introducción

El papel de la clase media en el proceso de transición democrática en Chile (1987-1990)

La redemocratización de Chile fue el resultado de la misma catarsis del modelo democrático en el país, la cual comenzó la mañana del 11 de septiembre de 1973, con un bombardeo a la residencia presidencial de Chile, el Palacio de La Moneda, que dio inicio a una dictadura encabezada por Augusto Pinochet que duraría 17 años. Durante este lapso, Chile transformó su constitución, sus instituciones y su sociedad en repetidas ocasiones.
La llegada de las Fuerzas Armadas fue propuesta como un periodo transitorio en lo que se restablecería el orden pre-Allende, en el que la pirámide social iba ensanchando su base y delimitando su punta. Siguiendo los lineamientos y requisitos que la democracia a la usanza occidental, donde se propone a la convocatoria a elecciones como un elemento clave para cumplir con los requisitos de la democracia,1 se convocó a un plebiscito a nivel nacional en 1980.
Entonces, fue la primera vez que, al intentar legitimar el régimen y las medidas que indirectamente segregaban a la población, la Junta Militar pretendió llevar a cabo una jornada electoral democrática y la población chilena siguió el juego fingiendo que daba su verdadera opinión sin temor alguno a cualquier represalia proveniente del Estado.
En la consulta de 1980, preguntó a la población si avalaba la permanencia del general Augusto Pinochet en la presidencia de Chile, así como la puesta en vigor de una nueva Constitución de la que poco sabían. En dicho documento, se limitaban los derechos políticos y se institucionalizaba un periodo presidencial de 8 años y la reelección indefinida del mandatario en turno. El acto de 1980 pasó con una considerable oposición, dadas las circunstancias, pero sin la suficiente fuerza que presionaría al régimen para retirarse del poder2.
Numerosos trabajos e investigaciones han revelado que este plebiscito tuvo un nivel de participación relativamente alto. Sin embargo, el electorado chileno estaba más temeroso que convencido del beneficio de seguir con el régimen a la hora de emitir el voto.
Si bien la crisis económica más aguda sufrida en el Chile contemporáneo fue en los primeros años de la dictadura, para 1983, la sociedad, perceptiblemente fastidiada de ver decrecer su nivel de vida, salió a las calles en lo que ahora se conoce como la “primera protesta”. Esta primera muestra de repudio fue reprimida por carabineros y agentes encubiertos de la DINA (servicio de inteligencia del régimen). Hubo arrestos masivos, torturas y la sistemática violación de los derechos humanos en el modus operandi que caracterizaba ya a la junta.
Estas expresiones de la sociedad civil se vieron también influenciadas por el resurgimiento clandestino de partidos políticos que se rehusaban a desaparecer, así como por el nacimiento de las agrupaciones civiles de familiares de víctimas de tortura y de las famosas desapariciones forzosas.
Durante estos años, la sociedad chilena seguía con un malestar que no le permitía olvidar los acontecimientos desatados desde 1973, pero a la vez temía las consecuencias que cualquier levantamiento popular pudiese causar. Para marzo de 1985, las agrupaciones civiles, con miembros que en su mayoría provenían de la clase media chilena, salieron de nuevo a las calles a protestar en contra del régimen y de las políticas económicas y de represión que cada vez encarecían más a los hogares chilenos. Estas manifestaciones tuvieron como resultado un saldo de 375 detenidos en Santiago y más de 400 en todo el país.
En todas las protestas, hubo representantes de todos los extractos sociales de Chile, aunque los más numerosos eran los pertenecientes a la clase media. Además, cabe destacar, las marchas y los cacerolazos se llevaron a cabo en barrios tradicionalmente clasemedieros.
A partir de 1986, con la llegada de Hernán Büchi (de 36 años en aquel entonces) a la cabeza del Ministerio de Economía, los chilenos vieron su suerte cambiar y su calidad de vida incrementar, aunque, en realidad, sólo lograron recuperarse al mismo nivel de 1970 hasta 19923.
Por otro lado, las presiones cada vez más fuertes y recurrentes por parte de la comunidad internacional hacia el régimen en lo referente a la violación de los derechos humanos, cimentaron el camino para que los líderes de partidos que rigieron al país durante algunos lapsos del siglo XIX y durante todo el siglo XX hasta el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, lograran realizar una exitosa campaña que promocionaba el “no” (a la permanencia de la Junta Militar) en el plebiscito de 1988. Dicha campaña fue exitosa y para 1988, las cifras reflejaron un descontento más claro que en 19804.
Con el “no” por delante, los organizadores de la laboriosa campaña, la mayoría provenientes de las cúpulas del partido Democracia Cristiana, se dieron a la tarea de concretar lo que sería la Concertación de Partidos por la Democracia, compuesta por 16 partidos que unieron sus fuerzas y su capital político para derrotar al régimen.
Se presume que en las elecciones, el mayor peso político lo tuvo la clase media al ser la que se encargó de la organización y la realización de las protestas de principios de los 80, las cuales sirvieron de antecedente del plebiscito de 1988. En este contexto, el voto la clase media fue la que hizo la diferencia tanto en 1988 como en las elecciones presidenciales y legislativas de 1989 que llevaron a la Democracia Cristiana al poder. Pero no se debe confundir el peso político con el peso electoral.
Lo que realmente sucedió en Chile fue que los acuerdos se llevaron a cabo a puerta cerrada y la clase media fue utilizada como carne de cañón que legitimizaría todo el proceso al representar la voluntad del pueblo. Esto es lo que se plantea en la investigación y lo que se demostrará a través del análisis del caso.
El objeto de estudio en esta investigación será la clase media chilena. Es importante estudiar el proceso por medio del cual, según medios e instituciones, fue protagonista. Sin embargo, veremos, a través de este análisis, que su participación fue limitada. La relevancia de estudiarla descansa en el hecho de que la clase media chilena es un ícono en la región.
En la redemocratización chilena, se dio una fachada ante la comunidad internacional, y ante la misma clase media, de plena participación y de una enorme influencia en el episodio de la historia chilena en su totalidad. Parecería que su actuación en la democratización de Chile fue la de un grupo social legitimizador durante las campañas y votos en la jornada electoral.
En el discurso, este extracto aportó líderes y la ideología que encaminó hacia la democratización. En este contexto, el trabajo que aquí se presenta revisará los acontecimientos y el desarrollo del proceso. Este estudio demostrará que las bases fácticas del movimiento no necesariamente tuvieron sustento en la clase media, y que su papel se limitó a la cantidad de votos que aportó dentro y fuera de su seno. Es decir, que la clase media chilena, lejos de ser actriz del proceso, fue una herramienta de las élites para su realización y legitimación.
Si bien las transiciones democráticas en América Latina se dieron en dos décadas, la mayoría albergan factores comunes que, según el caso, han sido elementos para su triunfo o fracaso, dependiendo del ámbito (económico, político y social). Cabe destacar que, en los últimos años, se han experimentado numerosas protestas contra el modelo económico implantado por estos regímenes democráticos a lo largo y ancho de la región.
La trascendencia de este tema radica en el hecho de que Chile, potencia regional, ha registrado uno de los mayores crecimientos macroeconómicos de América Latina y ha aplicado diversos programas para el combate a la pobreza, sin llegar al asistencialismo, contrario al resto de la zona. Sin embargo, no se ha logrado evitar, o al menos compensar, la polarización social que la nación ha vivido en las últimas décadas.
La meta de una investigación de esta índole es destacar la importancia de Chile en la región como uno de los líderes de América Latina. Además, este estudio contextualiza y explica la posición actual del país a través de un estudio de su pasado reciente.
A finales de la década de 1980, la sociedad civil en Chile, liderada por la clase media, se organizó para, de diferentes maneras, repudiar el régimen dirigido por el General Augusto Pinochet desde 1973. Y pese a que el cambio no tardó ni un lustro en darse, ni las manifestaciones ni las gestiones del grueso de la población chilena fueron de los factores más importantes para que se diera el proceso de redemocratización en la potencia sudamericana, sino los acuerdos entre las cúpulas económicas y políticas.
Antes de llegar a conclusiones adelantadas y a sobrevalorar las acciones de la sociedad civil, se debe tomar en cuenta el contexto internacional y los actores clave en el cambio. Al estudiar este periodo específico de la historia latinoamericana, así como el desarrollo de la transición, sale a la luz que la clase media y los sectores más bajos de la sociedad chilena tuvieron un papel legitimador que llevaría a la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales de 1989. En este sentido, los acuerdos con la cúpula militar, se llevaron a puertas cerradas con las élites económicas y políticas en el país.
En esta investigación, el método empleado es el deductivo, ya que a partir de un todo, representado por la sociedad chilena, se puede estudiar el papel que tuvo la clase media de la potencia sudamericana.
En cuestiones más técnicas, la compilación bibliográfica y hemerográfica serán la base del desarrollo de este trabajo. Sin embargo, también se contemplan entrevistas con personas involucradas en el proceso, en su mayoría expatriados chilenos, quienes directa o indirectamente se vieron obligados a salir de su país debido al régimen pinochetista.
De está manera, a lo largo del trabajo, se delimitará cronológicamente a la transición democrática en Chile, definir a la clase media por medio de datos estadísticos correspondientes al periodo a tratar y establecer cuáles los diferentes actores que intervinieron en el proceso de redemocratización chilena.
Asimismo, se demostrará que, si bien la movilización de la clase media fue un factor clave para el levantamiento de la oposición para el plebiscito de 1988 y para las elecciones generales de 1989, el triunfo no se debió a ésta, igualmente, se situará a Chile como parte de América del Sur que a pesar de las recientes pugnas por el liderazgo de la región, aprendiendo de los errores del pasado y creatividad hacia el futuro puede llegar a ser la cabeza de la región y finalmente se hará un antecedente de la realidad chilena actual y que se encuentre en esta investigación la causa de los acontecimientos recientes en Chile y su reflejo en América Latina.
El capitulado de esta tesina se dividirá en dos. Primero, se examinarán los antecedentes cronológicos, que incluirá la realidad previa al desarrollo del proceso dentro y fuera de Chile. Este apartado incluirá los grandes momentos económicos del país durante la dictadura, los cuales incidieron en todos los sectores y chilenos y los encaminaron a participar en movilizaciones sociales, que se reflejarían en el voto de 1988 y las elecciones de 1989.
El segundo apartado engloba a los actores políticos que participaron en la redemocratización chilena. Se tocará a la iglesia, los partidos políticos y se enfatizará en la clase media, a la cual se definirá conceptualmente y posteriormente, se expondrá su papel en el proceso.
Finalmente, las conclusiones demostrarán que la clase media tuvo un papel electoral, mas no ideológico en este periodo clave para la historia latinoamericana.

Capítulo 2. Actores políticos

2. Actores políticos en Chile

Los actores son un elemento esencial de los procesos políticos ya que definen sus metas, desarrollo y resultados, por lo que cualquier análisis serio precisa detenerse a una revisión de los primeros, ya que éstos llevan al resultado final del objeto de estudio, el más importante de ellos será el papel de la clase media en el proceso referido.

Este capítulo se enfoca en los partícipes de la redemocratización chilena, por lo cual se divide en el estudio de la Iglesia, la cual tuvo gran incidencia en la efervescencia política previa al golpe de Estado contra Allende, pero a lo largo de la dictadura, cambió de posición. Además, se ahonda en el Partido Democracia Cristiana, que actuó mano a mano con el Ejército antes del golpe de Estado de 1973 y posteriormente quedó recluida del acontecer chileno por la Junta militar que gobernaba el país.

En Chile, el proceso de democratización dependió de factores endógenos y exógenos,1 los cuales fueron representados por la defensa directa de los intereses de las potencias.
“En los procesos de democratización, cuando se rompen las ataduras y se hacen trizas el proyecto negativo de la dictadura frente a la cultura, y cuando se establece la libertad creativa y de expresión, pareciera vivirse una nueva paradoja. [La cual consiste en] fundar una cultura propia a partir de elementos ajenos”2.

