demandas de democracia y respeto a los derechos humanos de la sociedad, para finalmente organizar el plebiscito de 1988 en el que se preguntaba a los chilenos si querían o no que la Junta siguiese gobernando el país otros ocho años.

Sin embargo, se debe dejar claro que la transición no comenzó el 5 de octubre de 1988, día del plebiscito, cuando los chilenos gritaron “No” a través de las urnas ante la pregunta “¿quiere usted que el General Augusto Pinochet se quede ocho años más en el poder?”27 Este proceso inició desde la primera vez que los chilenos se lanzaron a las calles de los barrios clasemedieros a encarar al régimen.

Todo esto se combinó con un cambio en el papel que de apoyo a la dictadura que habían tenido desde el golpe Estados Unidos de manera tácita, pero también las naciones europeas. A pesar de las condenas en foros internacionales, ninguna cortó lazos comerciales con el país sudamericano y peor aún, durante los primeros meses del golpe, al contrario de países como México (cuya labor humanitaria hacia las víctimas de los peores meses de represión es aún reconocida entre los chilenos), no hicieron nada para rescatar a los perseguidos políticos. Con su silencio contribuyeron al establecimiento del régimen.


Después del plebiscito de 1980, a medida que los avanzaban, el Partido Comunista se radicalizó y lanzó consignas de todas las formas de lucha. Durante esos años, y a pesar de la renuencia del régimen a aceptarlo, existía una inestabilidad generalizada en el país, no sólo en el sentir de la gente con respecto a la política, igualmente en la economía.

Se declaró estado de sitio en todo Chile, y se prorrogó, salvo breves períodos, hasta 198728, lo que significó la sustracción de la justicia ordinaria y el traspaso a jurisdicción militar de tiempo de guerra; el conocimiento y decisión de las causas por infracción a las normas del estado de sitio.

En tanto, el acceso a la educación tuvo un aumento numéricamente considerable, pero los chilenos tenían un limitado acceso a la información. Se prohibía la entrada de libros y señales de televisión “peligrosas” ya que se podría inducir al comunismo a la población y hacer de cada chileno el enemigo interno que todos evitaban y a la vez, buscaban delatar. Unos de los sectores más vulnerables fueron los jóvenes.

“al menos 80 niños de 15 años o menores murieron a consecuencia de represión
violenta o de disparos directos. Jóvenes de entre 16 y 30 años representan más
del 62% de las víctimas de la represión. Al menos 68 menores de edad y jóvenes
figuran entre los desaparecidos. Al menos 691 niños quedaron huérfanos cuando
sus padres fueron detenidos y posteriormente desaparecidos. Un 24% de los
desaparecidos fueron aprehendidos en la calle y un 28.5% fueron sacados de sus
propias viviendas.”29




1.3. El Contexto Internacional


En América Latina, la Democracia Cristiana tuvo mayor incidencia a partir de la década de 1990 ya que primero se gestó en Europa y se copió e intentó adaptar a la realidad latinoamericana -al igual que muchas formas de gobierno, como el caudillismo nacido en toda América Latina; la diferencia entre ellos radicó en que, al igual que en el siglo XIX, durante la consolidación de las independencias en todo el continente, corrieron por cuenta del desarrollo de las fuerzas militares en cada país. Uno de los factores comunes que se guardaron fue el liderazgo casi profético que encerraba a cada personaje en su respectivo país: los “caudillos”.

Sin embargo, las dictaduras en América Latina carecieron de

“elementos fundamentales del proyecto fascista clásico (inexistencia de partido
fascista, falta de proyectos corporativistas o de organizaciones de masas para
canalizar el apoyo social de una pequeña burguesía de los grupos menos
concientes de la clase obrera y del campesinado), (...) [a pesar de contar con]
rasgos comunes con Alemania e Italia [y por lo que se denomina a estos regímenes
como dictaduras de corte fascista] de entreguerras: desarticulación de la clase
obrera y las organizaciones políticas que la expresaran.”30



Si bien el corte fascista en América Latina no fue idéntico al de España e Italia, con Francisco Franco y Benito Mussolini, la influencia del catolicismo ortodoxo y férreo fue un común denominador, igual de importante para la implantación de todas las dictaduras en la región.

