Anexos

Tabla n: Origen del Partido Demócrata Cristiano


1935

Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora


Fuente: Elaboración propia con base en, Belarmino Elgueta y Alejandro Chelén. Breve historia de medio siglo en Chile. En Casanova, Pablo (Coord.) América Latina: Historia de medio siglo. 2 ed. UNAM-IIS. México, 1979, pp. 231-290




Tabla n

Porcentaje de votos

Falange Nacional-Partido Demócrata Cristiano

1941
3.44
3
-

1945
2.47
4
-

1949
3.92
3
1

1953
2.87
3
1

1957
9.42
15
1

1961
15.93
23
4

1965
45.90
82
13


Fuente: Elaboración propia con base en los datos publicados en “La Democracia Cristiana en la Historia de Chile”. De Iván de la Nuez. 1989




Tabla 1

Producto Geográfico Bruto (PGB) por actividad económica,

1970-1988 (Millones de pesos de 1977)



1970
1975
1985
1988

Agropecuaria / Silvícola
23,113
25,050
30,612
36,780

Pesca
957
943
3,484
3,618

Minería
18,595
20,095
31,074
32,853

Industria Manufacturera
69,912
54,405
72,692
89,997

Construcción
21,141
14,147
20,593
24,454

Electricidad, agua y gas *
4,793
5,787
9,150
11,060

Transporte y comunicaciones **
13,765
13,262
19,961
26,485

Comercio ***
46,787
35,059
59,639
74,235

Otros ****
74,702
83,706
109,242
128,048

PGB Total
273,265 [sic]
252,454
356,447
427,530



Fuente: Banco Central de Chile (1989). Indicadores económicos y sociales 1960-1988. Santiago de Chile, p. 22. En Olave Castillo, Patricia, Chile: neoliberalismo, pobreza y desigualdad social, IIES (Instituto de Investigaciones Económicas)/ UNAM/ Miguel Ángel Porrúa Editor, México DF, 2003, p.111

* Incluye servicios sanitarios

** Incluye almacenaje

*** Incluye comercio al por menor

**** Incluye sector financiero, propiedad de vivienda, educación, salud, administración pública y otros servicios




Tabla 2

Embarques de exportación. 1970-1988 (Millones de dólares)



1970
1975
1985
1988

Mineros
950.4
1,075.4
2,345.2
4,100.1

Cobre
839.8
890.4
1,760.7
3,375.3

Industria agropecuaria y del mar
32.8
86.1
501.8
861.2

Industriales (en general)
128.5
390.6
975.8
2087

Industria de alimentos
28.7
101.8
488.4
953.4

Industria de maderas
8.9
25.2
73.4
210.3

Industria de papel y celulosa
33.3
93.7
210.4
417.1

Total
1,111.7
1,552.1
3,822.8
7,048.3



Fuente: Banco Central de Chile (1989). Indicadores económicos y sociales 1960-1988. Santiago de Chile, p. 362 en Olave Castillo, Patricia, Chile: neoliberalismo, pobreza y desigualdad social, IIES (Instituto de Investigaciones Económicas)/ UNAM/ Miguel Ángel Porrúa Editor, México DF, 2003, p.112.




Tabla 3

Formación bruta de capital fijo, 1960-1988 (porcentaje del PGB a precios de 1977)

Años
%

1960-1970
20.2

1975
15.4

1980
17.6

1985
14.8

1988
17



Fuente: Banco Central de Chile (1989). Indicadores económicos y sociales 1960-1988. Santiago de Chile, p. 36, en Olave Castillo, Patricia, Chile: neoliberalismo, pobreza y desigualdad social, IIES (Instituto de Investigaciones Económicas)/ UNAM/ Miguel Ángel Porrúa Editor, México DF, 2003, p.115.




Tabla 4

Formación bruta de capital fijo. 1985-1990

(Millones de pesos a precios constantes de 1986)



1985
1990

Construcción
322,535
503,207

Maquinaria y equipo
249,653
523,317

Total
572,188
1,026,524



Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe) (1997). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe. p. 244, en Olave Castillo, Patricia, Chile: neoliberalismo, pobreza y desigualdad social, IIES (Instituto de Investigaciones Económicas)/ UNAM/ Miguel Ángel Porrúa Editor, México DF, 2003, p.117.




Tabla 5

Acceso a bienes y servicios por cada 10,000 habitantes (1970-1981)




Años/Bienes
1970
1973
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

Automóviles
189
203
251
253
279
313
354
413
494

Televisiones
138
186
167
139
418
435
459
477
454

Refrigeradores
72
68
27
31
49
72
132
156
171

Lavadoras de ropa
52
61
46
43
48
69
100
127
150

Teléfonos
415
438
466
475
483
523
536
541
555

Consumo de electricidad por casa (miles de kilowatts)
988
1,077
1,366
1,344
1,380
1,476
1,546
1,625
1,709

Gas licuado
302
345
379
393
415
413
411
412
413


Fuente: Balassa B, “Policy Experiments in Chile 1973-1983” en Gary M. Walton (Ed). The National Economic Policies of Chile. Greenwich, Connecticut, 1985, pp. 222-223, en Loveman, Brian, Chile: The legacy of Hispanic capitalism, tercera edición, Oxford University Press, New York, EUA, 2001, p. 301




Tabla 6

Tasa de desempleo y Producto Interno Bruto (PIB). 1970-1991

Año
Tasa de desocupación
Tasa de desocupación (incluye PEE)*
PIB tasa de variación**

1970
6
-
-

1971
3.8
3.8
9

1972
3.1
3.1
-1.2

1973
4.8
4.8
-5.6

1974
9.2
9.2
5

1975
14.5
16.8
-13.3

1980
11.4
15.7
7.7

1982
19.4
26.4
-13.4

1983
15
28.5
-3.5

1984
15.5
24.6
6.1

1985
12.2
21
3.5

1986
8.8
13.9
5.6

1989
5.3
5.3
9.9

1991
5.3
5.3
7.3


Fuente: Información del INE, publicadas por Economía y Trabajo en Chile 1997-1998: Informe Anual, Número 7. Programa de Economía de Trabajo (PET), Santiago, junio de 1998.

* PEE, Planes Empleo de Emergencia, Programa de Empleo Mínimo (PEM) y Programa para Jefes de Hogar (Pojh).

** Tasa de Variación annual




Tabla 3

Población ocupada nacionalmente por sectores económicos. 1969-1989

(Composición porcentual)

Año / Sectores
1969
1974
1979
1984
1989

Agropecuario
23.9
22.3
20.4
19.2
18.6

Minería
2.8
3.2
2.6
2.3
2.2

Industria
17.9
19.5
16
12.8
16.2

Electricidad, gas y agua
0.8
1
0.8
0.7
0.7

Construcción
6.6
5.9
4.7
3.9
8.6

Subtotal
52
51.9
44.5
38.9
46.3

Productivo
52
51.9
44.3
39
46.4

Comercio
12.1
11.6
14.9
15.1
15.3

Transporte y comunicaciones
6.6
6.5
5.6
5.2
6.2

Servicios financieros
1.8
1.9
2.6
3.1
3.5

Otros servicios
27.6
28.1
32.5
37.7
28.6

Subtotal no productivo
48
48.1
55.6
61
53.7

Total
100
100
100
100
100



Fuente: Díaz, Álvaro. “La reestructuración industrial autoritaria en Chile” en Cuadernos Políticos, número 158, octubre-diciembre, Era, México, 1989, p. 97. En Olave Castillo, Patricia, Chile: neoliberalismo, pobreza y desigualdad social, IIES (Instituto de Investigaciones Económicas)/ UNAM/ Miguel Ángel Porrúa Editor, México DF, 2003, p.119.




Tabla 4

Distribución de la población económicamente activa por sector económico (1960-1990)



1960 (1000s)
1964 (1000s)
1970 (1000s)
1980 (1000s)
1990 (1000s)

Agricultura
711.1
680.8
738
866.36
893.95*

Minería
92.5
91.7
99.2
118.14
107.09

Industria
412.6
477.9
562.9
673.04
744.96

Construcción
130
188.8
177.5
214.8
297.98

Electricidad, gas y agua
10.8
12.3
11.8
10.74
23.28

Comercio
260.3
311.1
451.5
540.58
824.11**

Transporte
121.2
143.8
175.6
211.22
321.26***

Servicios
578
630.9
777.7
930.8
1,438.7****

Total
2,317
2,546
2,994
3,580
4,656



Fuentes: Elaboración propia para esta investigación con datos de Loveman, Brian, Chile: The legacy of Hispanic capitalism, tercera edición, Oxford University Press, New York, EUA, 2001, pp. 305-306 y Olave Castillo, Patricia, Chile: neoliberalismo, pobreza y desigualdad social, IIES (Instituto de Investigaciones Económicas)/ UNAM/ Miguel Ángel Porrúa Editor, México DF, 2003, p.120

* Incluye pesca

** Incluye comercio mayorista, minorista, restaurantes y hoteles

*** Incluye comunicaciones y almacenaje

**** Incluye servicios financieros, comunales, sociales y personales




Anexo n




Programa de la Unidad Popular




Aprobado por los partidos : comunista, socialista, radical y social-demócrata, el movimiento de acción popular unificado (MAPU), y la acción popular independiente (API), el 17 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile.




Los partidos y movimientos que integran el Comité Coordinador de la Unidad Popular, sin perjuicio de mantener cada cual su propia filosofía y sus propios perfiles políticos, coinciden plenamente en la caracterización de la realidad nacional expuesta a continuación y en las proposiciones programáticas que serán la base de nuestra acción común y que entregamos a consideración del pueblo.




Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud.




Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc.; cuenta, además, con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. ¿Qué es entonces lo qué ha fallado?




Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.




Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más en su dependencia su papel de socio menor del capital extranjero.







Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia. Decidir por los demás es lo que hacen todos los días.




Para la gran mayoría, en cambio, vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran medida, aún están privados.




En Chile las recetas reformistas y desarrollistas que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado, una vez más, que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.




El desarrollo del capitalismo monopolista niega la ampliación de la democracia y exacerba la violencia antipopular.




El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que fracasa el reformismo, endurece la posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, en último término, no tienen otro recurso que la fuerza.




Las formas brutales de la violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros, son inseparables de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos.




Porque violencia es que junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte importante de la población habite en viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio; violencia es que mientras algunos botan la comida, otros no tengan cómo alimentarse.




La explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a través de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad industrial, bancaria y comercial mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y patentes, de los préstamos norteamericanos en condiciones usurarias que nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar en barcos norteamericanos los productos comprados, etc.




Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los norteamericanos invirtieron en América latina 7 mil 473 millones de dólares y se llevaron 16 mil millones de dólares.




De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia.




Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre.




Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegio, mientras imponen la devaluación monetaria, la reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios.




Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios militares y políticos tratan de penetrar las FF. AA.




Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas, han intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el extranjero. Dijeron que los préstamos y compromisos con los banqueros internacionales podrían producir un mayor desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tenga el récord de ser uno de los países más endeudados de la tierra en proporción a sus habitantes.




En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto.




A los dueños del capital les interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer las necesidades del pueblo chileno. Si producir e importar automóviles de alto precio, por ejemplo, es un buen negocio se desvían hacia ese rubro valiosos recursos de nuestra economía, sin tener en cuenta que sólo un porcentaje ínfimo de chilenos están en condiciones de adquirirlos y que hay necesidades mucho más urgentes que atender; desde luego, en este mismo rubro, la de mejorar la locomoción colectiva, dotar de maquinaria a la agricultura, etc.




El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema público, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos.




Para que ellos se dignen seguir trabajando, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:




- No darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;

- No permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;

- No dejarlos llevarse las ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero,

- No dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;

- No permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo. Mientras tanto, buena parte de los que efectivamente producen experimentan una difícil situación:

- Medio millón de familias carecen de viviendas y otras tantas o más viven en pésimas condiciones en cuanto a alcantarillado, agua potable, luz, salubridad.