Los más importantes y claros ejemplos fueron la manera de manejar los partidos políticos y la división social producto del capitalismo creado y llevado a cabo por Europa, Estados Unidos y Japón.

Sin embargo, hubo otras maneras para dejar una marca en la política y la toma de decisiones chilenas, en especial dentro de los poderes fácticos, que, como su nombre lo indica, son poderes de hecho. No existe una legislación ni un documento que les dote de autoridad para incidir en las políticas nacionales, pero lo hacen, y determinan el rumbo de cada país como los intereses económicos de las burguesías nacionales y extranjeras y la Iglesia católica en los países latinoamericanos.

3.1. La Iglesia
A pesar de declarar en varias ocasiones un explícito y gran apoyo hacia la destitución de Allende, la Iglesia no tardó más que unos meses en retractarse e intentar rectificar su error. La violación de los derechos humanos por parte de Pinochet, conocido por su profunda devoción católica, llegó incluso a tocar a la jerarquía católica local.

El Arzobispo Raúl Silva Henríquez, quien, en un principio, fuera uno de los más arduos promotores del golpe de Estado, expresó dos días después del golpe sus reservas acerca de la legitimidad de las acciones de las Fuerzas Armadas.3

Además, el jerarca católico canceló su servicio multiecuménico, el Te Deum, tradicionalmente celebrado el 18 de septiembre, en la Catedral de Santiago para conmemorar el Día de la Independencia, y lo reemplazó por una ceremonia más sencilla, en un inmueble más pequeño. En ese entonces, su petición fue que “una luz brille eternamente sobre nuestros soldados y civiles... en la noble, difícil y dolorosa tarea de corregir nuestros errores”4.

Para el 27 de septiembre de 1973, personal de la Fuerza Aérea irrumpió en la casa del Arzobispo Silva Henríquez, como represalia a las declaraciones de 13 de septiembre del mismo año.

Del 11 al 27 de septiembre de 1973, seis sacerdotes murieron a manos de los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), agencia especializada para guardar el orden durante el régimen disuelta en agosto de 19775. Unos 50 religiosos más fueron detenidos en los primeros meses después del golpe de Estado, a manera de advertencia y formaron parte de la lista de los mil 500 muertos en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizado en 1974, todos ellos entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1974. Cabe remarcar que el documento señala que sólo 80 de los mil 500 decesos fueron de militares.

En total, a finales de 1973 y principios de 1974, detenciones y expulsiones de sacerdotes, allanamientos de iglesias, muerte y tortura de sacerdotes y dirigentes laicos, así como incendios de capillas de sectores populares, se convirtieron en prácticas recurrentes.

Para 1976, el Comité Pro Paz fue reemplazado por la Vicaría de la Solidaridad, una organización de defensa de los derechos humanos creada por el arzobispado de Santiago. Este mismo comité creó la Radio Chilena, la cual asesoraba a los pobres, entre otras actividades “subersivas”, por lo que se persiguió a sus colaboradores así como en la Iglesia en general entre 1977 y octubre de 1985, cuando se alcanzó la cúspide de la persecución hacia los individuos eclesiásticos. En ese año, un trabajador de la Vicaría, José Manuel Parada, fue degollado junto con dos compañeros de trabajo.

No sólo había persecución dentro de Chile, en agosto de 1976, tres obispos chilenos fueron detenidos al comienzo de la Conferencia de Obispos Latinoamericanos en Riobamba, Ecuador. En su regreso a Chile, un grupo de civiles, más tarde identificados como agentes de la DINA, los atacaron en el aeropuerto.

Además de la Iglesia católica, otras fes sufrieron esta persecución. El Obispo de la Iglesia Metodista, Isaías Gutiérrez, también miembro del Consejo de la Fundación de Asistencia Social de Iglesias Cristianas (FASIC), representaba una posición minoritaria dentro de su congregación. Sin embargo, tras una publicación en enero de 1984 que abordaba una declaración que condenó la violencia, un jardín infantil de la Iglesia metodista fue incendiado en Peñaloén, donde Gutiérrez asistía pastoralmente a presos políticos, también recibió amenazas, hasta su inminente salida de Chile.

La ola de represiones desatadas hacia los representantes de la espiritualidad por parte del gobierno de Pinochet resulta interesante ya que era, como se mencionó en párrafos anteriores, conocido por su profundo arraigo en la religión católica, siempre destacó su devoción hacía los símbolos religiosos y la importancia que, consideraba, la espiritualidad debía tener en el día a día de la vida de los chilenos.


2.2. Partidos políticos

En este apartado, se analizarán las agrupaciones políticas que más incidieron en el golpe y sobrevivieron la censura durante la dictadura y que despertaron a finales de la década de 1980 para lograr un papel relevante en el proceso de transición democrática de Chile.

Desde su creación, el Partido Radical (PR) adoptó las banderas de igualdad y horizontalidad: “ser radical es ser chileno”; y mantener una estrecha relación entre el desarrollo del partido y la historia moderna de Chile.

De acuerdo con su manifiesto, para aspirar a ser militante del partido es preciso poseer ciertas cualidades fundamentales: a) espíritu abierto: b) ser democrático; c) ser progresista; d) no sectario; e) contar con una tendencia universal; f) una filosofía propia de la vida.
En realidad, en las entrañas del partido y de sus dirigentes; los “ilustrados” veían a los obreros como mera carne de cañón y seres irracionales y carentes de capacidad para desenvolverse en la arena política. El sector obrero, en resumen era “una masa, [una] fuerza electoral importante que precisa del control y beneplacencia [sic] de la clase media ilustrada.”6

Contrario a las características presentadas en el “perfil del militante”, los radicales han sido sumamente sectarios, el partido comenzó como un ejercicio de adolescentes que lo utilizaron como trampolín para entrar a la arena política de Chile. De 1930 a la década de 1950, el partido que representaba al centro de la política chilena era el Radical. Por otro lado, a partir del principio del siglo XX, la clase media, se convirtió en un termómetro político y fue proveedor de las estructuras, la fuerza y los cuadros que conformaron al, que alguna vez fuera el partido más fuerte de Chile en el siglo XX.7

“El Liceo [bachillerato o preparatoria en México] era el centro de atracción de la clase media y la acción precisamente del espíritu radical y su gran triunfo fue introducir la educación laica, cuyo resultado fue que la escuela nos formó en un espíritu de clase media [ilustrada] con sentido de libertad, no apegada a dogmas, sobre todo a dogmas de tipo religioso”8

En la primera mitad del siglo XX, hubo tres presidentes radicales: Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Todos ellos lograron su triunfo electoral gracias a alianzas estratégicas para el partido de la clase media que convirtió a Chile en un Estado docente.9

Para 1938, Pedro Aguirre Cerda creó la Unidad Popular (UP)10. En 1946, hubo una enorme fractura dentro del partido. Esta división tuvo lugar en un contexto en el que los radicales de izquierda percibieron un “aburguesamiento”11 del partido e iniciaron una migración hacia las diferentes fuerzas políticas que existían en aquel entonces. Alfredo Duhalde migró hacia el Partido Democrático y desafió al oficialista radical Gabriel González Videla. Entre 1930 y 1950, el PR representaba al centro de la política chilena.

Para 1970 a la lista de los presidentes apoyados por el Partido se sumaron Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y Frei Montalva (1964-1970), el último, demócrata cristiano respaldado por una derecha temerosa y acorralada ante el socialismo de Allende, así como de la Unidad Popular, la cual abanderó para las presidenciales de ese año.

Entre 1973 y 1988, el Partido se dividió en dos corrientes: la del exilio, encabezada por Anselmo Sule, y la que formó parte de la Alianza de Partidos que derrocó a Pinochet en el Plebiscito de 1988.

En lo que analistas como Larissa Lomnitz, Ana García Melnick, René Villegas y Brian Loveman coinciden es que el nepotismo acabó con el partido. La debacle más grande de éste fue resultado de de la justificación del amiguismo y el compadrazgo que terminaron por invadirlo y debilitarlo.

“A mediados del siglo XX, las oligarquías comienzan a desplazar por los sectores medios, que formaban una espesa red que a través del PR y las logias.”12 Es decir que la clase media, que en un principio formaba parte de los cuadros ideológicos y estructurales del partido, fue desplazada por una nueva cúpula política con los mismos vicios de cualquier otra.

Para 1988, en el umbral de la selección de candidatos para las elecciones de 1989, el PR propuso a Enrique Silva Cimma como candidato, aunque ante las circunstancias y las exiguas oportunidades de ganar, el abanderado radical declinó a favor del demócrata cristiano Patricio Aylwin Alcózar.

En cuanto a los comicios legislativos y presidenciales, si bien, el partido formó parte de la Concertación de Partidos por la Democracia, que derrocó al régimen en las elecciones presidenciales y legislativas de 1989, se perdía entre los 17 partidos que la formaban y los candidatos independientes que también estaban involucrados, sin haber ganado siquiera un escaño en el Congreso.13

Es decir, de camino al Plebiscito de 1988, sus militantes se vieron a sí mismos como el último vagón de la Concertación y declararon que la alianza con la Democracia Cristiana (DC) fue administrativa y funcional, mas no política. A pesar de los resultados en las urnas, los radicales se aferran a un pasado glorioso y creen que “la cultura radical no va a desaparecer, porque es la de la clase media”.14


2.2.2. El Partido Demócrata Cristiano

El Partido Demócrata Cristiano, al igual que el Partido Radical, encontró sus orígenes y sus primeros cuadros en el sector educativo, jóvenes estudiantes aludían a la colaboración de ambas clases (proletariado y burguesía) por el bien común; también analizaron la filtración de ideas socialistas en las clases obreras e intentaron darle una

“solución católica (…) Afirmaban que las pésimas condiciones de vida de los trabajadores se debían a la ideología individualista y no a la estructura económica social determinada por la propiedad de la tierra y de los medios de producción.”15

Estos jóvenes, quienes se conformaron la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC) tuvieron como antecedente la Generación del 48, un grupo de oligarcas, quienes conformaban una élite intelectual católica con ideas básicas del Rerum Novarum de León XIII:

“1) apreciación de la situación de los trabajadores como un problema social; 2) reconocimiento de la ideología individualista del capitalismo como causa principal del problema; 3) reafirmación del derecho a la propiedad privada de la tierra y los medios de producción; 4) rechazo de la lucha de clases; y 5) tener como propuesta una política de conciliación entre el capital y el trabajo, cumpliendo tanto la Iglesia como el Estado el rol de arbitrar y prescribir los deberes tanto de los capitalistas como de los trabajadores.”16

En la ANEC sobresalieron nombres de enorme relevancia en la arena política chilena, como Eduardo Frei Montalva17, Bernardo Leighton18, Radomiro Tomic19, Jaime Eyzaguirre20, Tomás Reyes21, Julio Philippi22, y el sacerdote Eduardo Hamilton, todos egresados de la Universidad Católica. Por otro lado, los jóvenes falangistas sostenían

“algunos puntos de convergencia (…) [fueron] el reconocimiento de la autoridad papal, de los postulados de la constitución y de la Iglesia católica y, sobre todo la propuesta de la no violencia para resolver los conflictos sociales; los principios de la ley, orden y jerarquía.”23

La democracia cristiana también se inspiró en la Falange Nacional, que como la ANEC, fue la iniciativa de jóvenes que pretendían involucrarse en la política y posteriormente hacer carrera en ella. La diferencia entre ambos grupos radica en que la Falange estaba más apegada al fascismo y al franquismo y terminó incorporándose a las filas del Partido Conservador.

Sin embargo, esta última agrupación política y la Falange Nacional se unieron en 1957 con facciones ibañistas y crearon la base para el actual Partido Demócrata Cristiano (PDC) -la fuerza política más importante de Chile organizadora de la transición democrática que sacó a Pinochet del Palacio de la Moneda.