Otro factor básico en la implantación y desarrollo de esta nueva generación de dictaduras militares en Sudamérica fue la línea por la que se encaminaban las relaciones internacionales durante la Guerra Fría por parte de las potencias económicas y políticas, Sobretodo en el proceso de distensión entre Richard Nixon (1969-1974), de Estados Unidos, y Leonid Brezhnev (1964-1982), de la Unión Soviética.

La teoría económica neoclásica fue retomada y corregida de acuerdo con las necesidades de ese momento, en especial en sus concepciones friedmanianas, de donde deriva el neoliberalismo y los encargados de implantar dicha corriente económica: los tecnócratas. Durante la etapa referida, se formaba el nido que vería romper los cascarones de los huevos del libre mercado sin restricción alguna y el neoliberalismo crudo y avasallador que naciesen en la década de 1980, como causa y consecuencia (de manera simultánea) de la década perdida en América Latina.

A partir del fin de la Guerra Fría, el mundo recibió de manera forzosa otro tipo de problemas relacionados con la identidad. Una vez que los países industrializados, especialmente Estados Unidos, obtuvieron todos los beneficios de las dictaduras (que ellos mismos implantaron) y a sus líderes se destronó una a una, argumentando en la mayoría de los casos la necesidad de respetar los derechos humanos.

Para finales de los 80, el proceso que dio pie al final de las dictaduras ya había iniciado; éstas cayeron en una suerte de efecto dominó. Algunas terminaron de manera más sangrienta que otras; muchas sumaron cientos de miles de muertos, principalmente civiles que poco o nada tenían que ver con las pugnas de poder desarrolladas desde las esferas más altas de las sociedades de sus respectivas naciones.

1.3.1. Los tecnócratas en América Latina
Los tecnócratas en América Latina comenzaron a dominar a partir de los 80, pero su gestación se dio con el otorgamiento de programas de becas de países desarrollados a economías emergentes para estudiantes destacados en la década anterior. El plan consistía en que éstos llegarían a ocupar importantes puestos dentro de las estructuras gubernamentales, y serían los encargados de tomar decisiones.

En América Latina, la mayoría de los tecnócratas estudiaron en prestigiosas universidades como Yale (Ernesto Zedillo, de México), Harvard (Carlos Salinas de Gortari, también de México) o la Universidad de Chicago (Hernán Büchi, de Chile). Dichos personajes, su formación y su manera de hacer política contrastaron con sus predecesores, ya que formaron la generación que siguió a los caudillos: militares de rangos medianos con gran capacidad de negociación, pero con un nivel de educación bajo.31

Como parte de esta nueva etapa se incluía la implantación de las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los países del subcontinente.

Tanto la CEPAL como la Organización de Estados Americanos (DEA) delimitaron un marco jurídico necesario para la institucionalización del poderío de Estados Unidos y la misma dependencia (la cual se analizaría más tarde en la Teoría de la Dependencia desarrollada en los 70) de los países latinoamericanos que se confirmó en la referida “década perdida”. A partir de los 80, nacieron un marco jurídico y las situaciones idóneas para que se implantase el libre mercado en América Latina, Asia y África.

Para ese periodo, las dictaduras latinoamericanas dejaron de ser funcionales; lo habían sido para aplicar mano dura y lograr controlar “por la razón o por la fuerza”32 a la población y marcar la vereda que le neoliberalismo habría de seguir en las décadas siguientes y, de esta manera, implantar un nuevo orden mundial (político y económico) que se alcanzaba a percibir ya a partir de la inminente caída del bloque soviético, pero con la inminente caída del Segundo Mundo, su mantenimiento resultaba inoperable e inútil.33

Lo que es importante destacar en este apartado es la procedencia de los recursos que financiaron tan monumental proyecto, así como la instauración de verdaderos monstruos administrativos, en los gobiernos de cada país.


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