- Las necesidades de la población en materia de educación y salud son insuficientemente atendidas.

- Más de la mitad de los trabajadores chilenos reciben remuneraciones insuficientes para cubrir sus necesidades vitales mínimas. La desocupación y el trabajo inestable se sufre en cada familia. Para innumerables jóvenes la posibilidad de empleo se presenta muy difícil e incierta.

El capital imperialista y un grupo de privilegiados que no pasa del 10 % de la población, acaparan la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada cien escudos que los chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros 50 deben repartirse entre 90 chilenos, del pueblo y de la clase media.




El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña de casa. En los últimos 10 años, según datos oficiales, el costo de la vida ha subido casi en un mil por ciento.




Esto significa que todos los días se les roba una parte de su salario o de su sueldo a los chilenos que viven de su trabajo. Igual como les ocurre a los jubilados y pensionados, al trabajador independiente, al artesano, al pequeño productor, cuyas exiguas rentas son recortadas a diario por la inflación.




Alessandri y Frei aseguraron que pondrían término a la inflación. Los resultados están a la vista. Los hechos demuestran que la inflación en Chile obedece a causas de fondo relacionadas con la estructura capitalista de nuestra sociedad y no con las alzas de remuneraciones corno han pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para justificar la mantención del sistema y recortar los ingresos de los trabajadores. El gran capitalista, en cambio, se defiende de la inflación y más aún se beneficia con ella. Sus propiedades y capitales se valorizan, sus contratas de construcción con el Fisco se reajustan, y los precios de sus productos suben llevando siempre la delantera a las alzas de remuneraciones.




Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según estadísticas oficiales, el 50 % de los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse.




Esto demuestra que la economía en general y el sistema agrícola en particular, son incapaces de alimentar a los chilenos, pese a que Chile podría sustentar ahora mismo una población de 30 millones de personas, el triple de la población actual.




Por el contrario, debemos importar cada año centenares de miles de dólares en alimentos de origen agropecuario.




El latifundio es el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno. Los índices de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de viviendas, de insalubridad son, en las zonas rurales, marcadamente superiores a las de las ciudades. Estos problemas no los ha resuelto la insuficiente Reforma Agraria del gobierno demócratacristiano.




Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de todo el pueblo puede resolverlos. El actual desarrollo de sus combates por la tierra y la liquidación del latifundio abre nuevas perspectivas al movimiento popular chileno.




El crecimiento de nuestra economía es mínimo. En los últimos lustros hemos crecido, en promedio, apenas a razón de un 2 % anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más bien hemos retrocedido, según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN). Esto quiere decir que en 1966 cada chileno tenía una mayor cantidad de bienes de la que tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté disconforme y busque una alternativa para nuestro país.




La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile.




LA UNIDAD Y LA ACCION DEL PUEBLO ORGANIZADO




El crecimiento de las fuerzas trabajadoras en cuanto a su número, su organización, su lucha y la conciencia de su poder, refuerzan y propagan la voluntad de cambios profundos, la crítica del orden establecido y el choque con sus estructuras. En nuestro país son más de tres millones; de trabajadores, cuyas fuerzas productivas y su enorme capacidad constructiva, no podrán sin embargo liberarse dentro del actual sistema que sólo puede explotarles y someterles.




Estas fuerzas, junto a todo el pueblo, movilizando a todos aquellos que no están comprometidos con el poder de los intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea, mediante la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrán romper las actuales estructura y avanzar en la tarea de su liberación.




Los imperialistas y las clases dominantes del país combatirán la unidad popular y tratarán de engañar una vez más al pueblo. Dirán que la libertad está en peligro, que la violencia se adueñará del país, etc. Pero las masas populares creen cada vez menos en estas mentiras. Diariamente crece su movilización social que hoy se ve reforzada y alentada por la unificación de las fuerzas de izquierda.




Para estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la conquista del poder, constituiremos por todas partes los Comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela por los militantes de los movimientos y de los partidos de izquierda e integrados por esa multitud de chilenos que se definen por cambios fundamentales.




Los Comités de Unidad Popular no sólo serán organismos electorales.




Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas y, sobre todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular.




Así, pues, este nuevo poder que Chile necesita debe empezar a gestarse desde ya, dondequiera que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y dondequiera que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo.




Este sistema de trabajo común será un método permanente y dinámico de desarrollo del Programa, una escuela activa para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido político de la Unidad Popular en todos sus niveles.




En un momento dado de la campaña los contenidos esenciales de este Programa, enriquecidos por la discusión y el aporte del pueblo y una serie de medidas inmediatas de gobierno, serán señaladas en un Acta del pueblo que se constituirá para el nuevo Gobierno Popular y el Frente que lo sustenta, en un mandato irrenunciable.




Apoyar al candidato de la Unidad Popular no significa, por tanto, sólo votar por un hombre, sino también pronunciarse en favor del reemplazo urgente de la actual sociedad que se asienta en el dominio de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.




EL PROGRAMA

El Poder Popular




Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.




El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno.




Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple Sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad del campo.




El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país.




En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de:




- Preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos las conquistas de los trabajadores; y

- Transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.




La profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores




El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes.




Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder. Por ejemplo en las instituciones de previsión y de seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados.




En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento. Pero no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en los organismos del Estado.




Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.




Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato del Estado.




El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado. Esta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto a la que acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con la coerción ejercida contra el pueblo.




El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado.




El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los marcos legales.




El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real descentralización administrativa, conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y lo reemplace por la coordinación de todos los organismos estatales.




Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociéndoles la autoridad que les corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en interacción con las Juntas de Vecinos y coordinadas entre sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provinciales.




La policía debe ser reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de represión contra el pueblo y cumpla, en cambio, con el objeto de defender a la población de las acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento policial de manera de garantizar efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser humano. El régimen carcelario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema, debe ser transformado de raíz, con vista a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido.


UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL :

EL ESTADO POPULAR

La organización política




A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder.




Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva pueblo al poder estatal.




Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.




La Asamblea del Pueblo será la Cámara Unica que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.




Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial, como el parlamentarismo corrompido.




Normas específicas determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder y partidos políticos con el fin, de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad mayoritaria.




A fin de establecer la debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular y de que ésta pueda expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se efectuarán en un proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo.




La generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio universal, secreto y directo de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y militares, alfabetos y analfabetos.




Los integrantes de la Asamblea del Pueblo y de todo organismo de representación popular estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar sus mandatos.




Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades que conduzca al término del mandato o de la privación de su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas responsabilidades se desempeñe como gestor de intereses privados.




Los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirán un sistema nacional de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y racionalizar la acción del Estado. Los planes con los que opere deberán ser aprobados por la Asamblea del Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema de planificación.




Los organismos regionales y locales de poder del Estado Popular ejercerán autoridad en el radio geográfico que les corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y sociales. Podrán, además, entregar iniciativas y ejercer la crítica a los organismos superiores.




Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los organismos regionales y locales deberá ajustarse a los marcos fijados por las leyes nacionales y por los planes generales de desarrollo económico y social.




En cada uno de los niveles del Estado Popular se integrarán las organizaciones sociales con atribuciones específicas. A ellas les corresponderá compartir responsabilidades y desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el examen y solución de los problemas de su competencia. Estas atribuciones no implicarán limitación alguna a la plena independencia y autonomía de las organizaciones.




Desde el día mismo, que asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que se exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la administración estatal.




Estos serán pasos decisivos para la liquidación del centralismo burocrático que caracteriza al sistema de administración actual.




La organización de la justicia




La organización y administración de la justicia debe estar basada en el principio de la autonomía, consagrada constitucionalmente y en una real independencia económica.




Concebimos la existencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que emane de la natural idoneidad de sus miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados, del sistema judicial.




Entendemos que la nueva organización y administración de justicia devendrá en auxilio de las clases mayoritarias. Además será expedita y menos onerosa.




Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa.




La Defensa Nacional




El Estado Popular prestará atención preferente a la preservación de la soberanía nacional, lo que concibe como un deber de todo el pueblo.




El Estado Popular mantendrá una actitud alerta frente a las amenazas a la integridad territorial y a la independencia del país alentadas por el imperialismo y por sectores oligárquicos que se entronizan en países vecinos y que junto con reprimir a sus pueblos alientan afanes expansionistas y revanchistas.




Definirá una concepción moderna, patriótica y popular de la soberanía del país basada en los siguientes criterios:




- Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En este sentido rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir el pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extrañas.

- Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los pueblos.

- Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social. El Estado Popular se preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la soberanía.




Sobre estas bases, es necesario asegurar a las Fuerzas Armadas los medios materiales y técnicos y un justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que garanticen a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica durante su permanencia en las filas y en las condiciones de retiro y la posibilidad efectiva para todos de ascender atendiendo sólo a sus condiciones personales.




Capítulo 3

Tabla 1: Evolución de la Falange Nacional. Partido Demócrata Cristiano. Cámara de Diputados (1941-1965)

Año
Votos totales
% del electorado
No. de diputados electos

1941
15,553
3.5
3

1945
10,527
2.2
3

1949 *
18,221
3.9
3

1953
22,353
2.8
3

1957
82,710
9.2
17

1961
213,559
16
23

1965
989,626
41.6
82



* En 1949, el Partido Social Cristiano alcanzó 2,018 votos sin un diputado electo

Fuente: Loveman, Brian, Chile: The legacy of Hispanic capitalism, tercera edición, Oxford University Press, New York, EUA, 2001.




Tabla 1. Resultados del Consejo General del Partido Demócrata-Cristiano. Abril 1975

Posición
Porcentaje de demócratas cristianos a favor

1.- Línea activa independiente crítica
68.2

2.- Oposición abierta
9.1

3.- Colaboración crítica
28.8

4.- Colaboración plena
4.6



Fuente: Adler Lomnitz, Larissa, Melnick, Ana, La cultura política chilena y los partidos de centro, Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile, 1998.





Cuadro 9: Empleo en el sector público. Administración central

Año
Número

1925
32,877

1935
41,266

1945
59,645

1955
75,542

1965
109,699



Fuente: Urzúa Valenzuela G., García Barzelatt A. M. (1971). Diagnóstico de la democracia chilena (1818-1969). Santiago: Editorial Jurídica en Loveman, Brian, Chile: The legacy of Hispanic capitalism, tercera edición, Oxford University Press, Nueva York, EUA, 2001, p. 203.




Cuadro 10: Comparación de precios entre la semana del 18 al 24 de diciembre de 1974 y marzo de 1975 de los productos básicos en la canasta chilena.




Producto
Precios por kilogramo en escudos, 1975



Diciembre 1974
Marzo 1975

Pan
450
650

Azúcar
1,100
2,100

Aceite
1,700
3,650

Leche
Pasteurizada: 200
300

En polvo: 1,450



Arroz
950
1,500

Papas
110
350

Prorotos (frijoles)
-
1,800

Lentejas
-
1,500

Fideos o tallarines
655
1,800

Cebollas
200 c/u
360 c/u

Huevos
70 c/u
2,000 por docena

Pollo
1,350
3,480

Pescado
-
1,000

Té
2,640
8,000



Fuente: Elaboración propia para esta investigación con datos de Katz, Claude, Chile bajo Pinochet, Colección: Crónicas, Santiago, Chile: Ed. Sudamericana, 1975, p. 43-44.