Al igual que cualquier actor político, el Partido precisaba de un voto duro para tener una razón de ser y una manera de legitimar su existencia. La base de la democracia cristiana encontró estos votos en las capas medias de la sociedad chilena.

Su crecimiento también fue resultado de la industrialización de todo el Hemisferio con base en las recomentaciones de la CEPAL de la ONU. Al igual que toda reestructuración económica, el proceso de industrialización en Chile trajo un ajuste en las bases sociales del país, a través de la implantación del Modelo de Desarrollo por Sustitución de Importaciones, que dio pie a la migración rural a las ciudades. Esta transferencia de mano de obra incidió en la expansión de una clase media citadina e ilustrada.

En este sentido, la Democracia Cristiana trabajó hasta convertirse en la forma de expresión de las clases medias, consolidando la etapa en la que la democracia cristiana era el partido más poderoso de Chile, aunque no fue suficiente.

A pesar de contar con ciertos eventos que concernían a los militantes del partido, éste tuvo un receso que comenzó en 1973 y culminó con su disolución en 1977 (capítulo 1), se rehusó a aliarse con las fuerzas de la izquierda en contra de la dictadura ya que, según sus líderes, buscaba una salida de centro-derecha. “El partido tenía cada vez menos que ofrecer a sus ‘amigos’ de la derecha moderada.”24

En el partido, hubo tres tendencias a nivel directivo: 1) quienes dieron su apoyo al golpe ante los errores cometidos por Salvador Allende; 2) el sector que consideró el golpe como el menor de los males; 3) a quienes les remordía la conciencia y veían la “solución” alcanzada con aprehensión y sentimientos de culpa. Cuando el partido fue imposibilitado a participar ampliamente en la arena política, los directivos decidieron ejercer

“una apreciación crítica más que coincidente. (...) En un consejo general del partido, realizado en abril de 1975, la mayoría (68.2%) aprobó la línea de activa independencia crítica, mientras que sólo un 9.1% se mostró a favor de una oposición abierta; un no despreciable 28.8% estuvo a favor de una colaboración crítica y un 4.6% se manifestó por una colaboración plena”.25

La DC estaba dispuesta a trabajar conjuntamente con el régimen y éste le desairó retirando propaganda del gobierno de los medios de comunicación del partido cercándole por medio de ataduras presupuestales. “La radio 'Balmaceda' de la DC fue censurada y cerrada varias veces al igual que su órgano de prensa, el diario 'La Prensa', el cual dejó de publicarse en febrero de 1974 por 'problemas de financiamiento'”26.

Bajo estas circunstancias, se creó el “grupo de los 10”, formado por políticos antiizquierda, quienes apoyaron al régimen los primeros 18 meses y se opusieron a éste a partir de 1975, tras la purgación de la burocracia, los despidos políticos y los bajos salarios que los funcionarios ajenos a la Junta percibían. Estos repentinos opositores retomaron redes laborales y civiles: en resumen, los vestigios de las redes sindicales y “esto deriva en un progresivo aumento de la protesta laboral en los años 1977-1978, pese a que las manifestaciones y huelgas [seguían] estando prohibidas”27.

Hubo un alto incremento de la represión a los líderes del PDC lo que ganó la simpatía de la Coordinadora Nacional Sindical y sus afiliados comunistas y socialistas cuyo primer dirigente era Manuel Bustos. “Esa necesidad y deseo de mayor solidaridad entre los grupos sindicales comenzó, finalmente, a romper el cerco de la desconfianza de la DC frente a la izquierda marxista al menos a nivel sindical.”28

En 1980, se realizó un Consejo General del Partido en el que se dieron conclusiones a nivel organizativo que marcaron el camino del, ya desvanecido, partido y de la oposición en general.
Las medidas tomadas después abarcaron: 1) bajo nivel de acción a nivel corporativo; 2) poca actividad en las bases; y 3) poco o nulo apoyo a las masas. Por otro lado, el sector grande que aún apoyaba la dictadura sufrió una debacle ya que con el Plebiscito de 1980 el partido sufrió un renacimiento político y se consolidó como líder de la oposición.

Cuando ganó el Sí en el Plebiscito de 198029, fue inevitable el preguntarse si este hecho se debía a la capacidad organizativa de Pinochet o si fue la coercitiva sobre la psique de un pueblo temeroso y, de alguna forma, paranoico después de siete años en que la única certidumbre que se tenía era que, al mantener la boca cerrada, ni la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ni ningún aparato estatal se metía en la vida del ciudadano común.

Debido a que el futuro de la Junta militar a la cabeza de Chile dependía del voto popular en el plebiscito de 1980, se precisaba de una confirmación del control que aún debía ejercer el Estado en la mente de los chilenos. Y así fue, por lo que el PDC se inclinó hacia el realismo y político y comenzó la acción de penetración en universidades e industrias.30

“Esa necesidad y deseo de mayor solidaridad entre los grupos sindicales comenzó finalmente a romper el cerco de la desconfianza de la DC frente a la izquierda marxista al menos a nivel sindical”.31

La tarea no fue fácil ya que, a los ojos de la mayoría de la población, los demócratas cristianos no tenían identidad, ya que se negaban a formar parte de la derecha, pero sus orígenes, sus militantes, sus propuestas económicas, así como su cordón umbilical con la Iglesia católica, demostraban lo contrario.

“La gente es súper cerrada; no le gusta aumentar los miembros del partido. Tiene temor a que entren los ‘frescos’ [aprovechados], a que siempre haya una diferencia entre los que son antiguos y los que son los nuevos (...). El partido ha hecho algunas campañas de reclutamiento de gente; por ejemplo cuando se inscribieron los partidos legales [después del gobierno militar]; ahí se hizo una campaña de filiación, pero el demócrata-cristiano no salió a reclutar entre sus vecinos, amigos, parientes, conocidos, que le han inspirado confianza, tal vez a la salida de la Iglesia”32

También cabía destacar en la estructura del partido que,

“de acuerdo con la hipótesis sobre la cultura políticachilena, la jerarquía (o liderazgo) sería un elemento conflictivo para el crecimiento de los grupos
horizontales (los partidos). El resultado de esta dinámica sería el ‘fraccionalismo’, como mecanismo que limita el crecimiento de estructuras jerárquicas e impide la consolidación de un liderato personalista, excepto el liderato legítimo y sujeto a la crítica del presidente de la república. Las facciones resultantes generalmente están integradas por un número pequeño de personas, que representan un grupo de amigos pertenecientes a las capas dirigentes de los partidos”33

Por esta razón, tanto el Partido Radical como la Democracia Cristiana, pasando por todos las demás agrupaciones que formaron parte de la Concertación de Partidos por la Democracia en 198834 -que finalmente logró consolidar una oposición real, tangible y capaz de convencer a la sociedad de salir a votar-, no representaban al sector educativo en su totalidad, ni a las universidades, ni a los obreros, ni a las agrupaciones de la sociedad civil, etc.; sólo a un grupo reducido y selecto de miembros, quienes lograron, a través de malabarismos políticos, acomodar las demandas del resto del pueblo en sus plataformas políticas.

Por lo general, estos partidos están inmersos en una identidad clasista que genera una otredad vis-à-vis los demás grupos sociales, económicos e ideológicos. Pueden negociar con éstos pero jamás estarán de acuerdo, a no ser por situaciones tan extremas como el Chile en la víspera del plebiscito de 1988.


2.3. La clase media

En el este apartado, se abordará la clase media. Comenzaremos delimitando a este sector por medio de la conceptualización general de ésta. Posteriormente, se estudiará dentro de la situación que delimita esta investigación: los años en los que tuvo lugar la dictadura pinochetista.

Finalmente, se darán las conclusiones a las que se llegó: la clase media fue un bastión electoral –no político- que si bien contribuyó en el cambio de régimen chileno, a través de una inigualable fuerza electoral, no fue la base ni la verdadera impulsora que llevó a éste.

La clase media chilena, al igual que en el resto de América Latina, es una clase en peligro de extinción dado el proceso de polarización producto de la llegada de los tecnócratas al poder (los Chicago boys en el caso chileno) y la consecuente implantación de políticas neoliberales.

“Una de las características históricamente más sobresalientes de América Latina ha sido la elevada inequidad de la distribución del ingreso, así como su rigidez al cambio en la estructura distributiva. Esta desigualdad no solamente excede la de otras regiones del mundo, sino que además permaneció sin modificaciones sustanciales durante la década de 1990 e incluso empeoró en el inicio de la presente década”35.

Según estudios de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), y tal como se indica en la cita anterior, la polarización social y la inequidad económica han aumentado principalmente desde la segunda mitad de los 80.

En Chile, 1990, año clave de la transición democrática, el ingreso promedio per cápita, calculado a partir de la distribución del ingreso per cápita de las personas del conjunto del país, fue de 9.4.

(Tabla 1).

En este contexto, es importante destacar que el 10 por ciento más rico de la población poseía 40 por ciento de los recursos mientras que el 40 por ciento más pobre sólo el tenía 13.6 por ciento del total de la riqueza chilena. Uno de los medidores de polarización social utilizados en el estudio que se está usando como referencia, es el acceso a oportunidades educacionales y laborales.

“Los ingresos laborales, particularmente los salarios, constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares y, por lo tanto, son un elemento preponderante en la configuración de la desigualdad distributiva en la región. Entre los factores que determinan el nivel de los salarios, la educación sigue siendo el más importante. Precisamente por ello, la mayor parte de la concentración de los ingresos salariales proviene de las diferencias educacionales de la población, tanto por la disparidad en los años de escolaridad como por el rendimiento económico de cada año adicional de estudio.”36

También estos números sirven para ilustrar el contexto bajo el cual se desarrolló la transición democrática y sus efectos a corto plazo, y a la vez, definir de manera tangible y teórica nuestro objeto de estudio. Durante la dictadura pinochetista, la clase media fue víctima de polarizaciones, comenzando por las ya aludidas protestas callejeras:

“la primera [protesta] contó con un respaldo de los sectores medios y medio-altos y sus expresiones fueron principalmente el ruido de cacerolas y bocinazos (…) la fuerza de la represión provocó la muerte de dos personas, 50 heridos y trescientos detenidos”37.

Este mismo sector de la sociedad fue el que más jóvenes perdió y la que sigue sufriendo la apertura económica. “La sociedad chilena tenía ya una alianza, un sentido de comunidad y una sociedad civil débiles, lo que contribuyó a que el gobierno agotara las fuentes de represión”.38


2.3.1. Conceptualización

Dentro de una línea marxista, la clase media es la que está entre obreros y burgueses. No tiene las riquezas de unos, ni las inquietudes ni la ira de otros, es un sector que se aparta de la lucha de clases.

La clase media no alberga a los obreros, y sus miembros jamás se asimilarán como tales, ya que quienes forman parte de la primera mantienen un nivel económico y educacional (por lo general) les acerca más a las élites, aunque no necesariamente las alcanzan.

Por otro lado, en la cuestión social, se aísla. La mayoría trata de aspirar a algo mejor y adoptar modos de vida, marcas, costumbres, etc. de las élites, sabiendo de antemano que es casi imposible alcanzar las expectativas que tienen de llegar al estatus socio-económico de éstas.39

Actualmente, sería arcaico limitarse a estudiar una sociedad haciendo tres simples divisiones. Sin embargo, dicha esquematización puede utilizarse como referencia. Sociólogos como R. Erikson y J. Goldthorpe, de CEPAL, han hecho estudios que igualmente pueden ser usados como referencia para complementar el desarrollo de una investigación de índole social, los cuales se plasman en la Tabla 2.

Cuadro 2: Esquema de clases según la clasificación de R. Erikson y J. Goldthorpe

Esta clasificación propone una agrupación que, en su forma desagregada, diferencia 11 clases sociales, que pueden ser agrupadas, conforme los propósitos del análisis, hasta distinguir tan sólo tres grandes categorías. Para llegar a la filtración que tiene como resultado las tres categorías principales, se tomarán ocho categorías o clases sociales que permiten una adecuada descripción, al menos inicial, de la clase media que será el sujeto de estudio.

La propuesta de la clase media a estudiar (sobre todo la que aparentemente influyó enormemente en la culminación de la dictadura y la llegada de la democracia en Chile a finales de los 80) está ilustrada en el siguiente cuadro:

Tabla 3: Esquema de ocho clases adaptado de la clasificación de R. Erikson y J. Goldthorpe

Como referencia, y para ilustrar con mayor claridad el caso a analizar, se usan categorías que, a su vez, fueron adaptadas para este trabajo. Primero hay que tomar en cuenta que la “clase de servicio” se divide en dos: élites y clase media alta; las élites son formadas por las primeras categorías, es decir: Directivos, administradores, profesionales altos y propietarios de grandes empresas; al mismo tiempo, se incluyen altos mandos políticos y militares.

La siguiente categoría corresponde a la clase media e incluye a los propietarios de las medianas empresas, profesionales medianos y bajos, técnicos superiores, supervisores de trabajadores no manuales y administradores de empresas pequeñas, trabajadores no manuales en administración, ventas y servicios, propietarios empresas chicas (menos de 10 trabajadores) no agrícolas y a trabajadores por cuenta propia.

Finalmente, tenemos a la clase baja que consta del resto: técnicos bajos, supervisores de trabajadores manuales y trabajadores manuales cualificados, trabajadores manuales semi y no cualificados, pequeños propietarios agrícolas, trabajadores y peones agrícolas. Por lo que la tabla en la que se basaría esta investigación queda de la siguiente manera:

Tabla 4: Clasificación final de las clases sociales en la sociedad chilena de 1970 a 1990

La identidad que emana desde el fenotipo, se confirma a través de costumbres y hábitos adquiridos en procesos de confirmación y asimilación en una clase, que igual cambia de nombre como de posición en las pirámides sociales dentro de las diferentes etapas de la sociedad capitalista.

“Las clases sociales están compuestas y mezcladas, con grupos sociales de base racial, étnica, religiosa, lingüística, cultural y regional, entre otras características. Si bien los campesinos, mineros y obreros son en su gran mayoría indios, mestizos, negros y mulatos (entre otros), ello no quiere decir que clase y etnia se recubran totalmente. Es innegable que no todos los grupos se disuelven en este proceso, aunque las clases sociales tienden a subsumir a los diferentes grupos”41.

En este sentido, la clase media chilena es singular, voluble y volátil, al igual que lo fue en la dictadura. A pesar del descontento social (que en realidad era económico) reflejado en 1983, para 1986, en el reajuste de la economía y el “segundo milagro chileno”, el cual fue posible gracias a la intervención de los Chicago boys en la economía, liderado por Hernán Büchi (candidato oficialista para la presidencia en las elecciones de 1989), la clase media estaba más tranquila y no se inquietaba por las mismas cosas.

Por ejemplo, en 1986, el temor de una eventual caída de sueldos y salarios preocupaba principalmente a las clases bajas y medias (ver Cuadro 5). Fenómeno se que se repitió refiriéndose a varios temores más, como el aumento del costo de vida -y en menor grado el del aumento de cesantía. Sin embargo, la escasez de vivienda no fue tan relevante para la clase media, según las cifras netas de la encuesta NED 1 de 1986.42

Igualmente, una encuesta comparativa realizada en 1987 (Tabla 5) demuestra que, a mayor ingreso, menor era la renuencia a cambiar de modelo económico y una tácita defensa al régimen que lo instauró. Estas medidas fueron realizadas con el porcentaje de individuos que poseían servicio doméstico, automóvil, teléfono o televisión en color para cada opinión manifestada (cabe remarcar que en 1987, si bien la televisión a color no era nueva, tampoco era tan común en los hogares de América Latina).

La muestra se hace con una pregunta: “¿Cuánta influencia considera que deben de tener los sindicatos en el acontecer nacional?”

Tabla 5: “Influencia que deberían tener los sindicatos”. Porcentajes que poseen

A través del muestreo presentado en la Tabla 5, se puede observar en que, conforme crece el ingreso, se refuerza el nivel educativo y la confianza de opinar y como consecuencia el hacer válido el punto de vista sobre otros sectores43.

Otra encuesta realizada en 1987 demuestra que “84,8% de los chilenos cre[ía] que exist[ía] una diferencia tan radical entre dos barrios de Santiago que les hac[ía] parecer dos países diferentes”44.

Lo más importante de este estudio es que se comprobó que más de la mitad del total de los chilenos encuestados (788) creía que la dictadura había agravado los aspectos de bienestar económico, libertad política, seguridad personal, moralidad, imagen internacional y felicidad, contra menos del 20 por ciento (con una media de 9.6) que creía que su vida había mejorado en dichos elementos comparándolos con “antes de la dictadura”. Estas mismas personas declararon que creían que la democracia ayudaría a resolver sus problemas con mayor eficacia que el régimen45.

Ante este descontento y con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del ex Presdiente Eduardo Frei Montalva, a la cabeza, el proceso de consolidación de una aparente hegemonía mesocrática pudo ser posible. La mesocracia -la forma de gobierno en que la clase media ostenta el poder- encuentra sus raíces etimológicas dos conceptos básicos para la comprensión (y aprehensión) de las revoluciones y movimientos sociales y políticos de la región.

Sin embargo, lejos de ser desplazadas, para lograr sobrevivir, las clases dominantes abren espacio para unos cuantos clasemedieros que traerían sangre y caras nuevas, así como un tinte de legitimidad a la estancia de las élites en el poder (tal y como se vio en la formación y desarrollo de los partidos, especialmente en los casos del Partido Radical y Democracia Cristiana).

Al ser asimilados en el grupo social, la gente de los sectores medios intenta entrelazar sus orígenes con la adopción de una nueva (y superior) clase social que les ofrece un deslumbrante porvenir y que les deja ver que finalmente han llegado al lugar que creen merecer dentro de la pirámide social.

En el caso de la clase media chilena, podemos observar a lo largo de su breve historia que su comportamiento típico es una reacción hacia temores y limitaciones que reinan en ella. Este sector es un actor político en constantemente estado defensivo, por lo que las “propuestas” que llega a vislumbrar son, en realidad, pasos para dar continuidad a procesos ya iniciados. De esta manera, el mismo sector asegura su propia sobrevivencia, y a la vez, un status quo que le permita seguir siendo partícipe en la toma de decisiones, aunque sea de manera limitada.


2.3.2. La clase media en la redemocratización chilena

La tendencia del voto en Chile fue influenciada en gran medida por dos factores: la situación geográfica y el género. En la sección siguiente se hará hincapié en éstos para lograr comprender los resultados finales de las elecciones presidenciales de 1989.

La Tabla 6 analiza la distribución urbana y rural de los chilenos, dividida por edad y género en 1985, cuando, como se ha mencionado anteriormente, se gestaba descontento de la sociedad civil que desembocaría en la realización del plebiscito de 1988 y los posteriores comicios presidenciales.

El mismo elemento expone la población estimada en Chile en una distribución urbana y rural por rango de grupos y a la vez, ilustra el total de la población referida en la significación numérica de Torche y Wormald46 haciendo más clara la categorización de clases que se ha desarrollado en este capítulo, sin limitarse a la población económicamente activa en el periodo que esta investigación abarca.

También se hace referencia al género. En este sentido, el voto de las mujeres, tanto en el plebiscito de 1988, como en las elecciones presidenciales de 1989 fue más conservador, y a su vez, resultó en un mayor balance en la distribución del poder fáctico tanto a la hora de redactar la nueva Constitución (el plebiscito para aprobarla fue realizado en mayo de 1989) como a la de la transición democrática per se.

Tabla 6: Población estimada en Chile, 30 de junio de 1985. Distribución urbana y rural grupos. Grupos de edad por género.

En las elecciones presidenciales de 1989, como se indica en la Tabla anterior, las mujeres representaban 52.2% del total del electorado contra 47.8 puntos que representaban los hombres. Del total de las mujeres, 51.5 por ciento, votó por el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, es decir, 25.78% del electorado total.

En tanto, 32.5% votó por el candidato oficialista, líder de los Chicago boys, Hernán Büchi47 y 15.8 puntos por el conservador Erázurriz, que si bien no representaba al partido oficialista, sí formaba parte de la misma ideología política. Al hacer cuentas, 48.3% de las mujeres no concordaba con la oposición, asimismo, 25.1% del total de los votantes, estaba de acuerdo con las políticas económicas de la junta y no tenía reparo en continuarlas48.

Por otro lado, como se ha referido en el párrafo anterior, los hombres representaron 47.8% del electorado de 1989. De los cuales, 59%, o sea, 27.7% del electorado total, votó por la Concertación, que representaba la oposición al régimen encabezada por Aylwin, mientras 26 puntos se inclinó por Hernán Büchi y un sorpresivo 14.9 por Errázurriz. En total, 40.9 por ciento del voto masculino no apoyaba a la Concertación; una diferencia de 7.4 puntos porcentuales comparado con las mujeres49.

De acuerdo con los números expuestos, se confirman los datos oficiales en los que se resumen los resultados globales de las elecciones de la siguiente manera: Aylwin triunfó en la primera vuelta con más de la mitad del total del voto (55.2 puntos), mientras que el candidato oficialista quedó en segundo lugar con 44.8 por ciento.

La influencia de la Junta está aún representada en la composición del congreso y de manera más perceptible en la renuencia a llevar a cabo juicios políticos a los responsables de las masacres cometidas durante la dictadura, la anterior no sólo es un capricho, fue parte de los acuerdos entre las élites a la hora de realizar la constitución: un elemento clave que nos ayuda a demostrar que la clase media de 1989 poco tuvo que ver en la democratización de Chile.

La Tabla 6 también nos sirve para llegar a otro punto clave en el proceso de transición democrática y plasmar con datos duros el verdadero papel de la clase media.

¿Dónde se ubicaban los votantes? Siguiendo el patrón que Chile ha tenido durante toda su historia, la gente vota por un partido, no por un candidato. Por lo tanto, para ubicar geográficamente a los votantes, podemos recurrir a los resultados finales de las votaciones en el congreso.

De un total de 118 curules, 71 fueron para la Concertación de Partidos por la Democracia (encabezada por el Partido Demócrata Cristiano), 3 para la unión del Partido Amplio de la Izquierda Socialista con el Partido Radical Social Demócrata (PAIS/PRSD), y 46 para el oficialista Democracia y Progreso: los cuales sumaron 60, 2.5 y 39.3 por ciento.50 Caviedes muestra cómo las diferencias en preferencias electorales de las regiones rurales vs. las regiones urbanas51.

La Concertación tuvo un estremecedor triunfo en las regiones en 11 regiones urbanas, industriales y mineras: Atacama (norte), O'Higgins (centro) y Magallanes (sur), donde obtuvo 60 por ciento o más de los votos y de 54 a 57.9 puntos porcentuales en Aysén (sur), Bio-Bio (centro-sur), Maule, (centro), la Región Metropolitana del Gran Santiago (centro) y Antofagasta (norte)52.

Por otro lado, los oficialistas triunfaron en distritos como Iquique, Arica (ambos en el norte), San Felipe-Los Andes (centro), Linares-San Carlos, Villarica-Loncoche (centro-sur),53 los cuales son clasificados como rurales. Aunque la victoria de los oficialistas no alcanzó a rebasar 60 por ciento como sucedió en algunos casos con la Concertación (de 44.1 a 54 por ciento, su mayor porcentaje) concierne a más de la mitad de los votantes chilenos.

Si se toma en cuenta que, según estudios de la CEPAL y autores ya citados como Garretón, Arriagada, Atria, Maira, entre otros, la clase media en Chile es principalmente urbana, podemos concluir que su participación en el plebiscito de 1988 y las subsecuentes elecciones presidenciales de 1989, influyeron en el proceso de redemocratización de Chile, ya que su voto legitimó la llegada de la Concertación al poder y el liderazgo de la Democracia Cristiana.