Cuadro 11: Distribución de los establecimientos de educación superior chilena

Instituciones
1980
1985
1990

Universidades
8
21
60

Con financiamiento público
8
18
20

Sin financiamiento público
-
3
40

Institutos Profesionales
-
25
82

Con financiamiento público
-
6
2

Sin financiamiento público
-
19
80

Centros de formación técnica
-
102
156

Con financiamiento público
-
-
-

Sin financiamiento público
-
102
156

Total
8
148
298



Fuente: Garretón, Manuel A., Sosnowski, Saúl, et. al., Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile, Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile, 1993 p. 275







Tabla n

Partidos políticos que conformaron la Unión Popular

Partido Radical: Fundado en 1863, bajo la influencia del racionalismo europeo cultivado en las logias masónicas. Su desarrollo se logró a partir de la clase media urbana, producto de los procesos de industrialización latinoamericano de la primera mitad del siglo XX.

Partido Comunista: Fundado en 1912. Representó principalmente a obreros industriales organizados, particularmente los mineros.

Partido Socialista: Fundado en 1933. Surgió por una necesidad a partir del sectarismo del partido comunista, a partir de la tendencia a aplicar esquemas ideológicos que no interpretaban la realidad nacional.

Movimiento Acción Popular Unitario (MAPU): Fundado en 1969, a partir de una escisión en la Democracia Cristiana, con raíz en las críticas de la descomposición del gobierno de Frei y las propuestas de una “vía no capitalista al desarrollo”.

Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR): Sundado en 1970. Apoyó al gobierno de Salvador Allende. El MIR planteaba que, sin perjuicio de todas las formas de lucha (ilegales e ilegales), se debía destruir la superestructura leal burguesa, estableciendo un gobierno revolucionario que siente las bases para la construcción del socialismo.



Fuente: Elaboración propia a partir de Elgueta y Chelén op. Cit pp. 259-262

Capítulo 1. Antecedentes

En este primer capítulo se analiza el desarrollo de la clase media, en términos de participación y agenda política a partir del surgimiento del Partido Demócrata Cristiano y de manera particular durante el periodo presidencial de Eduardo Frei Montalva, periodo en el que podemos hablar de un empoderamiento de la misma.

Si bien el concepto de empoderamiento (empowerment) tiene una naturaleza polisémica hay un componente básico que es el de el fortalecimiento de las capacidades existentes de un grupo determinado para alcanzar una impronta en las situaciones socio-económicas que las afecta, en el caso de la clase media chilena, tenemos un conjunto social heterogéneo que a través de una actuación más protagonista en la arena de la política (politización).

De manera específica, el periodo que precede la presidencia de Salvador Allende Gossens y, por ende, el golpe de Estado de 1973 es clave para la conformación de una clase media participativa, politizada que enfrentaría el largo y oscuro periodo de la dictadura y que conduciría el proceso político de transición democrática.

En el caso de Chile, las particularidades del modelo económico desarrollista y el desarrollo industrial alcanzado en la primera mitad del siglo XX permitieron el surgimiento de una burguesía nacional, la cual se pretendía que fuese industrial y emergente, lo que a su vez, significó un crecimiento paralelo de movimientos populares y redes sociales que adquirieron fuerza y simpatía dentro de la sociedad y, al mismo tiempo, dentro de la política del país.

Para 1964, el Partido Democracia Cristiana (PDC) representaba prácticamente la mitad del espectro político y la figura de Eduardo Frei era la del líder indiscutible. Para las elecciones presidenciales de ese año, Frei se presentó con una campaña que significó el primer plan de desarrollo económico que se proponía (y que finalmente se aplicó en Chile), donde destacó su carácter reformista, que reflejaba las crecientes demandas y la politización de la sociedad chilena, que exigía cambios y reformas profundas en términos de democratizar el espacio público, político y económico.

El auge de la opción socialista obligó al PDC a tomar una agenda profundamente reformista y progresista que causó un efecto contradictorio donde, por un lado, se buscaba fortalecer a los actores políticos y económicos que hegemonizaban la estructura económica y política (apoyados por capitales extranjeros, de manera destacada británicos y estadounidenses); pero, por el otro, las políticas reformistas se salieron del cause planteado por la Democracia Cristiana (DC), permitiendo y fomentando la organización social en espacios como las universidades, las fábricas y los barrios.




Antes del golpe. Presidencias de Frei Montalva y Salvador Allende

Eduardo Frei Montalva arribó a la Presidencia impulsado por el Partido Democracia Cristiana que él mismo contribuyó a fundar. Podemos decir que la aceptación de la clase media chilena hacia el liderazgo de Frei Montalva se debió a sus orígenes sociales, que le vinculaban con una familia provinciana perteneciente a este sector de la sociedad chilena, en la que se mezclaban las influencias de un inmigrante suizo reciente y una típica descendiente de las familias españolas de mediano rango, de mentalidad católica y tradicional.

“Cabía resaltar en Frei su capacidad para expresar la presencia ascendente de las capas medias en la política chilena y la disposición de estos grupos para ser la fuerza hegemónica de una alianza con sectores populares dispuestos a actuar bajo su dirección. [Frei Montalva encarnó] tanto la tradición aristocrática de los partidos tradicionales, como el espíritu obrerista de las fuerzas de izquierda.”1




También influyeron su trayectoria académica, política y profesional; su formación en colegios católicos y en la Universidad Católica de Chile, la profesión que eligió (derecho) y la forma en que manejó y encaró sus primeros años de vida profesional, por ejemplo, al inicio de su carrera Frei entrelazó la abogacía con el periodismo en la norteña ciudad de Iquique.

El ex presidente encarnó la vereda recorrida por la mayoría de los intelectuales de las capas medias chilenas, quienes aspiraban a construir un espacio político que superara, no sólo en Chile, la posición de la fuerza que éstas adquirieron a nivel mundial durante la primera etapa de la Guerra Fría.

Además, Frei se destacó por su pragmatismo en la política, donde guardó alianzas estratégicas con sus contemporáneos más influyentes, a pesar de que para entonces, todavía no alcanzaban los puestos que los colocarían en la historia universal como íconos del siglo XX. Frei logró una visión prospectiva a mediano plazo que le permitió predecir el rumbo de la política y el orden mundial. Entre sus aciertos está el haber mantenido contacto con personajes como John F. Kennedy y Hubert Humphrey, cuando todavía eran senadores de Estados Unidos.

Al igual que muchos demócratas cristianos chilenos, fue reconocido en el sector académico y recibió numerosas invitaciones honoríficas en instituciones de Estados Unidos. En estos mismos centros de pensamiento sembró las bases y las relaciones necesarias para que “sus muchachos”, los Chicago boys2, pudieran colocarse en un lugar privilegiado al realizar sus estudios de posgrado en reconocidos centros de educación superior estadounidenses, principalmente la Universidad de Chicago3, a la cual deben su mote, aunque también asistieron a Yale y a Harvard.

En medio de un proceso electoral bastante cerrado, planteó una campaña que logró captar el apoyo de las clases medias, lo que se sumó al apoyo de los grupos de derecha que decidieron apoyarlo para impedir el arribo de Allende a la presidencia.

Los intereses económicos, sobre todo de algunas empresas estadounidenses y británicas en los sectores mineros, agroexportadoras y de comunicaciones, contribuyeron a la desinformación y el encono que reflejaría en una polarización social que en uno de los bandos contaba con los principales capitales nacionales y corporativos, aquellos que habían controlado las riquezas nacionales y que veían amenazados sus intereses personales bajo el modelo que los socialistas proponían.

Sin embargo, la capacidad intelectual de Frei Montalva y la agenda demócrata cristiana no fueron suficientes para cumplir las crecientes demandas de los distintos sectores sociales, fortalecidos a raíz de las políticas desarrollistas que caracterizaron a América Latina en estos años.

Entre sus principales acciones de gobierno, destacan medidas que tenían como fundamento la redistribución del ingreso en Chile. En parte por la agenda propia de gobierno pero también debido al ascenso de la izquierda socialista. En este rubro se encuentra la creación del programa “Promoción Social” en el que se otorgaban recursos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad para incrementar su calidad de vida: mejorar la alimentación de los más pobres, otorgar desayunos escolares, y promover la mejora o construcción de caminos y escuelas.

En el plano de las políticas hacia la organización social se promovió la creación y el fortalecimiento de las “Juntas de Vecinos”, por medio de las cuales, se intentó involucrar a la gente a la política. Esta medida fue una de sus políticas fallidas, debido a que la agenda del Partido Demócrata Cristiano planteaba un esquema clientilista, de acuerdo con estas asociaciones, limitándolas a su participación en el ámbito electoral, sin embargo menospreció la capacidad política de estos grupos que pugnaron por mayores capacidades en el plano de la definición e implementación de las políticas públicas, más que en considerarse simples grupos de presión política. La izquierda socialista aprovecharía estos espacios y serían uno de sus mayores apoyos en los años siguientes.

Destaca, también, la continuidad de la Reforma Agraria que comenzara su antecesor Jorge Alessandri (1958-1964), proyecto que se presentaba como uno de los más ambiciosos de su gobierno y que, de manera paradójica, significó una de las principales razones para la pérdida de votos en las elecciones de 1970, principalmente debido a que Frei repartió menos de la mitad de las tierras comunales que se proponía.4

Así que, desde la Reforma Agraria, en la que aseguró que para el final de su mandato repartiría tierras a los campesinos, debido a la oposición de los grandes terratenientes, las políticas clientelares hacia las juntas de vecinos y su falta de contundencia en cuanto a los inversionistas extranjeros del sector minero, la administración de Frei se caracterizó por un proceso incontrolable de polarización social, reflejada en las elecciones legislativas de 1969. Su gestión no logró que su partido repitiera el triunfo de 1964. Al mismo tiempo, y de manera involuntaria, posicionó a Allende y a la izquierda como la opción para resolver los problemas pendientes de Chile.

“The March 1969 congressional elections had been basically a popularity test for Christian Democracy after four years in government. Besieged by a left that was not satisfied with the social economic reforms and an estranged right that feared more structural changes”.5




La mayor prueba de la falta de confianza en la Democracia Cristiana, en cuanto a la satisfacción de las expectativas de la población, terminó en una avasalladora caída en el voto en tan sólo cinco años en el poder. Frei llegó a la presidencia con 43.6 por ciento del voto nacional en 1964; para las elecciones legislativas de 1969, esta cifra bajó más de 10 puntos, otorgando a su plataforma el 31 por ciento de los votos a nivel nacional.6

A partir de aquí, iniciaría un proceso de polarización aún más profundo. Durante el último periodo de la presidencia de Frei Montalva, grupos conservadores, sectores oligárquicos, militares, y sobre todo, el proyecto económico de libre mercado liderado por los Chicago boys se enfrentaría, en medio de la Guerra Fría, a la clase trabajadora, parte del estudiantado, y movimientos sociales que respaldaban el proyecto de Allende.

Por otro lado, la Unidad Popular constituía una alianza de partidos representativos de la clase obrera (tabla 1), el campesinado, grupos populares urbanos, así como células de la sociedad civil de grupos progresistas minoritarios. Sin embargo, se mantenía una alianza que vinculaba el funcionamiento de masas trabajadoras organizadas con los partidos socialista y comunista. Además, destaca el papel del sector minero y primario industrial tanto por su dimensión numeral como por lo estratégico de estos sectores para la economía nacional.

Para 1970, Salvado Allende llegó a la presidencia de Chile precedido de una campaña por demás polémica, como reflejo de la situación que vivía Chile en esos momentos. Las cifras finales son un indicador de lo cerrada que fue la elección en ellas se muestra que Salvador Allende (Unidad Popular) obtuvo 36.2% de los votos, seguido de Alejandro Alessandri Rodríguez (Partido Nacional) con 34.9 puntos y Rodomiro Tomic (Democracia Cristiana), con 27.8.7

Principalmente, fue el Programa de la Unidad Popular, plan de gobierno planteado por la alianza de izquierda que lo llevó a lograr el apoyo de las clases bajas y medias. Este programa estaba basado en la profundización de la democracia, esto es, se basaba en trabajar por un nuevo orden institucional que tuviera como objetivo el orden socialista en chile: “La vía chilena al socialismo”.