Sin embargo, la Concertación siempre actuó con las manos atadas:
“The prospect that, at any moment, the military might again interfere with politics introduced an element of uncertainty and resignation into the campaign that could not be ignored”54.

Por lo tanto, el plebiscito de 1988 se puede catalogar como un voto masivo e incertero. Previamente a éste, nunca se hicieron saber los acuerdos claves, y secretos, por medio de los cuales la Concertación logró el permiso de la Junta para organizar las elecciones presidenciales55 ni los cambios a la Constitución que certificaban que la Junta seguiría teniendo una enorme incidencia en la agenda política del país.

Por otro lado, la recuperación económica tuvo como consecuencia una verdadera paz social, que irónicamente para el régimen, se dio en medio de una simbiosis con el renacimiento de la oposición. Al respecto, cabe remarcar la importancia de la economía sobre el acontecer político:

“The crisis of confidence that befell the military rulers after 1981 offered the partisan opposition a breathing space to regroup their forces, establish common lines of action, and achieve program cohesion. Thus, when the government recovered in 1986 the opposition was much better prepared for a confrontation than it had been at the end of the 1970s. A decade later, the opposition had abandoned its defensive position and challenged the government to justify its actions and test the support of those who, in 1978 and 1980, may not have been free to dissent. The solidity of that support was to be tested in the congressional and presidential elections of 1989”56.

Para 1985, el total de la población chilena era de casi 12 millones57. En las Tablas 7 y 8, se observa que la de las ciudades chilenas rebasaba los 8 millones. Es decir dos tercios de la población en Chile de mitad de la década de 1980 era ya urbana .


Tabla 7: Población estimada en las ciudades principales de Chile. Diciembre 1985
Tabla 8. Cambios demográficos en Chile (1920-1960)

Capítulo 1. Antecedentes (¡23 cuartillas!)

En este primer capítulo se analiza el desarrollo de la clase media, en términos de participación y agenda política a partir del surgimiento del Partido Demócrata Cristiano y de manera particular durante el periodo presidencial de Eduardo Frei Montalva, periodo en el que podemos hablar de un empoderamiento de la misma.

Si bien el concepto de empoderamiento (empowerment) tiene una naturaleza polisémica hay un componente básico que es el del fortalecimiento de las capacidades existentes de un grupo determinado para alcanzar una impronta en las situaciones socio-económicas que las afecta, en el caso de la clase media chilena, tenemos un conjunto social heterogéneo que a través de una actuación más protagonista en la arena de la política (politización).

De manera específica, el periodo que precede la presidencia de Salvador Allende Gossens y, por ende, el golpe de Estado de 1973 es clave para la conformación de una clase media participativa, politizada que enfrentaría el largo y oscuro periodo de la dictadura y que conduciría el proceso político de transición democrática.

En este contexto, Eduardo Frei Montalva arribó a la Presidencia impulsado por el Partido Democracia Cristiana que él mismo contribuyó a fundar. Podemos decir que la aceptación de la clase media chilena hacia el liderazgo de Frei Montalva se debió a sus orígenes sociales, que le vinculaban con una familia provinciana perteneciente a este sector de la sociedad chilena, en la que se mezclaban las influencias de un inmigrante suizo reciente y una típica descendiente de las familias españolas de mediano rango, de mentalidad católica y tradicional.

“Cabía resaltar en Frei su capacidad para expresar la presencia ascendente de
las capas medias en la política chilena y la disposición de estos grupos para
ser la fuerza hegemónica de una alianza con sectores populares dispuestos a
actuar bajo su dirección. [Frei Montalva encarnó] tanto la tradición
aristocrática de los partidos tradicionales, como el espíritu obrerista de las
fuerzas de izquierda.”1

También influyeron su trayectoria académica, política y profesional; su formación en colegios católicos y en la Universidad Católica de Chile, la profesión que eligió (derecho) y la forma en que manejó y encaró sus primeros años de vida profesional, por ejemplo, al inicio de su carrera Frei entrelazó la abogacía con el periodismo en la norteña ciudad de Iquique.

El ex presidente encarnó la vereda recorrida por la mayoría de los intelectuales de las capas medias chilenas, quienes aspiraban a construir un espacio político que superara, no sólo en Chile, la posición de la fuerza que éstas adquirieron a nivel mundial durante la primera etapa de la Guerra Fría.

Además, Frei se destacó por su pragmatismo en la política, donde guardó alianzas estratégicas con sus contemporáneos más influyentes, a pesar de que para entonces, todavía no alcanzaban los puestos que los colocarían en la historia universal como íconos del siglo XX. Frei logró una visión prospectiva a mediano plazo que le permitió predecir el rumbo de la política y el orden mundial. Entre sus aciertos está el haber mantenido contacto con personajes como John F. Kennedy y Hubert Humphrey, cuando todavía eran senadores de Estados Unidos.

Al igual que muchos demócratas cristianos chilenos, fue reconocido en el sector académico y recibió numerosas invitaciones honoríficas en instituciones de Estados Unidos. En estos mismos centros de pensamiento sembró las bases y las relaciones necesarias para que “sus muchachos”, los Chicago boys2, pudieran colocarse en un lugar privilegiado al realizar sus estudios de posgrado en reconocidos centros de educación superior estadounidenses, principalmente la Universidad de Chicago3, a la cual deben su mote, aunque también asistieron a Yale y Harvard.

En medio de un proceso electoral bastante cerrado, planteó una campaña que logró captar el apoyo de las clases medias, lo que se sumó al apoyo de los grupos de derecha que decidieron apoyarlo para impedir el arribo de Allende a la presidencia.

Los intereses económicos, sobre todo de algunas empresas estadounidenses y británicas en los sectores mineros, agroexportadoras y de comunicaciones, contribuyeron a la desinformación y el encono que reflejaría en una polarización social que en uno de los bandos contaba con los principales capitales nacionales y corporativos, aquellos que habían controlado las riquezas nacionales y que veían amenazados sus intereses personales bajo el modelo que los socialistas proponían.

Sin embargo, la capacidad intelectual de Frei Montalva y la agenda demócrata cristiana no fueron suficientes para cumplir las crecientes demandas de los distintos sectores sociales, fortalecidos a raíz de las políticas desarrollistas que caracterizaron a América Latina en estos años.

Entre sus principales acciones de gobierno, destacan medidas que tenían como fundamento la redistribución del ingreso en Chile. En parte por la agenda propia de gobierno pero también debido al ascenso de la izquierda socialista. En este rubro se encuentra la creación del programa “Promoción Social” en el que se otorgaban recursos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad para incrementar su calidad de vida: mejorar la alimentación de los más pobres, otorgar desayunos escolares, y promover la mejora o construcción de caminos y escuelas.

En el plano de las políticas hacia la organización social se promovió la creación y el fortalecimiento de las “Juntas de Vecinos”, por medio de las cuales, se intentó involucrar a la gente a la política. Esta medida fue una de sus políticas fallidas, debido a que la agenda del Partido Demócrata Cristiano planteaba un esquema clientilista, de acuerdo con estas asociaciones, limitándolas a su participación en el ámbito electoral, sin embargo menospreció la capacidad política de estos grupos que pugnaron por mayores capacidades en el plano de la definición e implementación de las políticas públicas, más que en considerarse simples grupos de presión política. La izquierda socialista aprovecharía estos espacios y serían uno de sus mayores apoyos en los años siguientes.

Destaca, también, la continuidad de la Reforma Agraria que comenzara su antecesor Jorge Alessandri (1958-1964), proyecto que se presentaba como uno de los más ambiciosos de su gobierno y que, de manera paradójica, significó una de las principales razones para la pérdida de votos en las elecciones de 1970, principalmente debido a que Frei repartió menos de la mitad de las tierras comunales que se proponía.4

Así que, desde la Reforma Agraria, en la que aseguró que, para el final de su mandato, distribuiría tierras a los campesinos, debido a la oposición de los grandes terratenientes, las políticas clientelares hacia las juntas de vecinos y su falta de contundencia en cuanto a los inversionistas extranjeros del sector minero, la administración de Frei se caracterizó por un proceso incontrolable de polarización social, reflejada en las elecciones legislativas de 1969. Su gestión no logró que su partido repitiera el triunfo de 1964. Al mismo tiempo, y de manera involuntaria, posicionó a Allende y a la izquierda como la opción para resolver los problemas pendientes de Chile.

“The March 1969 congressional elections had been basically a popularity test for
Christian Democracy after four years in government. Besieged by a left that was
not satisfied with the social economic reforms and an estranged right that
feared more structural changes”.5

La mayor prueba de la falta de confianza en la Democracia Cristiana, en cuanto a la satisfacción de las expectativas de la población, terminó en una avasalladora caída en el voto en tan sólo cinco años en el poder. Frei llegó a la presidencia con 43.6 por ciento del voto nacional en 1964; para las elecciones legislativas de 1969, esta cifra bajó más de 10 puntos, otorgando a su plataforma el 31 por ciento de los votos a nivel nacional.6

En este punto, grupos conservadores, sectores oligárquicos, militares, y sobre todo, el proyecto económico de libre mercado liderado por los Chicago boys se enfrentaría, en medio de la Guerra Fría, a la clase trabajadora, parte del estudiantado, y movimientos sociales que respaldaban el proyecto de Allende.

Por otro lado, la Unidad Popular constituía una alianza de partidos representativos de la clase obrera (tabla 1, en anexos), el campesinado, grupos populares urbanos, así como células de la sociedad civil de grupos progresistas minoritarios. Sin embargo, se mantenía una alianza que vinculaba el funcionamiento de masas trabajadoras organizadas con los partidos socialista y comunista. Además, destaca el papel del sector minero y primario industrial tanto por su dimensión numeral como por lo estratégico de estos sectores para la economía nacional.

Para 1970, Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile precedido por una campaña por demás polémica, como reflejo de la situación que vivía Chile en esos momentos. Las cifras finales son un indicador de lo cerrada que fue la elección en ellas se muestra que la Unidad Popular, abanderada por Allende, obtuvo 36.2% de los votos, seguido por el Partido Nacional, de Alejandro Alessandri Rodríguez, con 34.9 puntos, y la Democracia Cristiana de Rodomiro Tomic, con 27.8.7

Principalmente, fue el Programa de la Unidad Popular, plan de gobierno planteado por la alianza de izquierda, que lo llevó a lograr el apoyo de las clases bajas y medias. Este programa estaba basado en la profundización de la democracia, esto es, se basaba en trabajar por un nuevo orden institucional que tuviera como objetivo el orden socialista en chile: “La vía chilena al socialismo”.

A pesar de la oposición de la derecha y las élites económicas de Chile, Salvador Allende llegó al poder sin la mayoría en la provincia de Valparaíso (de alta densidad poblacional) ni en el área metropolitana de Santiago. Así mismo, no contó con el voto mayoritario de las mujeres a nivel nacional8, quienes conformaban el 51 por ciento del total del electorado nacional.

“En verdad el impacto del Frente Popular resultó decisivo en la evaluación
política chilena: el inicio de la industrialización alteró la estructura de
clase ampliando el papel de los trabajadores urbanos y aceleró el proceso de
modernización y urbanización, constituyendo a la liquidación de los núcleos de
poder latifundistas. (…) [Al respecto, es importante destacar que aunque el
proyecto populista de principios de los años cincuenta de Carlos Ibáñez del
Campo (1952-1958) falló], éste da cuenta de muchos factores de agotamiento del
sistema político chileno y prefigura las limitaciones de un programa reformista
que, posteriormente, la Democracia Cristiana probaría en toda su intensidad”9.

La victoria electoral de Allende se debió en parte a la creciente participación política de las clases media y trabajadora. Paradójicamente, el proyecto de promoción organizativa en los barrios había demostrado cierto hartazgo de la población por el tradicional sistema de partidos y su intención de buscar en la organización microsocial la respuesta a los problemas sociales, y por otra parte, al incumplimiento de las promesas de su antecesor, más que a una alineación y a un convencimiento por parte de la sociedad hacia la izquierda.

Durante su administración (1970-1973), Allende intentó compensar las carencias y crecientes demandas del pueblo chileno. Sin embargo, las expectativas eran altas, lo que hacía parecer todo esfuerzo insuficiente. Además, muchos de estos esfuerzos lo enfrentaban directamente con las clases propietarias, por ejemplo, en el sector agrícola:

“La ley agraria estipulaba que los propietarios podían reivindicar una parte de su finca: este 'derecho de reserva' cubría a lo máximo 80 hectáreas de regadío. De este modo, de una superficie de 150 hectáreas, 40 o 50 hectáreas irrigadas se dejaban al patrón, y el resto era entregado a los trabajadores agrícolas, y era muy raro que la reserva alcanzara efectivamente las 80 hectáreas.”10

A partir de este hecho, se podía anticipar el descontento de cualquier propietario al verse obligado a entregar más de la mitad de sus tierras. Sin embargo, la medida tenía un trasfondo en el programa de gobierno de la Unidad Popular y la vía chilena al socialismo.

La reforma agraria perseguía 5 objetivos principales: a) un cambio rápido en el sistema de tenencia de la tierra, eliminando los latifundios y estimulando la creación de cooperativas y otras formas socialistas de producción agrícola; b) un cambio en las relaciones entre la agricultura y el resto de la economía, aumentando la producción y la productividad y eliminando el desempleo rural, mientras se mejoraban los ingresos agrícolas en relación con los demás sectores; c) el estímulo a la participación democrática del campesinado a todos los niveles de la toma de decisiones mediante consejos campesinos y otras organizaciones; d) la planificación y reorientación de la producción agrícola para utilizar mejor alas ventajas económicas y naturales de las principales regiones geográficas del país; y e) la eliminación del atraso y el aislamiento de los grupos rurales más pobres, tales como los comuneros del norte chivo y los mapuche.11

En otros sectores, como el minero, el enfrentamiento con los propietarios no fue tan drástico, si bien no se repartieron los yacimientos entre los obreros, las políticas de apoyo a este sector (reformas para que los trabajadores gozaran de mayores beneficios y se expandieran los derechos laborales) significaron serias reducciones en las tasas de ganancias para las clases propietarias.

Pero, sobre todo, debemos resaltar que el enfrentamiento político principal era con las corporaciones extranjeras. En un breve plazo, nacionalizó industrias básicas, sin indemnización de por medio, extendió las libertades y derechos democráticos, e incorporó a Chile al grupo de naciones “no alineadas” enfocando sus esfuerzos en la lucha solidaria contra el retraso y la dependencia económica y política.

En este sentido, la nacionalización de la industria extractiva del cobre, hierro y salitre las que suscitaron mayor escozor entre los capitales foráneos. El 16 de julio de 1971, se aprobó la Ley 17450, reforma constitucional de Salvador Allende para proceder a la nacionalización de las empresas mineras del cobre y de la Compañía Minera Andina.

“No sólo había inflación de más de 300% en un mes, también había un déficit
fiscal enorme, al punto que los ingresos a penas financiaban el 47% de los
gastos totales del fisco. El aparato productivo estaba desquiciado por un
conjunto de factores económicos, políticos y sociales. Entre los primeros, cabe
señalar el déficit de empresas estatizadas bajo el gobierno de Allende equivalía
a 1.5 veces la cantidad de dinero existente en la economía en diciembre de
1972.”12

El problema fue que el gobierno de Allende no logró consenso, o ejercer su poder político por sobre el de los grupos afectados, que contaron con el apoyo de las oligarquías, el sector militar, la ayuda extranjera y parte de la clase media.

Los grupos dominantes de los principales sectores económicos en Chile, principalmente terratenientes (oligarquías nacionales) y corporaciones mineras (transnacionales extranjeras) resultaron afectados por las reformas y los planes de gobierno; aunque habría que resaltar que su programa político buscaba la reconciliación de la sociedad chilena por medio de la justicia social y pretendía compensar la marginación heredada desde tiempos de la independencia, más de un siglo atrás, lo cual, en palabras de Brian Loveman, fue la herencia del capitalismo español implantado durante la Colonia y seguido por la independencia de la región.13

A partir de los primeros meses de gobierno de Allende, varios empresarios buscaron provocar el caos económico y la sensación de que existía una profunda ingobernabilidad y falta de rumbo en el país a través de medidas como la reducción de los niveles de producción o el despido de trabajadores sin justificación, el cierre de fábricas o sacaron sus capitales del país.

La oposición al gobierno de Allende era de 62%14, cifra que en parte se explica por la situación económica de su administración, caracterizados por las huelgas de las minas de cobre y salitre, así como la furia de latifundistas, empresarios, e inversionistas extranjeros, quienes, junto con sus gobiernos (principalmente Estados Unidos), llevaron a cabo los acuerdos necesarios con la Junta, que encaminarían al golpe de Estado realizado el 11 de septiembre de 1973.

Para principios del último año en que gobernó Allende, su presidencia había afectado a más del 30% de la industria manufacturera y más de la mitad del conjunto de la producción minero-industrial, incluyendo, además de las empresas mixtas de la minería del cobre, la Compañía Chilena de Electricidad y de la Compañía de Teléfonos de Chile, antes filial de la International Telephone and Telegraph (ITT). Asimismo, 90% del crédito estaba bajo el control público, por intermedio de la Banca nacionalizada y el Banco Central de Chile.15

En cuanto a la cuestión política, autores como Brian Loveman señalan que el fracaso de Allende se debió principalmente a las “malas políticas”:

“Whatever the full extend of US complicity in the tragedy of September 11th,
1973, and whatever the impact on international economics, the most critical
factor of all the failure on Allende's administration was bad politics. Bad
politics—the spouting of revolutionary rhetoric without the force to impose a
revolutionary program—produced a politico-economic crisis. Bad politics
prevented coalitions and compromise with the Christian Democrats, the small
shopkeepers, the truckers, the beneficiaries of the Frei agrarian reform—in
short with all the elements of the middle strata, working class and peasantry
who had nothing to loose and much to gain by an attack on economic monopolies
and foreign corporations. (...) [Allende also failed] by pursuing an illusion
that threatened the livehood of broad sectors of the population.”16

En cuanto a la oposición política, el actor principal fue el PDC, que durante el gobierno de Allende tuvo un papel opositor por demás activo, que podemos dividir en tres etapas: oposición constructiva, oposición constitucional y elecciones parlamentarias (marzo de 1973).

La primera, como su nombre lo indica, correspondió a un proceso de construcción, planeación y formulación de una oposición fuerte, pero sobre todo efectiva, que le permitiera al partido regresar al poder de manera legal. Se precisaba de un desequilibrio suficientemente grande para sacar a Allende de la presidencia y, al mismo tiempo, controlable para el partido.

“Cuando ‘oportunamente’ la Junta de Gobierno haya entregado ‘el poder político a
quienes el pueblo elija… las Fuerzas Armadas y de orden asumirán, entonces, el
papel de participación específicamente institucional que la nueva constitución
les asigne, y que será el que debe corresponder a los encargados de velar por la
Seguridad Nacional’. (…) Los dos textos que mejor expresan la ideología invocada
por el gobierno al asumir el poder son el Bando No. 5 y el Decreto de Ley No. 1
que constituye la Junta Militar. Ellos señalan las razones invocadas por los
militares para arrogase 'el deber moral que la Patria les impone de destituir al
gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad
flagrante'”.17

1.2. El golpe de Estado y la dictadura

Después de la victoria de Allende, en 1970, los sectores políticos más reaccionarios unidos a altos mandos de las fuerzas armadas prepararon un plan para evitar que asumiera como presidente. Se trató de hacer imposible su proclamación por el Congreso o desencadenar el golpe a través de una intensa campaña mediática, que advertía los peligros de la llegada de un gobierno “marxista”. Este intento, fracasó finalmente, principalmente ante la posición del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, lo que finalmente le costaría la vida.

Finalmente, después de tres años y ante el fracaso de cada uno de los intentos por desestabilizar a la sociedad chilena, la cúpula militar, apoyada por la CIA, y la oligarquía nacional decidieron poner fin al gobierno democrático de Salvador Allende. Además del apoyo de Washington, canalizado a través de la CIA, países europeos, como Francia e Inglaterra, participaron directa e indirectamente en el golpe.

En este sentido, la Administración Internacional para el Desarrollo (AID), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BIRD), disminuyeron progresiva y rapidamente los préstamos hasta desaparecerlos.

El 11 de septiembre de 1973 el orden constitucional chileno se rompió, las contradicciones y la polarización política llegó a un punto de quiebre y se lanzó un ataque fulminante contra el Palacio de la Moneda. Ese día, Allende llegó a las 7:30 la sede presidencial, listo a defender su gobierno. Sin embargo, dos horas más tarde, la fuerza aérea lanzó un ataque a estaciones de radio y canales de televisión sumiendo a la población en la total incertidumbre. Poco después, el recinto fue bombardeado. Para las 13:00, Allende se había suicidado.18

La primera acción de los golpistas fue el Decreto de Ley No. 1, principal justificación jurídica del golpe y documento que legitimaba a la Junta como gobierno constitucional de Chile. El gobierno que ahí se decretaba se conformó en un primer momento por el general Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército; el Almirante José T. Merino Castro, Comandante en jefe de la Armada; el General Gustavo Leigh Guzmán, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; y el General Cesar Mendoza Duran, Director General de Carabineros.

Esta dictadura prevaleció 17 años sostenida, en sus primeros años, por políticas represivas que a su vez garantizaron la inexistencia de una oposición a éstas y al libre mercado, impulsado e implandado gracias a los Chicago boys, grupo en el que destacan nombres como Jaime Guzmán, Álvaro Bardón, Sergio de Castro, Pablo Barahona, y Ernesto Fontaine.


1.2.1. La política económica del régimen

La economía fue la razón de ser de la dictadura. En un principio, la justificación eran los errores económicos de la política económica de Allende, defendiendo el dogma del libre mercado. En este lapso se enfatizó la defensa de los intereses económicos de la industria del salitre y el cobre, la posibilidad de perder el flujo de ganancias hacia las matrices de las empresas mineras extranjeras. En este contexto, también, se defendió la integridad de las enormes propiedades de los terratenientes y los esquemas cuasi esclavistas de trabajo de la tierra.

La dictadura se dividió en cuatro grandes etapas económicas: la reconstrucción de la economía, de 1973 a 1976; el “milagro chileno”, de 1977 a 1981; la crisis, de 1982 a 1986; y, finalmente, la reestabilización (de 1986 a 1989). Esta división es importante, ya que van de la mano de los procesos más significativos de la oposición.

En la primera etapa, el ejército tomó fábricas y universidades por la “caravana de la muerte”, escuadrón militar que recorrió el territorio chileno con la orden específica de eliminar a lideres obreros, estudiantiles y cabecillas del partido comunista, llevando la represión al interior del país19, desarticulando toda forma organizativa, que en la perspectiva económica, reprimía la realización y la libertad del individuo.

Durante estos años, la Junta decretó las primeras privatizaciones, se permitieron nuevas y avanzadas formas de especulación financiera, se abatieron las barreras arancelarias y se recortó el gasto público 10% (a excepción del gasto militar, que aumentó). Asimismo, se eliminó el control de precios en un país que se caracterizaba por su regulación férrea en productos de primera necesidad, como el pan y el aceite.

La segunda etapa fue conocida por los librecambistas como el milagro chileno, donde la dictadura pareció erradicar a la oposición y, por primera vez, se gozaba de una cierta legitimidad, entre los chilenos, quienes se empezaban a recuperar de los golpes económicos de recorte al gasto, y a encontrar mayores entradas de recursos en sus hogares. La golpeada clase media inició un lento periodo de recuperación que sería a la postre cuestión fundamental de reorganización de la sociedad civil.