A pesar de la oposición de la derecha y las élites económicas de Chile, Salvador Allende llegó al poder sin la mayoría en la provincia de Valparaíso (de alta densidad poblacional) ni en el área metropolitana de Santiago. Así mismo, no contó con el voto mayoritario de las mujeres a nivel nacional8, quienes conformaban el 51 por ciento del total del electorado nacional.

“En verdad el impacto del Frente Popular resultó decisivo en la evaluación política chilena: el inicio de la industrialización alteró la estructura de clase ampliando el papel de los trabajadores urbanos y aceleró el proceso de modernización y urbanización, constituyendo a la liquidación de los núcleos de poder latifundistas. (…) [Al respecto, es importante destacar que aunque el proyecto populista de principios de los años cincuenta de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) falló], éste da cuenta de muchos factores de agotamiento del sistema político chileno y prefigura las limitaciones de un programa reformista que, posteriormente, la Democracia Cristiana probaría en toda su intensidad”9.




La victoria electoral de Allende se debió en parte a la creciente participación política de las clases media y trabajadora. Paradójicamente, el proyecto de promoción organizativa en los barrios había demostrado cierto hartazgo de la población por el tradicional sistema de partidos y su intención de buscar en la organización microsocial la respuesta a los problemas sociales, y por otra parte, al incumplimiento de las promesas de su antecesor, más que a una alineación y a un convencimiento por parte de la sociedad hacia la izquierda.

Durante su estancia en el poder (1970-1973), Allende intentó compensar las carencias y crecientes demandas del pueblo chileno. Sin embargo, las expectativas eran altas, lo que hacía parecer todo esfuerzo como insuficiente. Además, muchos de estos esfuerzos lo enfrentaban directamente con las clases propietarias, por ejemplo, en el sector agrícola:

“La ley agraria estipulaba que los propietarios podían reivindicar una parte de su finca: este 'derecho de reserva' cubría a lo máximo 80 hectáreas de regadío. De este modo, de una superficie de 150 hectáreas, 40 o 50 hectáreas irrigadas se dejaban al patrón, y el resto era entregado a los trabajadores agrícolas, y era muy raro que la reserva alcanzara efectivamente las 80 hectáreas.”10




A partir de este hecho, se podía anticipar el descontento de cualquier propietario al verse obligado a entregar más de la mitad de sus tierras. Sin embargo, la medida tenía un trasfondo en el programa de gobierno de la Unidad Popular y la vía chilena al socialismo.

En su programa la reforma agraria perseguía 5 objetivos principales: a) un cambio rápido en el sistema de tenencia de la tierra, eliminando los latifundios y estimulando la creación de cooperativas y otras formas socialistas de producción agrícola; b) un cambio en las relaciones entre la agricultura y el resto de la economía, aumentando la producción y la productividad y eliminando el desempleo rural, mientras se mejoraban los ingresos agrícolas en relación con los demás sectores; c) el estímulo a la participación democrática del campesinado a todos los niveles de la toma de decisiones mediante consejos campesinos y otras organizaciones; d) la planificación y reorientación de la producción agrícola para utilizar mejor alas ventajas económicas y naturales de las principales regiones geográficas del país; y e) la eliminación del atraso y el aislamiento de los grupos rurales más pobres, tales como los comuneros del norte chivo y los mapuche.11

En otros sectores, como el minero, el enfrentamiento con los propietarios no fue tan drástico, si bien no se repartieron los yacimientos entre los obreros, las políticas de apoyo a este sector (reformas para que los trabajadores gozaran de mayores beneficios y se expandieran los derechos laborales) significaron serias reducciones en las tasas de ganancias para las clases propietarias.

Pero sobre todo debemos resaltar que el enfrentamiento político principal era con las corporaciones extranjeras. En un breve plazo, nacionalizó industrias básicas, sin indemnización de por medio, extendió las libertades y derechos democráticos, e incorporó a Chile al grupo de naciones “no alineadas” enfocando sus esfuerzos en la lucha solidaria contra el retraso y la dependencia económica y política.

En este sentido, la nacionalización de la industria extractiva del cobre, hierro y salitre las que suscitaron mayor escozor entre los capitales foráneos. El 16 de julio de 1971, se aprobó la Ley 17450, reforma constitucional de Salvador Allende para proceder a la nacionalización de las empresas mineras del cobre y de la Compañía Minera Andina.

“No sólo había inflación de más de 300% en un mes, también había un déficit fiscal enorme, al punto que los ingresos a penas financiaban el 47% de los gastos totales del fisco. El aparato productivo estaba desquiciado por un conjunto de factores económicos, políticos y sociales. Entre los primeros, cabe señalar el déficit de empresas estatizadas bajo el gobierno de Allende equivalía a 1.5 veces la cantidad de dinero existente en la economía en diciembre de 1972.”12




El problema fue que el gobierno de Allende no logró consenso, o ejercer su poder político por sobre el de los grupos afectados, que contaron con el apoyo de las oligarquías, el sector militar, la ayuda extranjera y parte de la clase media.

Los grupos dominantes de los principales sectores económicos en Chile, principalmente terratenientes (oligarquías nacionales) y corporaciones mineras (transnacionales extranjeras) resultaron afectados por las reformas y los planes de gobierno; aunque habría que resaltar que su programa político buscaba la reconciliación de la sociedad chilena por medio de la justicia social y pretendía compensar la marginación heredada desde tiempos de la independencia, más de un siglo atrás, lo cual, en palabras de Brian Loveman, fue la herencia del capitalismo español implantado durante la Colonia y seguido por la independencia de la región.13

A partir de los primeros meses de gobierno de Allende, varios empresarios buscaron provocar el caos económico y la sensación de que existía una profunda ingobernabilidad y falta de rumbo en el país a través de medidas como la reducción de los niveles de producción o el despido de trabajadores sin justificación, el cierre de fábricas o sacaron sus capitales del país.

La polarización social, azuzada desde las oficinas de las grandes corporaciones que controlaban el salitre y las telecomunicaciones, crecía al igual que las medidas de desestabilización económica, como huelgas, alzas de precios o desabasto de productos básicos, se sucedieron en vendaval sobre el gobierno de Allende. El resultado de estas acciones se vio reflejado en el hecho de que la situación económica fue determinante para el desarrollo de la planeación del golpe de Estado y su posterior implementación.

“Con respecto a la inflación, el mes anterior al derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, en agosto de 1973, el aumento porcentual del costo de vida en doce meses era, según el índice oficial, de 303.6 por ciento. Sin embargo, esa cifra era ficticia. Ese índice había dejado de medir el real costo de la vida, pues parte importante del comercio se había empezado a hacer en forma clandestina en el 'mercado negro', donde los precios multiplicaban dos o más veces los del comercio establecido”14.




La oposición al gobierno de Allende era de 62%15, cifra que en parte se explica por la situación económica de su administración, caracterizados por las huelgas de las minas de cobre y salitre, así como la furia de latifundistas, empresarios, e inversionistas extranjeros, quienes, junto con sus gobiernos (principalmente Estados Unidos), llevaron a cabo los acuerdos necesarios con la Junta, que encaminarían al golpe de Estado realizado el 11 de septiembre de 1973.

Para principios del último año en que gobernó Allende, su presidencia había afectado a más del 30% de la industria manufacturera y más de la mitad del conjunto de la producción minero-industrial, incluyendo, además de las empresas mixtas de la minería del cobre, la Compañía Chilena de Electricidad y de la Compañía de Teléfonos de Chile, antes filial de la International Telephone and Telegraph (ITT). Asimismo, 90% del crédito estaba bajo el control público, por intermedio de la Banca nacionalizada y el Banco Central de Chile.16

En cuanto a la cuestión política, autores como Brian Loveman señalan que el fracaso de Allende se debió principalmente a las “malas políticas”:

“Whatever the full extend of US complicity in the tragedy of September 11th, 1973, and whatever the impact on international economics, the most critical factor of all the failure on Allende's administration was bad politics. Bad politics—the spouting of revolutionary rhetoric without the force to impose a revolutionary program—produced a politico-economic crisis. Bad politics prevented coalitions and compromise with the Christian Democrats, the small shopkeepers, the truckers, the beneficiaries of the Frei agrarian reform—in short with all the elements of the middle strata, working class and peasantry who had nothing to loose and much to gain by an attack on economic monopolies and foreign corporations. (...) [Allende also failed] by pursuing an illusion that threatened the livehood of broad sectors of the population.”17




En cuanto a la oposición política, el actor principal fue el PDC, que durante el gobierno de Allende tuvo un papel opositor por demás activo, que podemos dividir en tres etapas: oposición constructiva, oposición constitucional y elecciones parlamentarias (marzo de 1973).

La primera, como su nombre lo indica, correspondió a un proceso de construcción, planeación y formulación de una oposición fuerte, pero sobre todo efectiva, que le permitiera al partido regresar al poder de manera legal. Se precisaba de un desequilibrio suficientemente grande para sacar a Allende de la presidencia y, al mismo tiempo, controlable para el partido.

“Cuando ‘oportunamente’ la Junta de Gobierno haya entregado ‘el poder político a quienes el pueblo elija… las Fuerzas Armadas y de orden asumirán, entonces, el papel de participación específicamente institucional que la nueva constitución les asigne, y que será el que debe corresponder a los encargados de velar por la Seguridad Nacional’. (…) Los dos textos que mejor expresan la ideología invocada por el gobierno al asumir el poder son el Bando No. 5 y el Decreto de Ley No. 1 que constituye la Junta Militar. Ellos señalan las razones invocadas por los militares para arrogase 'el deber moral que la Patria les impone de destituir al gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en la ilegitimidad flagrante'”.18




Por otro lado, la oposición constitucional fue un conjunto de leyes inventadas o interpretadas a conveniencia, para alegar la ilegitimidad del gobierno de Allende. Ésta se realizó en un momento político de suma importancia: la víspera de las elecciones parlamentarias, clave para el posterior desarrollo del golpe.

En esos comicios, el PDC mostraba divisiones dentro su estructura que facilitaron la victoria de la Unidad Popular. Para 1973, las corrientes que la dominaban eran tres: las izquierdistas (Izquierda Cristiana), las freístas, autodenominadas “la alternativa progresista ante la revolución marxista” y las personalidades que aún tenían poder en el partido como Rodomiro Tomic, Bernardo Leighton, Renán Fuentalba, Benjamín Prado y Narciso Irueta. Todos ellos demócratas sociales defensores de las libertades cívicas, sociales y económicas.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana aumentó la base obrera antiAllende, lo que le ayudó a enfrentar a la primera con mayor hostilidad. Aparentemente, sus cuadros políticos continuaron situándose en la clase pequeño-burguesa durante los primeros dos años del gobierno de Allende, aunque la verdad era otra, ya que:

“[…] al interior de los partidos y a medida que éstos crecen, se van dando cohortes o redes de amigos generacionales, cuya estructura interna es igualitaria, altamente emocional y por lo regular, son redes que se dan entre las juventudes y perduran hasta la madurez de sus integrantes”.19




En el periodo de Allende, pese a la fuerza de las corrientes más centristas, el partido experimentó un vertiginoso “aderechamiento”. La consecuencia fue la salida de sus sectores de izquierda, ya que según éstos, en él reinaban la intolerancia y la radicalización que provocó un inminente y casi unánime apoyo al golpe militar del 11 de septiembre sin medir las consecuencias sociales.

La participación de intereses ajenos, y la sobre ideologización de las posiciones de ambos bandos llevó a un punto sin retorno. Las elecciones parlamentarias de marzo fortalecieron la legitimidad del gobierno de Allende al tiempo que exasperaban a los opositores, que para entonces ya contaban con el franco y abierto apoyo de la CIA y el gobierno estadounidense, el desenlace sería trágico, miles de muertos y desaparecidos costaría a Chile el libre mercado.




1.2. El golpe de Estado y la dictadura

Después de la victoria de Allende, en 1970, los sectores políticos más reaccionarios unidos a altos mandos de las fuerzas armadas prepararon un plan para evitar que asumiera como presidente. Se trató de hacer imposible su proclamación por el Congreso o desencadenar el golpe a través de una intensa campaña mediática, que advertía los peligros de la llegada de un gobierno “marxista”. Este intento, fracasó finalmente, principalmente ante la posición del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, lo que finalmente le costaría la vida.

Finalmente, después de tres años y ante el fracaso de cada uno de los intentos por desestabilizar a la sociedad chilena, la cúpula militar, apoyada por la CIA, y la oligarquía chilena decidieron poner fin al gobierno democrático de Salvador Allende.

A través de la historia, se ha demostrado que la embajada estadounidense en Santiago y la CIA participaron en el golpe de Estado, del 11 de septiembre de 1973, cuando por la mañana, Allende se enteró del plan insurrecto de varios mandos militares y la intervención directa de Washington, los grandes capitales, así como viejos intereses oligárquicos.

El sistema internacional y sobre todo los países de Europa occidental y Estados Unidos participaron, directa e indirectamente, en el golpe, bajo el argumento de la Guerra Fría, y el “pésimo ejemplo” que podía significar la “vía chilena al socialismo”, en un contexto de la fuerte presencia del grupo de los No alineados, con figuras como Gabal Abdel Nasser en Egipto; Fidel Castro, en Cuba; Bharat Ratna Śrī Pandit Jawāharlāl Nheru, en India; y Josip Broz “Tito”, de Yugoslavia, quienes empezaban a representar un serio desafio al status quo del sistema internacional.

En este sentido, la Administración Internacional para el Desarrillo (AID), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BIRD), disminuyeron progresiva y rapidamente los préstamos hasta desaparecerlos.

Las elecciones de 1973 fueron la señal de que la oposición política no podría frenar el avance del programa de la Unidad Popular, que obtuvo 44% de los votos, mayoría en el congreso y en casi la mayoría de las provincias.

El 11 de septiembre de 1973 el orden constitucional chileno se rompió, las contradicciones y la polarización política llegó a un punto de quiebre y se lanzó un ataque fulminante contra el Palacio de la Moneda. Ese día, Allende llegó a las 7:30 la sede presidencial, listo a defender su gobierno. Sin embargo, dos horas más tarde, la fuerza aérea lanzó un ataque a estaciones de radio y canales de televisión sumiendo a la población en la total incertidumbre y el temor, poco después, el recinto fue bombardeado. Para las 13:00, Allende se había suicidado.20

La primera acción de los golpistas fue el Decreto de Ley No. 1, principal justificación jurídica del golpe y documento que legitimaba a la Junta como gobierno constitucional de Chile. El gobierno que ahí se decretaba se conformó en un primer momento por el general Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército; el Almirante José T. Merino Castro, Comandante en jefe de la Armada; el General Gustavo Leigh Guzmán, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; y el General Cesar Mendoza Duran, Director General de Carabineros.

Esta dictadura prevaleció 17 años sostenida, en sus primeros años, por políticas represivas que a su vez garantizaron la inexistencia de una oposición a éstas y al libre mercado, impulsado e implandado gracias a los Chicago boys, grupo en el que destacan nombres como Jaime Guzmán, Álvaro Bardón, Sergio de Castro, Pablo Barahona, y Ernesto Fontaine.




1.2.1. La política económica del régimen

La economía fue la razón de ser de la dictadura. En un principio, la justificación eran los errores económicos de la política económica de Allende, defendiendo el dogma del libre mercado.

En el contexto de la Guerra Fría, la presunta intromisión de agentes soviéticos se convirtió en la justificación de la Junta para llevar a cabo el golpe, y de los gobiernos occidentales por respaldarlo, directa (EU) o indirectamente (Europa), pero la verdadera razón era el modelo económico. Al final no era el máximo interés nacional, sino la defensa de los enormes intereses económicos que representaba el control de la industria del salitre y el cobre, la posibilidad de perder el flujo de ganancias hacia las matrices de las empresas mineras extranjeras. En este contexto, también, se defendió la integridad de las enormes propiedades de los terratenientes nacionales y los esquemas cuasi esclavistas de trabajo de la tierra que imperaban en estas plantaciones.

La dictadura se dividió en cuatro grandes etapas económicas: la reconstrucción de la economía, de 1973 a 1976; el “milagro chileno”, de 1977 a 1981; la crisis, de 1982 a 1986; y, finalmente, la reestabilización (de 1986 a 1989). Esta división es importante, ya que van de la mano de los procesos más significativos de la oposición.

En la primera etapa, el ejército tomó fábricas y universidades por la “caravana de la muerte”, escuadrón militar que recorrió el territorio chileno con la orden específica de eliminar a lideres obreros, estudiantiles y cabecillas del partido comunista, llevando la represión al interior del país21, desarticulando toda forma organizativa, que en la perspectiva económica, reprimía la realización y la libertad del individuo.

Durante estos años, la Junta decretó las primeras privatizaciones, se permitieron nuevas y avanzadas formas de especulación financiera, se abatieron las barreras arancelarias y se recortó el gasto público 10% (a excepción del gasto militar, que aumentó), y se eliminó el control de precios en un país que se caracterizaba por su regulación férrea en productos de primera necesidad, como el pan y el aceite.

La segunda etapa fue conocida por los librecambistas como el milagro chileno, donde la Dictadura pareció erradicar todo viso de oposición y, por primera vez, se gozaba de una cierta legitimidad, recibiendo una aceptación que no sólo puede ser explicada por la represión o el miedo. Los chilenos se empezaban a recuperar de los golpes económicos de recorte al gasto, y empezaban a encontrar mayores entradas de recursos en sus hogares. La golpeada clase media inició un lento periodo de recuperación que sería a la postre cuestión fundamental de reorganización de la sociedad civil.

Entre 1982 y 1986, cuando los efectos de una crisis económica generalizada se volvieron a hacer sentir en América Latina, comenzaron las primeras protestas masivas en las calles de Santiago, conocidas como “cacerolazos”, así como los primeros llamados a huelga desde el golpe, prohibidas por la Constitución de 198022.

“las protestas, cuando la ciudad de Santiago y algunas de provincias, especialmente en los barrios pertenecientes a la clase media y media alta, fue estremecida por un ruido ensordecedor de cacerolas y bocinas de automóviles que expresaban malestar contra el gobierno”23.




Los cacerolazos de 1983 surgieron de manera simultánea a la crisis de principios de los 80 que azotó a la región, y destruyó su economía. “En 1982, el producto nacional cayó 14,7 por ciento y la cesantía superó el 25 por ciento de la fuerza de trabajo. (…) A su vez, la crisis del sector financiero cobró una dinámica que daba vértigo”.24

En el último periodo económico de la dictadura, la reestabilización, la sociedad volvió a sentir estabilidad económica bajo la tutela de Hernán Büchi, líder de los Chicago boys, Ministro de Economía de 1986 a 1989 y abanderado del oficialismo en los comicios de 1990. Para entonces, el régimen comenzaba a perder simpatía entre las potencias que, si bien no le apoyaban políticamente, se veían inmersos en un proceso de reestructuración política que pujaba por la democratización de Europa del Este, por ejemplo, hecho que era incompatible con un apoyo a regímenes como el de Pinochet.

El modelo de libre mercado bases fuertes y un ambiente mundial favorable, por lo que la mano dura de Pinochet entonces era aún más injustificable.

Entre 1987 y 1990, se inicio el periodo de transición, razón de ese estudio, coincidente con Además, el declive del comunismo, representado con la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989.




1.2.2. Oposición y debacle del gobierno dictatorial

La llegada del gobierno militar eliminó, literalmente, a todo signo de oposición que cuestionaría la legitimidad del régimen. Como ya se mencionó la principal fuerza opositora al gobierno de Allende fue la Democracia Cristiana. En este caso, la mayoría de los militantes apoyó el golpe esperando que fuese en la transición que prometió la Junta donde se les recompensara por su lealtad.

Uno de los grupos de la Democracia Cristiana, referidos en el párrafo anterior, intentó trabajar conjuntamente con la derecha y el ejército proveyendo sus bases, el voto duro de sus más fieles y constantes militantes; “aportó masas y el trabajo de agitación que hicieron posible el golpe de estado que acabó con la democracia liberal chilena”.25

Aunque el PDC colaboró con el golpe de Estado liderado por Pinochet, al cabo de tres meses, después de más de 2 mil desaparecidos, el partido decidió deslindarse de la Junta Militar y declarar su desacuerdo con la ola de violaciones a los derechos humanos que se había desatado.

La Junta, argumentando “tiempos de guerra”, violó los artículos de la Constitución de 1925, la cual aún regía en Chile. Las relaciones entre el régimen y la Democracia Cristiana (DC) se deterioraron conforme se fue minimizando la participación del partido en las toma de decisiones.

A partir 1974, la Democracia Cristiana se convirtió oficialmente en oposición con todas las restricciones que el contexto imponía a los “traidores”: persecución, asedio, minimización de cualquier actividad y expresión política, así como social. Dentro de este grupo se encontraba la Iglesia católica. En conjunto con la anterior, se crearon el Comité Pro-Paz y la Vicaría de la Solidaridad. Ambas tenían como objetivos principales la asistencia social y la asesoría religiosa y, en algunos casos, jurídica a personas con escasos recursos y familias de desaparecidos.

En diciembre del mismo año este agravamiento llegó a su límite cuando “The Junta exiled Renán Fuente Alba—senator in recess and ex president of the Christian Democratic Party—for publicly declaring that the Junta violated, and was still violating international recognized human rights”.26

A partir de este momento, el Partido Democracia Cristiana pasó de ser un pasivo testigo a un persistente crítico del régimen. Bastó un par de observaciones negativas para que la Junta Militar vetara al partido, al igual que al resto de la oposición.

Sin embargo, el régimen militar se consolidó rápidamente, para 1975, la Junta consiguió reunir tres elementos que consolidarían su estancia en el poder: primero, un poder político incuestionable en manos del jefe de la Junta Militar, ergo de la Nación; segundo, un aparato de seguridad todo poderoso, centralizado y fiel a las Fuerzas Armadas y por lo tanto confiable (los Carabineros); y tercero, el relativo triunfo de una política económica monetaria conservadora, creación de los únicos civiles con poder durante el régimen: los Chicago boys.

Dentro de la concentración de poder, así como de la arbitrariedad que siguió, destacaron los casos de los desaparecidos cuyas cifras varían, dependiendo de la fuente. Por ejemplo, se ha estimado en cerca de 2 mil los casos de detenciones seguidas de desapariciones practicadas entre 1973 y 1976. De ellos, 668 casos han sido documentados por la Vicaría de la Solidaridad. Se cree que el resto nunca fueron denunciados ni registrados por temor y por haberse producido los hechos en zonas rurales, por disolución de grupos familiares, etc.

Una de las amenazas y de los mensajes más claros de la Junta hacia sus oponentes se dio el 21 de septiembre. Lo más sorprendente del poder del régimen es que ni siquiera fue en territorio chileno.

“En Massachussets Avenue, Washington DC, el automóvil en que viajaba Orlando Letelier, ex Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende, y su ayudante norteamericana Ronni Moffit, estalló a consecuencia de un atentado terrorista con una bomba de alto poder colocada en el vehículo. Víctimas del crimen fallecieron Letelier y Moffit.”27




El régimen atacó grandes y pequeños blancos provenientes de todas las ramificaciones de la oposición, hasta entonces desorganizada.