Entre 1982 y 1986, cuando los efectos de una crisis económica generalizada se volvieron a sentir en América Latina, comenzaron las primeras protestas masivas en las calles de Santiago, conocidas como “cacerolazos”, así como los primeros llamados a huelga desde el golpe, prohibidas por la Constitución de 1980 20.

“las protestas, cuando la ciudad de Santiago y algunas de provincias, especialmente en los barrios pertenecientes a la clase media y media alta, fue estremecida por un ruido ensordecedor de cacerolas y bocinas de automóviles que expresaban malestar contra el gobierno”21.

Los cacerolazos de 1983 surgieron de manera simultánea a la crisis de principios de los 80 que azotó a la región, y destruyó su economía. “En 1982, el producto nacional cayó 14,7 por ciento y la cesantía superó el 25 por ciento de la fuerza de trabajo. (…) A su vez, la crisis del sector financiero cobró una dinámica que daba vértigo”.22

En la última fase económico de la dictadura, la reestabilización, la sociedad volvió a sentir estabilidad económica bajo la tutela de Hernán Büchi, líder de los Chicago boys, Ministro de Economía de 1986 a 1989 y abanderado del oficialismo en los comicios de 1990. Para entonces, el régimen comenzaba a perder simpatía entre las potencias que, si bien no le apoyaban políticamente, se veían inmersos en un proceso de reestructuración política que pujaba por la democratización de Europa del Este, por ejemplo, hecho que era incompatible con un apoyo a regímenes como el de Pinochet.

Entre 1987 y 1990, se inicio el periodo de transición, razón de ese estudio, coincidente con Además, el declive del comunismo, representado con la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989.

1.2.2. Oposición y debacle del gobierno dictatorial

A su llegada, el gobierno militar eliminó la oposición que cuestionaría la legitimidad del régimen. En este sentido, el detractor más fuerte del régimen, el Partido Democracia Cristiana fue debilitado, pese a que la mayoría de los militantes apoyó el golpe esperando que fuese en la transición que prometió la Junta donde se les recompensara por su lealtad.

Una fracción de esta agrupación política intentó trabajar con la derecha y el ejército proveyendo sus bases, el voto duro de sus más fieles y constantes militantes; “aportó masas y el trabajo de agitación que hicieron posible el golpe de estado que acabó con la democracia liberal chilena”.23

Aunque el PDC colaboró con el golpe de Estado liderado por Pinochet, al cabo de tres meses, después de más de 2 mil desaparecidos, el partido decidió deslindarse de la Junta Militar y declarar su desacuerdo ante la ola de violaciones a los derechos humanos.

La Junta, argumentando “tiempos de guerra”, violó los artículos de la Constitución de 1925, la cual aún regía en Chile. Las relaciones entre el régimen y la Democracia Cristiana (DC) se deterioraron conforme se fue minimizando la participación del partido en las toma de decisiones.

A partir 1974, la Democracia Cristiana se convirtió oficialmente en oposición con todas las restricciones que el contexto imponía a los “traidores”: persecución, asedio, minimización de cualquier actividad y expresión política, así como social. Dentro de este grupo se encontraba la Iglesia católica. En conjunto con la anterior, se crearon el Comité Pro-Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Ambas tenían como objetivos principales la asistencia social y la asesoría religiosa y, en algunos casos, jurídica a personas con escasos recursos y familias de desaparecidos.

En diciembre del mismo año este agravamiento llegó a su límite cuando “The Junta exiled Renán Fuente Alba—senator in recess and ex president of the Christian Democratic Party—for publicly declaring that the Junta violated, and was still violating international recognized human rights”.24

A partir de este momento, el Partido Democracia Cristiana pasó de ser un pasivo testigo a un persistente crítico del régimen. Bastó un par de observaciones negativas para que la Junta Militar vetara al partido, al igual que al resto de la oposición, dentro y fuera de territorio chileno.

“En Massachussets Avenue, Washington DC, el automóvil en que viajaba Orlando
Letelier, ex Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende,
y su ayudante norteamericana Ronni Moffit, estalló a consecuencia de un atentado
terrorista con una bomba de alto poder colocada en el vehículo. Víctimas del
crimen fallecieron Letelier y Moffit.”25

No fue hasta 1980, que la Democracia Cristiana y otros grupos contrarios al régimen, volvieron a salir a la luz. Durante este año, se llevó a cabo el plebiscito en el que se consultó a la población su opinión sobre la adopción de una nueva constitución que legalizaría y consolidaría la supremacía y el poderío de la Junta Militar. Este prolongaría la estancia de Augusto Pinochet (por lo menos ocho años) a la cabeza de Chile.

A pesar del terrorismo de Estado, unos años después se sufrieron las coyunturas políticas y los cambios en el contexto internacional26 que determinarían el regreso de la sociedad civil chilena a las calles, en señal de protesta. Su reaparición sentó las bases que obligaron a la Junta a ceder ante la presión y las demandas de democracia y respeto a los derechos humanos de la sociedad, para finalmente organizar el plebiscito de 1988 en el que se preguntaba a los chilenos si querían o no que la Junta siguiese gobernando el país otros ocho años.

Sin embargo, se debe dejar claro que la transición no comenzó el 5 de octubre de 1988, día del plebiscito, cuando los chilenos gritaron “No” a través de las urnas ante la pregunta “¿quiere usted que el General Augusto Pinochet se quede ocho años más en el poder?”27 Este proceso inició desde la primera vez que los chilenos se lanzaron a las calles de los barrios clasemedieros a encarar al régimen.

Todo esto se combinó con un cambio en el papel que de apoyo a la dictadura que habían tenido desde el golpe Estados Unidos de manera tácita, pero también las naciones europeas. A pesar de las condenas en foros internacionales, ninguna cortó lazos comerciales con el país sudamericano y peor aún, durante los primeros meses del golpe, al contrario de países como México (cuya labor humanitaria hacia las víctimas de los peores meses de represión es aún reconocida entre los chilenos), no hicieron nada para rescatar a los perseguidos políticos. Con su silencio contribuyeron al establecimiento del régimen.

Después del plebiscito de 1980, a medida que los avanzaban, el Partido Comunista se radicalizó y lanzó consignas de todas las formas de lucha. Durante esos años, y a pesar de la renuencia del régimen a aceptarlo, existía una inestabilidad generalizada en el país, no sólo en el sentir de la gente con respecto a la política, igualmente en la economía.

Se declaró estado de sitio en todo Chile, y se prorrogó, salvo breves períodos, hasta 198728, lo que significó la sustracción de la justicia ordinaria y el traspaso a jurisdicción militar de tiempo de guerra; el conocimiento y decisión de las causas por infracción a las normas del estado de sitio.

En tanto, el acceso a la educación tuvo un aumento numéricamente considerable, pero los chilenos tenían un limitado acceso a la información. Se prohibía la entrada de libros y señales de televisión “peligrosas” ya que se podría inducir al comunismo a la población y hacer de cada chileno el enemigo interno que todos evitaban y a la vez, buscaban delatar. Unos de los sectores más vulnerables fueron los jóvenes.

“al menos 80 niños de 15 años o menores murieron a consecuencia de represión
violenta o de disparos directos. Jóvenes de entre 16 y 30 años representan más
del 62% de las víctimas de la represión. Al menos 68 menores de edad y jóvenes
figuran entre los desaparecidos. Al menos 691 niños quedaron huérfanos cuando
sus padres fueron detenidos y posteriormente desaparecidos. Un 24% de los
desaparecidos fueron aprehendidos en la calle y un 28.5% fueron sacados de sus
propias viviendas.”29

1.3. El Contexto Internacional

En América Latina, la Democracia Cristiana tuvo mayor incidencia a partir de la década de 1990 ya que primero se gestó en Europa y se copió e intentó adaptar a la realidad latinoamericana -al igual que muchas formas de gobierno, como el caudillismo nacido en toda América Latina; la diferencia entre ellos radicó en que, al igual que en el siglo XIX, durante la consolidación de las independencias en todo el continente, corrieron por cuenta del desarrollo de las fuerzas militares en cada país. Uno de los factores comunes que se guardaron fue el liderazgo casi profético que encerraba a cada personaje en su respectivo país: los “caudillos”.

Sin embargo, las dictaduras en América Latina carecieron de

“elementos fundamentales del proyecto fascista clásico (inexistencia de partido
fascista, falta de proyectos corporativistas o de organizaciones de masas para
canalizar el apoyo social de una pequeña burguesía de los grupos menos
concientes de la clase obrera y del campesinado), (...) [a pesar de contar con]
rasgos comunes con Alemania e Italia [y por lo que se denomina a estos regímenes
como dictaduras de corte fascista] de entreguerras: desarticulación de la clase
obrera y las organizaciones políticas que la expresaran.”30

Si bien el corte fascista en América Latina no fue idéntico al de España e Italia, con Francisco Franco y Benito Mussolini, la influencia del catolicismo ortodoxo y férreo fue un común denominador, igual de importante para la implantación de todas las dictaduras en la región.

Otro factor básico en la implantación y desarrollo de esta nueva generación de dictaduras militares en Sudamérica fue la línea por la que se encaminaban las relaciones internacionales durante la Guerra Fría por parte de las potencias económicas y políticas, Sobretodo en el proceso de distensión entre Richard Nixon (1969-1974), de Estados Unidos, y Leonid Brezhnev (1964-1982), de la Unión Soviética.

La teoría económica neoclásica fue retomada y corregida de acuerdo con las necesidades de ese momento, en especial en sus concepciones friedmanianas, de donde deriva el neoliberalismo y los encargados de implantar dicha corriente económica: los tecnócratas. Durante la etapa referida, se formaba el nido que vería romper los cascarones de los huevos del libre mercado sin restricción alguna y el neoliberalismo crudo y avasallador que naciesen en la década de 1980, como causa y consecuencia (de manera simultánea) de la década perdida en América Latina.

A partir del fin de la Guerra Fría, el mundo recibió de manera forzosa otro tipo de problemas relacionados con la identidad. Una vez que los países industrializados, especialmente Estados Unidos, obtuvieron todos los beneficios de las dictaduras (que ellos mismos implantaron) y a sus líderes se destronó una a una, argumentando en la mayoría de los casos la necesidad de respetar los derechos humanos.

Para finales de los 80, el proceso que dio pie al final de las dictaduras ya había iniciado; éstas cayeron en una suerte de efecto dominó. Algunas terminaron de manera más sangrienta que otras; muchas sumaron cientos de miles de muertos, principalmente civiles que poco o nada tenían que ver con las pugnas de poder desarrolladas desde las esferas más altas de las sociedades de sus respectivas naciones.

1.3.1. Los tecnócratas en América Latina
Los tecnócratas en América Latina comenzaron a dominar a partir de los 80, pero su gestación se dio con el otorgamiento de programas de becas de países desarrollados a economías emergentes para estudiantes destacados en la década anterior. El plan consistía en que éstos llegarían a ocupar importantes puestos dentro de las estructuras gubernamentales, y serían los encargados de tomar decisiones.

En América Latina, la mayoría de los tecnócratas estudiaron en prestigiosas universidades como Yale (Ernesto Zedillo, de México), Harvard (Carlos Salinas de Gortari, también de México) o la Universidad de Chicago (Hernán Büchi, de Chile). Dichos personajes, su formación y su manera de hacer política contrastaron con sus predecesores, ya que formaron la generación que siguió a los caudillos: militares de rangos medianos con gran capacidad de negociación, pero con un nivel de educación bajo.31

Como parte de esta nueva etapa se incluía la implantación de las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los países del subcontinente.

Tanto la CEPAL como la Organización de Estados Americanos (DEA) delimitaron un marco jurídico necesario para la institucionalización del poderío de Estados Unidos y la misma dependencia (la cual se analizaría más tarde en la Teoría de la Dependencia desarrollada en los 70) de los países latinoamericanos que se confirmó en la referida “década perdida”. A partir de los 80, nacieron un marco jurídico y las situaciones idóneas para que se implantase el libre mercado en América Latina, Asia y África.