No fue hasta 1980, que la Democracia Cristiana y otros grupos contrarios al régimen, volvieron a salir a la luz. Durante este año, se llevó a cabo el plebiscito en el que se consultó a la población su opinión sobre la adopción de una nueva constitución que legalizaría y consolidaría la supremacía y el poderío de la Junta Militar. Este prolongaría la estancia de Augusto Pinochet (por lo menos ocho años) a la cabeza de Chile.

A pesar del terrorismo proveniente del Estado, unos años después se sufrieron las coyunturas políticas y los cambios en el contexto internacional28 que determinarían el regreso de la sociedad civil chilena a las calles, en señal de protesta. Su reaparición sentó las bases que obligaron a la Junta a ceder ante la presión y las demandas de democracia y respeto a los derechos humanos de la sociedad, para finalmente organizar el plebiscito de 1988 en el que se preguntaba a los chilenos si querían o no que la Junta siguiese gobernando el país otros ocho años.

Sin embargo, se debe dejar claro que la transición no comenzó el 5 de octubre de 1988, día del plebiscito, cuando los chilenos gritaron “No” a través de las urnas ante la pregunta “¿quiere usted que el General Augusto Pinochet se quede ocho años más en el poder?”29.

En este ejercicio, la sociedad civil chilena que, cuando experimenta las épocas de mayor efervescencia política y social, puede alcanzar niveles de participación y de influencia muy altos, como lo demostró en las protestas que azotaron a Santiago y a las ciudades más importantes del país a principios de los 8030, salió a las calles incluyendo a personajes políticos que habían prácticamente desaparecido ante el embate opresivo durante la Dictadura, como el ex presidente Frei Montalva que movilizó sus cuadros y todo su capital político a favor del “No”.31

Todo esto se combinó con un cambio en el papel que de apoyo a la dictadura que habían tenido desde el golpe Estados Unidos de manera tácita, pero también las naciones europeas. A pesar de las condenas en foros internacionales, ninguna cortó lazos comerciales con el país sudamericano y peor aún, durante los primeros meses del golpe, al contrario de países como México (cuya labor humanitaria hacia las víctimas de los peores meses de represión es aún reconocida entre los chilenos), no hicieron nada para rescatar a los perseguidos políticos. Con su silencio contribuyeron al establecimiento del régimen.




1.3.3. La represión

Después del plebiscito de 1980, a medida que los avanzaban, el Partido Comunista se radicalizó y lanzó consignas de todas las formas de lucha. Durante esos años, y a pesar de la renuencia del régimen a aceptarlo, existía una inestabilidad generalizada en el país, no sólo en el sentir de la gente con respecto a la política, igualmente en la economía.




Se declaró estado de sitio en todo Chile, y se prorrogó, salvo breves períodos, hasta 198732, lo que significó la sustracción de la justicia ordinaria y el traspaso a jurisdicción militar de tiempo de guerra; el conocimiento y decisión de las causas por infracción a las normas del estado de sitio.

En tanto, el acceso a la educación tuvo un aumento numéricamente considerable, pero los chilenos tenían un limitado acceso a la información. Se prohibía la entrada de libros y señales de televisión “peligrosas” ya que se podría inducir al comunismo a la población y hacer de cada chileno el enemigo interno que todos evitaban y a la vez, buscaban delatar. Unos de los sectores más vulnerables fueron los jóvenes.

“al menos 80 niños de 15 años o menores murieron a consecuencia de represión violenta o de disparos directos. Jóvenes de entre 16 y 30 años representan más del 62% de las víctimas de la represión. Al menos 68 menores de edad y jóvenes figuran entre los desaparecidos. Al menos 691 niños quedaron huérfanos cuando sus padres fueron detenidos y posteriormente desaparecidos. Un 24% de los desaparecidos fueron aprehendidos en la calle y un 28.5% fueron sacados de sus propias viviendas.”33







1.4. El Contexto Internacional

En América Latina, la Democracia Cristiana tuvo mayor incidencia a partir de la década de 1990 ya que primero se gestó en Europa y se copió e intentó adaptar a la realidad latinoamericana -al igual que muchas formas de gobierno, como el caudillismo nacido en toda América Latina; la diferencia entre ellos radicó en que, al igual que en el siglo XIX, durante la consolidación de las independencias en todo el continente, corrieron por cuenta del desarrollo de las fuerzas militares en cada país. Uno de los factores comunes que se guardaron fue el liderazgo casi profético que encerraba a cada personaje en su respectivo país: los “caudillos”.

Sin embargo, las dictaduras en América Latina carecieron de

“elementos fundamentales del proyecto fascista clásico (inexistencia de partido fascista, falta de proyectos corporativistas o de organizaciones de masas para canalizar el apoyo social de una pequeña burguesía de los grupos menos concientes de la clase obrera y del campesinado), (...) [a pesar de contar con] rasgos comunes con Alemania e Italia [y por lo que se denomina a estos regímenes como dictaduras de corte fascista] de entreguerras: desarticulación de la clase obrera y las organizaciones políticas que la expresaran.”34




Si bien el corte fascista en América Latina no fue idéntico al de España e Italia, con Francisco Franco y Benito Mussolini, la influencia del catolicismo ortodoxo y férreo fue un común denominador, igual de importante para la implantación de todas las dictaduras en la región.

Otro factor básico en la implantación y desarrollo de esta nueva generación de dictaduras militares en Sudamérica fue la línea por la que se encaminaban las relaciones internacionales durante la Guerra Fría por parte de las potencias económicas y políticas, Sobretodo en el proceso de distensión entre Richard Nixon (1969-1974), de Estados Unidos, y Leonid Brezhnev (1964-1982), de la Unión Soviética.

Washington consideraba una completa traición el hecho de contemplar la negociación para resolver los conflictos entre Este y Oeste, y evitaba a toda costa una confrontación directa. La llegada de Nixon, su enorme intervencionismo en la zona capitalista del planeta, así como su absoluta renuencia a escuchar razones, fue aplaudida por los líderes de la derecha de la región.

La teoría económica neoclásica fue retomada y corregida de acuerdo con las necesidades de ese momento, en especial en sus concepciones friedmanianas, de donde deriva el neoliberalismo y los encargados de implantar dicha corriente económica: los tecnócratas. Durante la etapa referida, se formaba el nido que vería romper los cascarones de los huevos del libre mercado sin restricción alguna y el neoliberalismo crudo y avasallador que naciesen en la década de 1980, como causa y consecuencia (de manera simultánea) de la década perdida en América Latina.

El fin de la Guerra Fría no implicó, como alguna vez asumió Francis Fukuyama, “El fin de la Historia”, mucho menos la paz mundial; en su lugar, el mundo recibió de manera forzosa otro tipo de problemas relacionados con la identidad. Una vez que los países industrializados, especialmente Estados Unidos, obtuvieron todos los beneficios de las dictaduras (que ellos mismos implantaron) y a sus líderes se destronó una a una, argumentando en la mayoría de los casos la necesidad de respetar los derechos humanos.

Para finales de los 80, el proceso que dio pie al final de las dictaduras ya había iniciado; éstas cayeron en una suerte de efecto dominó. Algunas terminaron de manera más sangrienta que otras; muchas sumaron cientos de miles de muertos, principalmente civiles que poco o nada tenían que ver con las pugnas de poder desarrolladas desde las esferas más altas de las sociedades de sus respectivas naciones.




1.4.1. Los tecnócratas en América Latina

Los tecnócratas en América Latina comenzaron a dominar a partir de los 80, pero su gestación se dio con el otorgamiento de programas de becas de países desarrollados a economías emergentes para estudiantes destacados en la década anterior. El plan consistía en que éstos llegarían a ocupar importantes puestos dentro de las estructuras gubernamentales, y serían los encargados de tomar decisiones.

En América Latina, la mayoría de los tecnócratas estudiaron en prestigiosas universidades como Yale (Ernesto Zedillo, de México), Harvard (Carlos Salinas de Gortari, también de México) o la Universidad de Chicago (Hernán Büchi, de Chile). Dichos personajes, su formación y su manera de hacer política contrastaron con sus predecesores, ya que formaron la generación que siguió a los caudillos: militares de rangos medianos con gran capacidad de negociación, pero con un nivel de educación bajo.35

Como parte de esta nueva etapa se incluía la implantación de las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los países del subcontinente.

Tanto la CEPAL como la Organización de Estados Americanos (DEA) delimitaron un marco jurídico necesario para la institucionalización del poderío de Estados Unidos y la misma dependencia (la cual se analizaría más tarde en la Teoría de la Dependencia desarrollada en los 70) de los países latinoamericanos que se confirmó en la referida “década perdida”. A partir de los 80, nacieron un marco jurídico y las situaciones idóneas para que se implantase el libre mercado en América Latina, Asia y África.

Para ese periodo, las dictaduras latinoamericanas dejaron de ser funcionales; lo habían sido para aplicar mano dura y lograr controlar “por la razón o por la fuerza”36 a la población y marcar la vereda que le neoliberalismo habría de seguir en las décadas siguientes y, de esta manera, implantar un nuevo orden mundial (político y económico) que se alcanzaba a percibir ya a partir de la inminente caída del bloque soviético, pero con la inminente caída del Segundo Mundo, su mantenimiento resultaba inoperable e inútil.37

Lo que es importante destacar en este apartado es la procedencia de los recursos que financiaron tan monumental proyecto, así como la instauración de verdaderos monstruos administrativos, en los gobiernos de cada país.




1.4.2. El Nuevo Orden Internacional

El sistema global que actualmente rige las Relaciones Internacionales se basa en el conjunto de organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial. Las organizaciones mencionadas en párrafos anteriores forman parte de éste.

En este mundo, las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI, que depende de la ONU), Banco Mundial (BM) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, ahora Organización Mundial de Comercio) respondían a la cobertura de campos de relación muy específicos a necesidades de la época.

La propia concepción liberal y neoclásica inspiradora de la organización internacional ha pasado por una serie de vicisitudes que han dejado su mella en la transformación de las organizaciones tradicionales y en la creación de otras.

Estados Unidos nunca ha intervenido directamente de manera militar al sur del Canal de Panamá debido a las dimensiones de los países en Sudamérica, donde también hay una relativa fortaleza de los Estados-Nación, de acuerdo con Somovia e Insulza.38

Dichos factores propiciaron que la intervención estadounidense fuese principalmente económica (una de las tendencias del neoimperialismo, estudiado principalmente al final del siglo XX por autores como James Petras y Noam Chomsky), por medio de bloqueos económicos (como Cuba o Nicaragua), suspensión de abastecimientos esenciales, dentro de las medidas explícitas y “reguladas”,39 y finalmente, por medio de inestabilidad de la economía interna, con el fin de llegar e implantar sus empresas a manera de Inversión Extranjera Directa (IED) y arrasar con los mercados internos, una vez que la economía se estabilizara.

La inestabilidad no fue exclusiva de la economía. Durante la Guerra Fría, Washington comenzó a aplicar su política exterior de manera unilateral con los países del hemisferio, ya que se dio cuenta que de esa manera lograba un mayor control.

“Hacia finales de los años 70, los esquemas de formulación de la política norteamericana (sic) hacia América Latina comenzaron a variar como resultado de factores tanto regionales como globales.”40

Algunas de las circunstancias regionales referidas por Somovia e Insulza son Tlatelolco en México en 1968; el nacionalismo revivido por Omar Torrijos en Panamá, y su intento por recuperar el territorio del canal y la soberanía de su país, así como la independencia de ex colonias británicas en el Caribe.

En lo que a América del Sur respecta, en estos años, las relaciones con Estados Unidos se deterioraron por el nacimiento de nacionalismos expresados de diferentes maneras y niveles. Washington notó que las dificultades eran cada vez más generalizadas para lograr llevar a cabo los objetivos de su política exterior, por lo que por primera vez en varios años, los analistas del Departamento de Estado, en Washington consideraron a Sudamérica como una “región crítica”41.

En cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y Europa, se confirmó la fortaleza del primero sobre la segunda; el Plan Marshall también fue la representación iconográfica (ya que también se redactó el documento que lo avaló ante el Derecho Internacional en julio de 1947) del fin del etnocentrismo europeo reinante desde el siglo XIV. Éste también compitió contra el Plan Molotov, por parte del Ministro de Exteriores del líder soviético Josef Stalin, Vyasheslav Molotov. Ambos textos tenían como finalidad ganar terreno y adeptos en la previsible Guerra Fría y bipolarización del mundo.

Después del Plan Marshall, Europa fue el aliado por excelencia de Estados Unidos. A pesar de esto, aprovecharon la ayuda para desarrollar su propia tecnología a partir de la estadounidense.

Para 1970, la región estaba completamente recuperada y lista para seguir adelante con el proyecto de consolidación de un bloque que fuera un verdadero contrapeso para Estados Unidos en el mundo capitalista. Al mismo tiempo, gobiernos y bancos privados provenientes principalmente de Francia y Gran Bretaña42 asignaban créditos a países del Tercer Mundo para su desarrollo económico, mientras Estados Unidos enviaba sus tropas y ayuda humanitaria.43

A partir de los 80, ante el desencanto del capitalismo y la crisis mundial, los países europeos siguieron compitiendo con Estados Unidos, pero como cobradores de los créditos otorgados años atrás. Para finales de la década, la caída del Muro de Berlín simbolizó para Europa la posibilidad de ampliar un bloque que ya rebasaba la línea de la economía y comenzaba a vislumbrarse su reposicionamiento y su influencia políticos.

Por otro lado, la caída del Muro de Berlín representó también el triunfo del capitalismo sobre el comunismo y la Unión Soviética. La URSS había dejado de ser la súper potencia militar y económica; que su delimitada economía y la restringida calidad de vida de su población, llevaban ya más de 20 años deteriorándose visiblemente, a pesar de los esfuerzos del Kremlin por ocultarlo hacia el exterior.

Era sólo cuestión de tiempo para que la Unión Soviética aceptara su derrota y se uniera al juego de Estados Unidos; se refugiara en una suerte de capitalismo improvisado y formara parte del Nuevo Orden Internacional.44

Es importante recordar que en 1985, el gobierno soviético comenzó la liberalización de la política cediendo libertades a individuos y medios: la Glasnost. El proceso fue complementado por la Perestroika, cuando en 1987, el presidente soviético, Mijail Gorvachov, inició una serie de reformas económicas para adecuar la Unión Soviética a los nuevos tiempos.

El discurso del libre mercado, al igual que el de cualquier sistema económico, rebasa los números e influye en la política. El libre mercado incluye una retórica de democracia y libertad políticas que se deben de seguir, al menos hallar la manera de exponer una cierta coherencia con los hechos.




2.3. La influencia europea durante la dictadura y la transición en Chile

El Plan Marshall, posterior a la Segunda Guerra Mundial, propició que los países destrozados por la posguerra recibieran, adoptaran y aplicaran recursos y nueva tecnología proveniente de Estados Unidos que les encaminarían a la reconstrucción de sus territorios y sociedades y a un renacimiento económico que haría de Europa una especie de Ave Fénix que renacería de entre las cenizas hacia un nuevo desarrollo económico.

“Para mediados de los años 70, Estados Unidos comenzó a sentir el poderoso desafío del aumento de competitividad de otros productores del ámbito capitalista y la pérdida consiguiente de espacios para sus propios productos. Primero en los mercados mundiales y, más tarde, en los propios mercados domésticos norteamericanos. Junto con esto, la creatividad tecnología se radicó crecientemente en esos mismos países, lo que determinó una tendencia todavía más compleja para EUA.”45




Tabla 1. Participación de la Europa de los 12 en las importaciones y exportaciones latinoamericanas (cuando aún era Comunidad Económica Europea, CEE)



Importaciones procedentes de la CEE/12 en A. Latina
Exportaciones latinoamericanas a la CEE/12

1975
24%
24.1%

1980
19.7%
23.8%

1981
18.6%
22.1%

1982
18.7%
23%

1983
17.1%
22.8%

1984
15.9%
21.5%

1985
17.9%
21.5%


Fuente: Borón, Atilio, “Intereses político estratégicos de Europa en América del Sur” en Somovia, Juan y Insulza, José Miguel, Seguridad democrática regional: una concepción alternativa, Comisión Sudamericana de Paz/Nueva sociedad, Santiago, Chile, 1990, p. 111.




En 1958, la proporción de las exportaciones europeas a la región latinoamericana representaba 9.9% del total46, 25 años después, en 1983, nuestra región apenas atraía 3.6% de las exportaciones de la Comunidad Económica Europea (CEE),47 poco más de la tercera parte del inicio. Por otro lado, el peso de las importaciones de la CEE procedentes de América Latina descendió de 11.1 a 6.2%.48

Entre 1980 y 1985, se abrió una brecha en relación exportación/importación entre América Latina y Europa que comenzó con casi la cuarta parte del total de las importaciones europeas en América Latina y 24.1% del total de las exportaciones latinoamericanas, las cuales iban destinadas a Europa. Lo que mutó gradualmente hasta llegar a 17.9 y 21.5 puntos, respectivamente, en 1985 (Tabla 1).

Para 1985, el comercio intracomunitario excedía 50 por ciento.49 En este sentido, las políticas proteccionistas aplicadas en Europa, que contradicen el libre mercado que los países de este bloque promueven, han demostrado una eficacia innegable,

“toda vez que ellas han reducido las posibilidades de incrementar las exportaciones latinoamericanas o de aumentar aquéllas de mayor valor agregado. Es así que a la lista de productos tradicionalmente protegidos -como la carne, el azúcar y el café- se han agregado mecanismos discriminatorios en contra de nuestras exportaciones de calzados, textiles, artículos de cuero, acero, etcétera”50




Europa siempre mantuvo lazos políticos y comerciales con la región. Francia fue un gran crítico retórico del régimen de Pinochet, al tiempo que, como ya se mencionó, lo abastecía de armamento. Este mismo país, sigue efectuando pruebas nucleares en el Pacífico Sur y mantiene una base espacial en la Guyana. Por otro lado, Gran Bretaña también mantuvo grandes inversiones en los sectores minero y agropecuario en Chile, que incluye a la industria alimenticia, pero también la forestal.

Por otro lado, Alemania se ha mostrado más interesada en el sector energético, y España, a pesar de estar en pleno periodo de recuperación (después del franquismo y el intento de golpe de estado de 1981), parecía ya curiosa también en el sector energético, pero sobretodo en el financiero y en el de telecomunicaciones.




“Si bien existe una cierta propensión a caer en exageraciones en este terreno, en el sentido de que nuestro continente tendría un carácter ‘vital’ para la seguridad europea, lo cual es patentemente falso; el extremo opuesto no es menos engañoso: no es cierto que el destino de América Latina sea irrelevante para la paz y seguridad de Europa”51.




Por medio de la reflexión anterior, Borón invita a ser realista; el analista remarca que, en cuestión de seguridad regional y de influencia política y económica, Europa estaba mucho más al pendiente del acontecer africano que del latinoamericano, ya que, geográficamente, era más fácil y últil.

Sin embargo, para nosotros, como latinoamericanos -especialmente en países como Brasil, Argentina y Chile, que están más alejados de Estados Unidos, y no han llegado a depender económicamente de éstos tanto como México, y donde además, el flujo migratorio de inmigrantes europeos fue mayor en el siglo pasado-, el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con Europa era necesario a corto y largo plazo para lograr tener un contra peso y disminuir nuestra debilidad como esfera inmediata de Washington.

Chile ha logrado dar ese paso desde hace ya varias décadas. Vio esta oportunidad con la migración masiva del periodo de Entre Guerras y después de la Segunda Guerra Mundial. Cabe remarcar el papel de los bancos europeos en el endeudamiento antes y durante la dictadura. Aproximadamente 365 billones de dólares que constituían la deuda externa de América Latina en 1986, entre de 120 y 150 billones eran adeudados a bancos europeos. 52

En el caso exclusivo de Chile, la deuda externa pasó de casi 4 billones de dólares en 1970 a 20 billones en 1982 con Pinochet. Lo que significaba una cómoda renta y un acuerdo tácito de apoyo mutuo entre los países industrializados y el gobierno que se comprometió a pagar elevadísimas tasas de interés.

“[D]urante el gobierno de Allende la deuda externa sólo aumentó en un poco más de 100 millones de dólares, de 3.886 millones en 1970, al término del gobierno de Frei, a 4.000 millones. Doce años después, bajo la dictadura militar de Pinochet, la deuda externa se empinaba a una cifra superior a los 20.000 millones de dólares. (…) El apogeo del flujo de capital-dinero, expresado en la oleada masiva de préstamos, se produjo en el quinquenio 1975-80, con tasas de interés que subieron del 2% en 1970 al 6% en 1980, llegando en algunos casos al 10%.”53




La descendencia de estos inmigrantes, así como los intereses que estas naciones tenían en Chile, propiciaron que los gobiernos europeos se taparan los ojos al no denunciar de manera oficial los atropellos a los derechos humanos. En la actualidad, hay un enorme problema por la falta de compromiso de las potencias a cumplir sus responsabilidades jurídicas ante el Derecho Internacional por la falta de coerción, si lo único que se hizo fue hablar y no redactar ninguna acción real para detener a Pinochet, queda muy claro que en verdad no se buscaba detener al régimen, hasta que comenzase a ser incómodo para éstas, lo que sucedió en 1989.54

1Ianni, Octavio, “El Estado y la cuestión nacional” en González-Casanova, Pablo (coord.), El Estado en América Latina, tercera edición, Siglo XXI/UNU, México DF, 2003, pp. 150, 152.

2 Los Chicago Boys fue un grupo de economistas que estudió en la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, siguiendo las líneas teóricas de Friederick Von Hayek y Milton Friedman, principalmente. Esta escuela se caracteriza por una doctrina en la que las fuerzas económicas de la oferta, la demanda, inflación y desempleo, se consideran inmutables como las leyes de la naturaleza, por lo que cualquier intervención por parte del Estado para regularlas se convierte en una distorsión al curso natural de la economía.

3Esta universidad es la que mayor influencia tuvo en la reestructuración de la economía chilena durante la dictadura y la implantación del modelo neoliberal, a modo de efecto dominó, en los países de América Latina. Este centro influyó en el desarrollo de la economía en todo el mundo. Es importante remarcar que en sus aulas han dado cátedra más de seis premios Nobel en ciencias económicas en los últimos 30 años.

4Garretón, Manuel A., Sosnowski, Saúl, et. al., Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile, Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile, 1993, p. 42.

5 “Las elecciones legislativas de 1969 habían sido, básicamente, una prueba de popularidad para la Democracia Cristiana después de cuatro años de gobierno. [El partido fue] desplazado por una izquierda que se mostraba insatisfecha con las reformas económicas sociales y una derecha que no sabía cómo reaccionar ante el temor de más cambios estructurales.” (Traducción libre) Veáse Caviedes, César, Elections in Chile: the Road Toward Redemocratization, Lynne Rienner Publishers, Londres, Reino Unido, 1991, p.16.

6Ibid., p. 46.

7Caviedes, op. cit., p. 75.

8 Llama la atención el papel de las mujeres en los patrones electorales de Chile desde que se les concedió el derecho a votar. “Women have repeatedly proved that voting patterns in Chile cannot simply be explained in terms of class cleavages, with the right representing the upper class, Christian Democracy and other centrist parties being to heaven of the middle-class, and the socialist and communist parties the only ‘popular’ option”. (Traducción libre: Las mujeres han comprobado en repetidas ocasiones que los patrones de voto en Chile no pueden ser explicados simplemente a través de enclaves de clase, con la derecha representando a las clases más altas, la Democracia Cristiana, y otros partidos de centro, a las clases medias y con los socialistas y comunistas siendo las únicas opciones ‘populares’). Véase Caviedes, César, op. cit, p. 119.

También es importante notar que el mismo autor asegura que los partidos de izquierda se aislaron ellos mismos al rehusarse a ver el valor cuantitativo del voto femenino al publicitarse con eslóganes sexistas como el decir que los partidos reformistas no eran para “hombres de verdad” sino para “mujeres” y “curas”.

9 Maira, Luis, Autoritarismo: democracia y movimiento popular, CIDE, México DF, 1984, p. 150.

10Katz, Claude. Chile bajo Pinochet. Colección: Crónicas, Ed. Sudamericana, Santiago de Chile, 1975, p. 15.

11 Anexo

12 Arriagada, op. cit., p. 27.

13 Loveman, Brian, Chile: The legacy of Hispanic capitalism, tercera edición, Oxford University Press, New York, EUA, 2001.

14 Arriagada, Genaro, Por la razón o por la fuerza: Chile bajo Pinochet, Santiago, Editorial Sudamericana, Chile, 1999, p. 26.

15 Véase Maira, Luis, “El estado de seguridad nacional en América Latina” en González-Casanova, Pablo (coord.), El estado en América Latina, tercera edición, Siglo XXI/UNU, México DF, 2003, pp. 108-130.

16 Espinosa, Juan G. Democracia económica: la participación de los trabajadores en la industria chilena, 1970-1973. Fondo de Cultura Económica, México 1984.

17 “A pesar de la importancia de la complicidad de Estados Unidos en la tragedia del 11 de septiembre de 1973, y a pesar del impacto en la economía mundial, el factor más crítico que concluyó la caída de la administración de Allende fueron las malas políticas -la derrama de una retórica revolucionaria sin la suficiente fuerza para impulsar un programa revolucionario- que produjo una crisis política y económica. Las malas políticas que evitaron coaliciones y compromiso [mutuo] con la Democracia Cristiana, los pequeños comerciantes, los camioneros, los beneficiados de la reforma agraria de Frei. En resumen, contando a los elementos del extracto medio, a la clase trabajadora y a los campesinos, que no tenían nada que perder y mucho que ganar combatiendo monopolios económicos y corporaciones extranjeras (...) [Allende también fracasó] al perseguir una ilusión que amenazaba el estilo de vida de amplios sectores de la población”. Traducción libre para esta investigación. Véase Brian Loveman, op. cit., pp. 308-309.

18 Arriagada, op. cit., pp. 44 y 56.

19Adler Lomnitz, Larissa y Melnick, Ana, La cultura política chilena y los partidos de centro, Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile, 1998, p. 140.

20Ver, Selser, Gregorio. Salvador Allende y Estados Unidos: la CIA y el golpe militar de 1973. Universidad Autónoma de Puebla, Puebla 1987; Samuel León (comp.). La prensa internacional y el golpe de Estado chileno. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudios Latinoamericanos, 1976

21 Rojas, María Eugenia. La represión política en Chile: los hechos. Iepala Editorial. Madrid, España, 1988.

22 El golpe de 1973 suspendió el orden constitucional emanado de la Constitución Política de 1925, lo que dio inicio a la discusión respecto a un nuevo documento que no sería aprobado hasta 1980.

23 Ibidem, p. 171.

24 Arriagada, Genaro, Por la razón o por la fuerza: Chile bajo Pinochet, Santiago, Editorial Sudamericana, Chile, 1999, p. 159.

25 Maira, op. cit., p. 156.

26 Traducción libre: La Junta exilió a Renán Fuente Alba -senador en receso y ex presidente del Partido Democracia Cristiano- por declarar públicamente que ésta había violado y seguía violando derechos humanos reconocidos internacionalmente. Véase Caviedes, op. cit., p. 28.

27 Arriagada, op. cit., p. 89.

28 La recuperación económica del mundo occidental, el agotamiento del bloque comunista así como su predecible e inminente caída y el Nuevo Orden Internacional que ésta traería al Planeta.

29 En realidad, la boleta de votación encerraba muchas más interrogantes y respuestas; no más violación a los derechos humanos; no más aislamiento de los chilenos marginados que quedaban cada vez más rezagados; no más violación de derechos; no más abolición de instituciones sociales; no más violencia y terrorismo de Estado; no más miedo. En resumen: no más Pinochet.

30 Véanse Katz, Claude, Chile bajo Pinochet, Colección: Crónicas, Santiago, Chile: Ed. Sudamericana, 1975; Garretón, Manuel A., Sosnowski, Saúl, et. al., Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile, Fondo de Cultura Económica, Santiago, Chile, 1993; y Arriágada, Genaro, Por la razón o por la fuerza: Chile bajo Pinochet, Santiago, Editorial Sudamericana, Chile, 1999.

31 Los resultados del plebiscito arrojaron 68 por ciento a favor de la permanencia del régimen y de la puesta en vigor de Constitución de 1980 y 42 por ciento que pedía el “No” (para mayor referencia, véase Caviedes, César, Elections in Chile: the road toward redemocratization, Lynne Rienner Publishers, Londres, Reino Unido, 1991, p.43).

En las urnas se dijo “No” a Pinochet, no a la nueva constitución, no a la dictadura y no a la crisis económica que disparó el número de pobres de 28.5 por ciento del total de la población en 1969 a 56.9 por ciento en 1976 y que redujo la remuneración de los salarios de 43.7 por ciento del PIB en 1970 a 39 por ciento del PIB en 1975 a 38.1 puntos porcentuales en 1980 (para ver más cifras relacionadas con el tema, véase Olave Castillo, Patricia, Chile: neoliberalismo, pobreza y desigualdad social, IIES (Instituto de Investigaciones Económicas)/ UNAM/ Miguel Ángel Porrúa Editor, México DF, 2003, pp. 133-135). El plebiscito fue legal, pero distaba mucho de ser legítimo; electoral pero no democrático. No reflejó el sentir de los chilenos, hecho que se analizará en el capítulo 5 del presente trabajo.

32 De camino al plebiscito y ante una gran efervescencia social y política, reflejada en la creación de organismos como el Comité de Elecciones Libres (CEL), con respaldo del partido Democracia Cristiana, Comité Operativo de Partido por las Elecciones Libres (COPEL), respuesta de Acción Democrática (AD) al mismo CEL y por último el Comité de Izquierda por las Elecciones Libres (CIEL), las cuales “iniciaron negociaciones para, manteniendo el funcionamiento de los tres organismos, crear un mecanismo ejecutivo común (…) , a comienzo de septiembre [de 1987] una misma persona asumió la función de Secretario Ejecutivo común”, véase Arriagada, op. cit., p. 45.

33Ibidem, p. 105.

34 Maira, 1984, op. cit., p.161.

35En el caso de Chile: Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931 y 1952-1958) no tenía mayor preparación que la militar. No fue hasta el gobierno de Juan Esteban Montero que Chile tuvo un presidente con estudios superiores al bachillerato y que no fuese militar. En este lapso del siglo XX, Chile sufrió una enorme inestabilidad política pasando por varios presidentes provisionales. Como notamos, se regresó al status quo del caudillismo con la dictadura de Ibáñez del Campo. Después de este segundo periodo en el poder, volvieron los civiles con Jorge Alessandri, quien también contaba con estudios universitarios habiendo cursado la carrera de ingeniero civil en la Universidad de Chile, le siguió Eduardo Frei Montalva, también profesionista, y después le sucedió Salvador Allende, quien sólo cumplió la mitad de su periodo y fue expulsado por los militares. Esto significa que, durante la segunda mitad del siglo XX, Chile fue gobernado por militares por unos 22 años. Una suerte similar tuvieron países como Argentina y Brasil con recurrentes intervenciones militares que les llevaban a dictaduras igual de férreas que las de Chile.

36A pesar de que ésta es una frase representativa de Pinochet y la Junta Militar, su sentido y determinación podría aplicarse a todas las dictaduras contemporáneas en la región.

37Regresando a Fukuyama, quien es conocido por haber escrito el controvertido libro El fin de la Historia y el último hombre (1992), en el que expone que la Historia como lucha entre ideologías había concluido, tal como se ha repetido en diversas ocasiones a lo largo de esta investigación, con la caída del bloque soviético. Y a su vez, había comenzado un mundo basado en la política y economía liberal, ambas impuestas a las utopías tras el fin de la Guerra Fría.

Fukuyama tomó como referencia a Hegel, y se afirmó que el motor de la Historia, que es el deseo de reconocimiento, se había paralizado con el fracaso del régimen comunista, el cual, a la vez, demostraba que la única opción viable era el liberalismo democrático. Por lo tanto, las ideologías ya no eran necesarias, ya que fueron, según el autor, sustituidas por la Economía. Estados Unidos sería, irónicamente, la única realización posible del sueño marxista de una sociedad sin clases.

Al respecto, Santiago Ramentol, ironiza el Fin de la historia propuesto por Fukuyama: “Si ése es el fin de la historia, ¡apaga y vámonos!”. Véase Ramentol, Santiago, Teorías del desconcierto, Tendencias, Barcelona, España, 2004.

38 Somovia, Juan y Insulza, José Miguel, Seguridad democrática regional: una concepción alternativa, Comisión Sudamericana de Paz/Nueva sociedad, Santiago, Chile, 1990, pp. 7-20.

39 Las cuales nunca se aplicaron al gobierno autoritario de Pinochet, siendo que la mayoría de éstas fue llevadas a cabo en búsqueda de la paz social, el bienestar de la población y principalmente como manera de presión para que la democracia reinara en los países del continente Americano.

40Maira, Luis, “Intereses político-estratégicos de Estados Unidos en América del Sur”, en Somovia, Juan y Insulza, José Miguel, Seguridad democrática regional: una concepción alternativa, Comisión Sudamericana de Paz/Nueva sociedad, Santiago, Chile, 1990, p. 49.

41 Hobsbawm, Erick, Historia del siglo XX, tercera edición, Crítica, Barcelona, España, p. 350.

42Cabe destacar que según Víctor Urruquidi, de aproximadamente 365 billones de dólares que constituían la deuda externa de América Latina en 1986, entre de 120 y 150 billones se debían a bancos europeos.

43 Ibidem, p. 500.

44 Ibidem, p. 510.

45 Somovia, et. al., op.cit., p.58.

46Filgueira, Carlos, “La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase, estratificación y movilidad social en América Latina”, Serie Políticas Sociales, número 51, CEPAL, Santiago, Chile, 2004.

47 Ibidem.

48 Ibidem.

49Borón, Atilio, “Intereses político estratégicos de Europa en América del Sur”, en Somovia, Juan y Insulza, José Miguel, Seguridad democrática regional: una concepción alternativa, Comisión Sudamericana de Paz/Nueva sociedad, Santiago, Chile, 1990, pp. 111-112.

50 Ibidem, p. 113.

51 Ibidem., p. 116.

52 Toussaint, Eric, “Briser la spirale infernale de la dette”, en Le Monde Diplomatique, Paris, Francia, Septiembre 1999.

53 Vitale, Luis, La deuda Externa en Chile entre 1822 y la década de 1980, 1995. Disponible en http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/filosofia_y_humanidades/vitale/obras/sys/bchi/b.pdf consultado el 9 de diciembre de 2007 a las 21:46.

54Al respecto, vale la pena tomar en cuenta el enfoque dado en la película “The Black Pimpernel” (Suecia, 2007) dirigida por Asa Faringer y Ulf Hultberg, basada en la historia de Harald Edelstam, embajador sueco en Chile durante el golpe de Estado de la Junta Militar. En el mismo largometraje, se incluye una entrevista donde Edelstam denuncia la pasividad de Europa ante las violaciones de los derechos Humanos y su doble discurso.