Para ese periodo, las dictaduras latinoamericanas dejaron de ser funcionales; lo habían sido para aplicar mano dura y lograr controlar “por la razón o por la fuerza”32 a la población y marcar la vereda que le neoliberalismo habría de seguir en las décadas siguientes y, de esta manera, implantar un nuevo orden mundial (político y económico) que se alcanzaba a percibir ya a partir de la inminente caída del bloque soviético, pero con la inminente caída del Segundo Mundo, su mantenimiento resultaba inoperable e inútil.33

Lo que es importante destacar en este apartado es la procedencia de los recursos que financiaron tan monumental proyecto, así como la instauración de verdaderos monstruos administrativos, en los gobiernos de cada país.

Protocolo

Enunciado:
El papel de la clase media en el proceso de transición democrática en Chile (1987-1990)

Planteamiento del problema

La redemocratización de Chile fue el resultado de la misma catarsis del modelo democrático en el país, la cual comenzó la mañana del 11 de septiembre de 1973, con un bombardeo a la residencia presidencial de Chile, el Palacio de La Moneda, que dio inicio a una dictadura encabezada por Augusto Pinochet que duraría 17 años. Durante este lapso, Chile transformó su constitución, sus instituciones y su sociedad en repetidas ocasiones.

La llegada de las Fuerzas Armadas fue propuesta como un periodo transitorio en lo que se restablecería el orden pre-Allende, en el que la pirámide social iba ensanchando su base y delimitando su punta. Siguiendo los lineamientos y requisitos que la democracia a la usanza occidental, donde se propone que la convocatoria a elecciones es suficiente para cumplir con los requisitos de la democracia,1 se convocó a un plebiscito a nivel nacional en 1980.

Fue la primera vez que, al intentar legitimar el régimen y las medidas que indirectamente segregaban a la población, la Junta Militar pretendió llevar a cabo una jornada electoral democrática y la población chilena siguió el juego fingiendo que daba su verdadera opinión sin temor alguno a cualquier represalia proveniente del Estado.

En la consulta de 1980, preguntó a la población si avalaba la permanencia del general Augusto Pinochet en la presidencia de Chile, así como la puesta en vigor de una nueva Constitución de la que poco sabían.

En dicho documento, se limitaban los derechos políticos y se institucionalizaba un periodo presidencial de 8 años y la reelección indefinida del mandatario en turno. El acto de 1980 pasó con una considerable oposición, dadas las circunstancias, pero sin la suficiente fuerza que presionaría al régimen para retirarse del poder2.

Numerosos trabajos e investigaciones han revelado que este plebiscito tuvo un nivel de participación relativamente alto. Sin embargo, el electorado chileno estaba más temeroso que convencido del beneficio de seguir con el régimen a la hora de emitir el voto.

Si bien la crisis económica más aguda sufrida en el Chile contemporáneo fue en los primeros años de la dictadura, para 1983, la sociedad, perceptiblemente fastidiada de ver decrecer su nivel de vida, salió a las calles en lo que ahora se conoce como la “primera protesta”. Esta primera muestra de repudio fue reprimida por carabineros y agentes encubiertos de la DINA (servicio de inteligencia del régimen). Hubo arrestos masivos, torturas y la sistemática violación de los derechos humanos en el modus operandi que caracterizaba ya a la junta.

Estas expresiones de la sociedad civil se vieron también influenciadas por el resurgimiento clandestino de partidos políticos que se rehusaban a desaparecer, así como por el nacimiento de las agrupaciones civiles de familiares de víctimas de tortura y de las famosas desapariciones forzosas.

Durante estos años, la sociedad chilena seguía con un malestar que no le permitía olvidar los acontecimientos desatados desde 1973, pero a la vez temía las consecuencias que cualquier levantamiento popular pudiese causar. Para marzo de 1985, las agrupaciones civiles, con miembros que en su mayoría provenían de la clase media chilena, salieron de nuevo a las calles a protestar en contra del régimen y de las políticas económicas y de represión que cada vez encarecían más a los hogares chilenos. Estas manifestaciones tuvieron como resultado un saldo de 375 detenidos en Santiago y más de 400 en todo el país.

En todas las protestas, hubo representantes de todos los extractos sociales de Chile, aunque los más numerosos eran los pertenecientes a la clase media. Además, cabe destacar, las marchas y los cacerolazos se llevaron a cabo en barrios tradicionalmente clasemedieros.

A partir de 1986, con la llegada de Hernán Büchi (de 36 años en aquel entonces) a la cabeza del Ministerio de Economía, los chilenos vieron su suerte cambiar y su calidad de vida incrementar, aunque, en realidad, sólo lograron recuperarse al mismo nivel de 1970 hasta 19923.

Por otro lado, las presiones cada vez más fuertes y recurrentes por parte de la comunidad internacional hacia el régimen en lo referente a la violación de los derechos humanos, cimentaron el camino para que los líderes de partidos que rigieron al país durante algunos lapsos del siglo XIX y durante todo el siglo XX hasta el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, lograrán realizar una exitosa campaña que promocionaba el “no” (a la permanencia de la Junta Militar) en el plebiscito de 1988. Dicha campaña fue exitosa y para 1988, las cifras reflejaron un descontento más claro que en 19804.

Con el “no” por delante, los organizadores de la laboriosa campaña, la mayoría provenientes de las cúpulas del partido Democracia Cristiana, se dieron a la tarea de concretar lo que sería la Concertación de Partidos por la Democracia, compuesta por 16 partidos que unieron sus fuerzas y su capital político para derrotar al régimen.

Se presume que en las elecciones, el mayor peso político lo tuvo la clase media al ser la que se encargó de la organización y la realización de las protestas de principios de los 80, las cuales sirvieron de antecedente del plebiscito de 1988. En este contexto, la clase media fue la que hizo la diferencia tanto en 1988 como en las elecciones presidenciales y legislativas de 1989 que llevaron a la Democracia Cristiana al poder. Pero no se debe confundir el peso político con el peso electoral.

Lo que realmente sucedió en Chile fue que los acuerdos se llevaron a cabo a puerta cerrada y la clase media fue utilizada como carne de cañón que legitimizaría todo el proceso al representar la voluntad del pueblo. Esto es lo que se plantea en la investigación y lo que se demostrará a través de un exhaustivo análisis del caso.

Justificación del tema

El objeto de estudio en esta investigación será la clase media chilena. Es importante estudiar el proceso por medio del cual, según medios e instituciones, fue protagonista. Sin embargo, veremos, a través de este análisis, que su participación fue limitada. Dicho proceso tiene como antecedente la total fractura y falta de identidad entre los propios miembros de este sector de la sociedad. La relevancia de estudiarla descansa en el hecho de que la clase media chilena es un ícono en la región.

En la redemocratización chilena, se dio una fachada ante la comunidad internacional, y ante la misma clase media, de plena participación y de una enorme influencia en el episodio de la historia chilena en su totalidad. Parecería que su actuación en la democratización de Chile fue la de un grupo social legitimizador durante las campañas y votos en la jornada electoral.

En el discurso, este extracto aportó líderes y la ideología que encaminó hacia la democratización. En este contexto, el trabajo que aquí se presenta revisará los acontecimientos y el desarrollo del proceso. Este estudio demostrará que las bases fácticas del movimiento no necesariamente tuvieron sustento en la clase media, y que su papel se limitó a la cantidad de votos que aportó dentro y fuera de su seno. Es decir, que la clase media chilena, lejos de ser actriz del proceso, fue una herramienta de las élites para su realización y legitimación.

Si bien las transiciones democráticas en América Latina se dieron en dos décadas, la mayoría albergan factores comunes que, según el caso, han sido elementos para su triunfo o fracaso, dependiendo del ámbito (económico, político y social). Cabe destacar que, en los últimos años, se han experimentado numerosas protestas contra el modelo económico implantado por estos regímenes democráticos a lo largo y ancho de la región. En mayor o menor medida, amplios sectores de estas sociedades cuestionan la legitimidad de sus respectivos líderes.

La trascendencia de este tema radica en el hecho de que Chile, potencia regional, ha registrado uno de los mayores crecimientos macroeconómicos de América Latina y ha intentado aplicar diversos programas para el combate a la pobreza, sin llegar al asistencialismo, contrario al resto de la zona. Sin embargo, no se ha logrado evitar, o al menos compensar, la polarización social que la nación ha vivido durante los últimos 30 años.

La meta de una investigación de esta índole es destacar la importancia de Chile en la región como uno de los líderes de América Latina. Además, este estudio contextualiza y explica la posición actual del país a través de un estudio de su pasado reciente.

Hipótesis

A finales de la década de 1980, la sociedad civil en Chile, liderada por la clase media, se organizó para, de diferentes maneras, repudiar el régimen dirigido por el General Augusto Pinochet desde 1973. Y pese a que el cambio no tardó ni un lustro en darse, ni las manifestaciones ni las gestiones del grueso de la población chilena fueron de los factores más importantes para que se diera el proceso de redemocratización en la potencia sudamericana.

Antes de llegar a conclusiones adelantadas y a sobrevalorar las acciones de la sociedad civil, se debe tomar en cuenta el contexto internacional y los actores clave en el cambio. Al estudiar este periodo específico de la historia latinoamericana, así como el desarrollo de la transición, sale a la luz que la clase media y los sectores más bajos de la sociedad chilena tuvieron un papel legitimador que llevaría a la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales de 1989. En este sentido, los acuerdos con la cúpula militar, se llevaron a puertas cerradas con las élites económicas y políticas en el país.

Método de investigación

En esta investigación, el método empleado es el deductivo, ya que a partir de un todo, representado por la sociedad chilena, se puede estudiar el papel que tuvo la clase media de la potencia sudamericana.

En cuestiones más técnicas, la compilación bibliográfica y hemerográfica serán la base del desarrollo de este trabajo. Sin embargo, también se contemplan entrevistas con personas involucradas en el proceso, en su mayoría expatriados chilenos, quienes directa o indirectamente se vieron obligados a salir de su país debido al régimen pinochetista.

Objetivos
Generales

1. Delimitar cronológicamente a la transición democrática en Chile.
   
2. Definir a la clase media por medio de datos estadísticos correspondientes al periodo a tratar.
   
3. Establecer cuáles los diferentes actores que intervinieron en el proceso de redemocratización de Chile.
   

Específicos (corolarios)

1. 
   Demostrar que, si bien la movilización de la clase media fue un factor clave para el levantamiento de la oposición para el plebiscito de 1988 y para las elecciones generales de 1989, el triunfo no se debió a ésta.
   
2. Situar a Chile como parte de América del Sur que a pesar de las recientes pugnas por el liderazgo de la región, aprendiendo de los errores del pasado y creatividad hacia el futuro puede llegar a ser la cabeza de la región.
   
3. Lograr hacer de este trabajo un antecedente de la realidad chilena actual y que se encuentre en esta investigación la causa de los acontecimientos recientes en Chile y su reflejo en América Latina.
   

Índice tentativo

El papel de la clase media chilena en la transición democrática (1987-1990)

Introducción
Capítulo 1. Antecedentes
1.1. Antes de la dictadura
1.2. La dictadura (1973-1990)
1.2.1. La política económica del régimen
1.3. Oposición y debacle del gobierno dictatorial
1.4.. Contexto internacional
1.4.1. Los tecnócratas en América Latina
1.4.2. El Nuevo Orden Internacional

2. Actores políticos en Chile
2.1. La Iglesia
2.2. Los partidos políticos
2.2.1. Partido Democracia Cristiana
2.3. La Clase media
2.3.1. Definición general
4.2. La clase media chilena urbana

3. ¿Empoderamiento o ilusión?
3.1. El plebiscito de 1988
3.2. Las elecciones
5.2 La democratización de Chile
5.3 Los resultados

Conclusiones

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